“Aquí no es necesario robar, lo que hay que hacer son negocios”, señalaba indulgente el titular de un organismo ejecutor de obra pública, para mostrar que él no caía en tentaciones.

Y cierto, al amparo del poder se hacen múltiples negocios y se constituyen empresas con prestanombres a las cuales se “contrata”.

Eso, simple y llanamente es corrupción, pues es prohibida por la ley, se juega con información privilegiada, con la facultad de asignar obras y montos, con recursos del erario.

Insensibilidad de funcionarios como aquél lleva a que, mientras en colonias y comunidades no hay agua potable, en sus frigobar no puede faltar Evián, el agua francesa embotellada, bebida de moda del sexenio que fenece.

La sociedad oaxaqueña tiene por ello una queja reiterada: la corrupción de las autoridades. Desde las municipales, hasta los oficiales del Registro Civil y los recaudadores de rentas.

Y las autoridades municipales se quejan de los delegados de Gobierno, los funcionarios del Coplade y de otras dependencias. Una corrupción alentada y prohijada desde los más altos niveles gubernamentales.

Por eso, ante la cauda de nuevos ricos que surge cada sexenio; los fraudes en la obra pública; las “mordidas” y “comisiones” que se piden en cualquier trámite, hay una exigencia de acabar con la corrupción, transparentar las acciones de gobierno y exigir la rendición de cuentas.

Pero, la corrupción y la resistencia de los gobiernos a transparentar su actuación son un mal nacional.

Recientemente, comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), instituciones académicas y de la sociedad civil, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y FUNDAR, denunciaron embates del Gobierno federal contra la transparencia y para acotar la actuación del IFAI.

Si en el plano nacional se presentan esos problemas, en Oaxaca las cosas están peor. Una situación que deriva de un problema de origen: la evidente subordinación al Ejecutivo de los comisionados del IEAIP –Instituto Estatal de Acceso a la información Pública– y un marco legislativo diseñado para garantizar la opacidad.

El IEAIP presentó hace algunas semanas “Transparencia en Oaxaca 2008-2010”, publicación que contiene resultados de evaluaciones sobre el tema. En todas, Oaxaca sale mal librado; la justificación es que esos estudios se realizaron entre 2008 y 2009, cuando el IEAIP estaba por iniciar o empezaba sus funciones.

De 2010, sólo mencionan la evaluación de Política digital a portales de Internet, que ubica a Oaxaca en ¡tercer lugar! Muchos nos preguntamos qué evaluaría esa consultora, pues sus resultados no resisten la más mínima prueba.

Más serio es el estudio de a-regional, que ubica a la entidad como transparencia alta respecto a la legislación y la información presupuestal; media, en cuanto a la información en los portales y el desglose del uso de recursos públicos por partidas y proyectos; y baja, por no contar con un sistema de indicadores de gestión del quehacer gubernamental.

Esos son los resultados que se resaltan. Sin embargo, de la autonomía de los órganos garantes, calidad de la información y eficiencia en las respuestas, hay dos estudios de relevancia: el Monitoreo al derecho al acceso a la información y la actuación de los institutos de transparencia, coordinado por Alianza Cívica y la Unión Europea en 2009, y la Métrica de Transparencia 2010, realizado por el CIDE (www.metricadetransparencia.cide.edu). Ambos son omitidos por el IEAIP.

En Métrica de la Transparencia 2010 (en la publicación del IEAIP consideran un estudio del mismo nombre, pero del 2007), Oaxaca aparece en el lugar 29 en cuanto a portales se refiere; 24 ante el ejercicio de un usuario simulado; 25 en normatividad.

Sólo en capacidades institucionales queda en el 11. En promedio ocupa el lugar 22, muy lejos siquiera de la media que garantice una regular protección del derecho a la información.

El estudio de Alianza Cívica, realizado entre 2008 y 2009 por investigadores del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, devela que el organismo encargado de salvaguardar el derecho al acceso a la información, el IEAIP, es el principal obstáculo para su ejercicio.

Además, escudriña a fondo los problemas de la transparencia en Oaxaca. La Ley de Transparencia si bien tiene avances, al tiempo establece candados para garantizar la opacidad.

Esencial, es que la autonomía del IEAIP es mera ficción, dado que el procedimiento y los requisitos para nombrar a los comisionados están diseñados para garantizar la subordinación al ejecutivo.

Instancias internacionales y estudios sobre el tema recomiendan que los comisionados del órgano garante no deberían haberse desempeñado como titulares de los sujetos obligados, dirigentes de partidos políticos, candidatos a puestos de representación popular u ocupado estos cargos, por lo menos tres años anteriores a su designación.

Entonces, qué independencia puede tener el presidente del IEAIP, Genaro Vásquez Colmenares, si cuatro meses antes de su nombramiento era diputado local, cargo al que llegó por el Partido Convergencia, pero su historia servil hacia el Ejecutivo y el PRI es conocida.

Además, en noviembre de 2008 (a él lo designaron en el IEAIP en marzo de 2009), le otorgaron un fiat notarial, justo uno de los procedimientos más obscuros de la administración estatal.

Raúl Ávila Ortiz, fue candidato del PRI a presidente municipal en Tehuantepec en octubre de 2008, después de una lista de cargos al servicio del Gobernador.

Alicia Aguilar Castro era titular de la Casa de la Cultura (uno de los sujetos obligados) hasta antes de su nombramiento como comisionada, además de sus lazos familiares con un cercano colaborador del gobernador: Raúl Castellanos. La subordinación de los comisionados al gobernador Ulises Ruiz está fuera de duda.

Así, la autonomía del IEIP está cancelada. De ahí deriva el tortuguismo en atender las solicitudes de información y el desahogo de los medios de impugnación, en que se hacen a un lado los tiempos legales.

La información es clasificada como reservada, a criterio del titular de la dependencia u organismo que se trate. Hay imposibilidad de aplicar sanciones, pues debe aplicarse la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y ésta no ha sido reformada para contemplarlas.

La disposición de que sólo los municipios con más de 70 mil habitantes son sujetos obligados; la falta de servicio civil de carrera y exámenes de oposición para los directivos; el maquillaje de la información publicada en los portales, que se evidencia al escudriñar los datos, son otros obstáculos.

Son estos los obstáculos más visibles, pero no los únicos para la transparencia. Una relación pormenorizada de estos artilugios se puede ver en www.alianzacivica.org.mx

El gobernador Ulises Ruiz Ortiz ha anunciado que presentará una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia. Hay que estar alertas. En los últimos años se ha modificado la legislación con un discurso democrático, pero que conlleva un fortalecimiento autoritario.

Y la Legislatura no hace sino aprobar cambios legislativos para proteger los intereses y la opacidad del grupo que en diciembre abandonará el poder.

A escasas semanas de que terminen su gestión, no otra cosa se puede esperar del gobernante y sus subordinados en el Congreso y el IEAIP.

El 4 de julio los oaxaqueños votaron también por acabar con la opacidad y corrupción. El reto es no quedar en ese sufragio emitido.

Es menester construir una cultura democrática, una madurez institucional y un entramado legislativo que atienda esta problemática. Y esa, es responsabilidad de todos.

vicleonjm@hotmail.com

(*) Investigador del IISUABJO.