Derechos indígenas y reforma política


En una carta dirigida a Pancho Villa, Zapata escribió:

“La ignorancia y el oscurantismo de los tiempos no han

producido más que rebaños de esclavos para la tiranía”

A RESERVA.- Este 10 de abril, hace 92 años, las fuerzas militares carrancistas asesinaron cobardemente a Emiliano Zapata Salazar, a los 40 años de edad; campesino originario de Morelos, jefe del Ejército Libertador del Sur, quien proclamó el Plan de Ayala, con la premisa “Libertad, Justicia y Ley“, en el que desconocía al gobierno de Madero por sus acuerdos con el ejército porfiriano y exigía la devolución de las tierras a los pueblos y la dotación de los ejidos a las poblaciones que no los tuvieran.

Este plan se convirtió en la bandera del agrarismo mexicano e icono de la autonomía de los pueblos indígenas, que aún persiguen con inusitada esperanza el reconocimiento de sus espacios, sus culturas y el derecho justo y libertario de vivir dignamente en sus costumbres y tradiciones, el respeto de los gobiernos que atentan con acciones y omisiones contra sus derechos colectivos y sus territorialidades.

A mediodía de esta fecha conmemorativa se inauguró la Casa Museo Cultural de la Nación Triqui “Heriberto Pazos Ortiz”, pronunciándose “por continuar la lucha contra la corrupción, la represión y la arbitrariedad; por cambiar el sistema de opresión, hambre y miseria que nos humilla, pero ya basta, con nuestra cultura, con nuestra historia expresamos lo que somos, un pueblo que resiste y se rebela ante tanta injusticia”.

Fue Juan Domingo Pérez Castillo quien en el evento inaugural expuso el rezago social y económico que padecen en sus comunidades, por falta de atención de los gobiernos, tanto el de antes como el de ahora, “que si bien es cierto el actual gobierno se ha acercado a escucharlos no se ha resuelto su escasez de obra pública, servicios y sobre todo en el rubro de educación y salud””, y abundó que se ha mantenido a sus pueblos en un atraso criminal, pues son los niños y niñas quienes se ven siempre más afectados, sin expectativas reales de resolver su situación.

Por último, informó sobre la marcha de más de 40 mil indígenas triquis que desde Telixtlahuaca venían en camino hacia la capital en protesta, pidiendo también el esclarecimiento del asesinato de su dirigente Heriberto Pazos Ortiz.

Emelia Ortiz García, mujer triqui, con absoluta claridad, informó indignada que las causas que han venido dividiendo a su pueblo han sido ocasionadas por los gobiernos pasados –con ocupaciones militares y paramilitares, cooptaciones perversas, abusos e intervenciones en su sistema social, económico y político, secuestros y violaciones de mujeres, destrucción de viviendas y asesinatos–.

Recordó que el 7 de julio de 2007, hace casi cuatro años, sus primas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez fueron secuestradas y a la fecha no se sabe nada de ellas, la Procuraduría de Justicia del Estado mantiene el asunto archivado.

Igualmente impune resultan, por falta de investigación, los asesinatos cometidos hace tres años de Felícitas Sánchez y Teresa Bautista, locutoras triquis de la radio “La voz que rompe el silencio”, del municipio autónomo de San Juan Copala.

La impunidad continúa, dijo Emelia, el nuevo gobierno de Gabino Cué no se atreve a castigar a los responsables de los crímenes cometidos durante la tiranía de Ulises Ruiz Ortiz.

Para ilustrar con claridad el tema de los derechos indígenas, cito al catedrático José Luis Cuevas Gayoso, de la Universidad Veracruzana, que nos lleva a revisar la legislación mexicana al respecto, su vigencia y su eficacia.

El primer antecedente que se tiene de la inclusión formal de preceptos que atañen a lo indígena, a nivel constitucional, es la adición al Artículo 4º en 1992.

Se refiere al reconocimiento de la naturaleza pluricultural de la nación, “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, adoptando dos importantes disposiciones: la protección y el desarrollo de las lenguas indígenas, de sus culturas, usos, costumbres, recursos y formas de organización social y también al “efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, incluyendo la garantía de que en los juicios agrarios se tomaran en cuenta “sus prácticas y costumbres jurídicas”.

La reforma constitucional en el año 2000, la más reciente, modifica el Artículo 2º y tiene como antecedente el movimiento social iniciado en el estado de Chiapas, la “marcha zapatista” consistente en el recorrido que hiciera el EZLN a la capital del país, donde fueron recibidos por un grupo de legisladores, quienes escucharon sus propuestas relativas a la reforma en materia indígena.

El referido artículo 2º contempla dos referentes respecto de los derechos indígenas. El primero es sobre lo que pueden hacer, desde el reconocimiento formal de su autodeterminación y autonomía, como las acciones de convivencia social y política interna; conservar y preservar sus expresiones culturales, siempre dentro la jurisdicción del Estado y el principio de indivisibilidad.

El segundo, referente a lo que debe garantizarles el Estado, mediante acciones de gobierno de la Federación, Estados y Municipios a partir de la igualdad de oportunidades de los indígenas y la eliminación de cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos en los rubros de desarrollo regional, escolarización y educación, servicios de salud, participación de las mujeres, medios comunitarios de comunicación, crecimiento productivo, fortalecimiento económico sustentable, políticas migratorias y derechos humanos, así como promover la difusión de sus culturas.

Existe una norma constitucional federal y local, así como la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, ordenamiento reglamentario de las acciones y políticas del Estado.

Entonces, es claro que hace falta voluntad, disposición y cumplimiento irrestricto de la ley por las instancias de gobierno.

Es cierto, el Gobernador de la paz y el progreso dirige sus esfuerzos a promover su imagen desvergonzadamente, que pasa por encima de los derechos y demandas indígenas, como sucedió el mismo domingo, cuando interceptó la marcha triqui, pretendiendo usurpar el liderazgo y las causas de los indígenas con el argumento chapucero de refrendar la vocación de su gobierno en favor de los campesinos, para atender las demandas sociales de esta organización y para hacer un homenaje al dirigente del MULT.

Por supuesto, aprovechó con descaro insulso, la ocasión para una vez más hacerse promoción sobre la autoría de la ya famosa e histórica reforma del Estado, reforma por demás cuestionada por organismos civiles como Educa, A.C., que entre otras cosas señaló –en un comunicado– que resulta contradictorio que mientras en el Plan Estatal de Desarrollo los pueblos indígenas son un eje central, éste no tiene ninguna relevancia en la reforma aprobada.

Sobre la reforma también se ha pronunciado el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, condenando al Congreso local y al gobierno de Gabino Cué por imponer normas que violentan sus derechos.

Reafirman que la reforma de referencia –que pretendía ser democrática– se haya realizado a través de métodos antidemocráticos, ya que no ha existido ningún tipo de consulta a los pueblos, tal como se establece en diversos instrumentos internacionales.

Además, todo ello ha ocurrido a espaldas de la sociedad oaxaqueña, “ya que no se han abierto los espacios para que podamos dar nuestra voz y nuestro pensamiento, cuestión que ahora se pretende allanar con un despliegue mediático ofensivo e indignante en una entidad donde reina la pobreza y la marginación”.

Argumentan que utilizarán los medios legales a su alcance para impugnar las modificaciones constitucionales, en defensa de sus derechos, así como controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recurrirán a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (Comunicado del 7 de abril de 2011).

El gobernador Gabino Cué esta vez tampoco se ajusta a los patrones de un estado democrático de derecho. Debe saber que los pueblos indígenas son la base de la permanencia cultural de las comunidades, las cuales no son un accidente histórico, sino la base misma de las actuales culturas de México y de Oaxaca, territorio en el que usted llama al Ejército para realizar tareas que le corresponden a las autoridades civiles, reprimiendo precisamente a esas comunidades, lo ha hecho antes y también ahora.