Perseguidos en Estados Unidos y criminalizados en su tierra, es la realidad de centenares de emigrantes y jornaleros oaxaqueños –y mexicanos en general–, pues tanto en su ida como en su regreso son vejados, humillados y extorsionados por servidores públicos de su propio país y autoridades de la nación vecina.
César Aguirre, presidente de la Federación de Migrantes Oaxaqueños del Noroeste (Femiono) y empresario oaxaqueño radicado en Nueva York, Estados Unidos, señaló que tan sólo el año pasado se interpusieron ante el Consulado Mexicano de aquella ciudad más de 100 denuncias en contra de servidores públicos mexicanos por abusos, extorsión, intimidación e incluso robo.
Así, en medio de la polémica Ley antiinmigrante S1070, en Arizona, la persecución de los migrantes mexicanos, realizada por sus propios connacionales, es incluso más cruel, humillante y denigrante que la que se vive en Estados Unidos, afirmó César Aguirre.
“Nos vamos y sufrimos no sólo la tristeza de dejar nuestra tierra, también sufrimos la violencia y el maltrato. Cuando regresamos, es lo mismo; nuestra misma gente nos extorsiona, nos asalta”, expuso.
Sostuvo que en Mc Allen y en Reynosa es en donde se registran los mayores abusos en contra de los migrantes, cometido por los agentes aduanales. En los aeropuertos, el abuso es de los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Sin embargo, ante el desconocimiento o el temor de los migrantes oaxaqueños, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), sólo se tiene registrada una queja formal en contra de elementos de la PFP por intento de extorsión.
“¿A quién podemos recurrir si vemos que la propia autoridad está involucrada con la delincuencia organizada?”, cuestionó.
Indicó que debido a la crisis económica originada en Estados Unidos, muchos migrantes decidieron regresar a México de forma definitiva. Al realizar las mudanzas a su país, abundó, los migrantes eran obligados a pagar impuestos por ello.
“Este problema no es de los estados fronterizos o de los estados de donde parten los migrantes, es un problema de la Federación porque no ha sabido crear las fuentes de empleo que se necesitan para satisfacer la demanda de sus ciudadanos, y tampoco ha sabido proteger los derechos de sus ciudadanos. Esto es lamentable porque se pasa por encima de los derechos consagrados en la propia Constitución Política”, fustigó.
Lo grave, sostuvo, es que esta intimidación también aplica para los servidores públicos defensores de los derechos humanos, quienes en ocasiones tienen que acompañar a los migrantes afuera de la zona federal (el aeropuerto) para que no sean víctimas de abusos o extorsión.
Es por eso que las revisiones improcedentes y la intimidación son una clara violación de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Ley Interna de la PFP, manifestó.
