La coyuntura de la alternancia en el Gobierno del Estado de Oaxaca es una oportunidad de reflexión y crítica de los alcances para tratar de ir más lejos.

Los rezagos políticos y sociales son muchos y no es momento para detener la marcha ni mucho menos para complacencias ni festejos con lo ya logrado. Es una oportunidad para replantear la agenda para la democracia.

De entrada, es importante considerar que el movimiento social abrió el camino de la alternancia; un camino al que se están sumando ciudadanos sin afiliación partidista, que comparten el hartazgo ante el autoritarismo, el rechazo al abuso de poder, la corrupción y a la repetición de lo mismo.

Se trata de un proceso que adquiere más visibilidad no sólo en Oaxaca, sino en todo el país.

Un movimiento amplio de ciudadanos que sigue abriendo la coraza del autoritarismo para reclamar espacios de decisión en diferentes trincheras, niveles y localidades; una de sus expresiones es la mega marcha del pasado 8 de mayo que culminó en el Zócalo de la Ciudad de México, con réplicas en varias ciudades del país en contra de la guerra del Gobierno federal desorganizado y el crimen organizado.

Además, inscritas en una amplia constelación de movimientos, las diversas batallas que ocurren en Oaxaca, por pequeñas o localistas que parezcan, no se pueden desdeñar.

Tan relevante es la defensa de los pueblos contra la explotación de la mina de San José del Progreso, como la lucha de la comunidad Paso de la Reina por la defensa de su territorio y su rechazo a la construcción de una presa hidroeléctrica.

El movimiento social, en su sentido más amplio, sigue surcando la rigidez de las estructuras autoritarias, exhibiendo las contradicciones del sistema económico; su apuesta es la democracia, aunque su temporalidad no es electoral, sus intereses no son partidistas y sus metas no son las alternancias en los gobiernos.

De lo que se trata es de abrir nuevos espacios para los ciudadanos sin voz, pero sin la intermediación ni la tutela de los partidos políticos.

El proceso es complejo. Los viejos esquemas se resisten a desaparecer. Si por una parte la insurrección ciudadana en las urnas en el 2010 logró la expulsión del PRI, ahora observamos los beneficios de la cosecha en el acomodo de las burocracias de los partidos dentro de la estructura gubernamental.

La lógica del partido de Estado no sólo quedó fuera sino también repartida en los partidos coaligados que se han favorecido con cuotas y parcelas para sus clientes.

Si el hastío de los ciudadanos constituyó la palanca del cambio que empieza a asomarse en Oaxaca, los principales beneficiarios de este primer tramo son los partidos políticos.

Por ello resulta relevante el “Exhorto ciudadano” firmado por organizaciones civiles y pueblos indígenas, dirigido al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), en el sentido de blindar las posiciones directivas ante el reparto de cuotas partidistas.

Ese exhorto de ciudadanizar y despartidizar, vale para todos los organismos autónomos que se encuentran en la lista de renovación, pero sobre todo, esa exigencia debe llevarse a rango constitucional para evitar que los partidos se conviertan en los nuevos administradores y árbitros de la participación ciudadana.

La partidocracia; es decir, el monopolio de la representación por los partidos políticos, no debe confundirse con la democracia; al contrario, constituye uno de sus principales obstáculos en tanto que articula a un conjunto de instituciones sin credibilidad que adquieren mayor poder sin merecerlo, debido a que sus intereses y prácticas se encuentran a mucha distancia de las expectativas ciudadanas.

Los partidos políticos, al igual que la policía, son las instituciones que salen reprobadas en materia de confianza ciudadana.

Véanse los resultados en línea de las diversas ediciones de la Encuesta Nacional de Cultura Política, subvencionadas por la Secretaría de Gobernación.

Resulta trascendente el segundo punto del “Exhorto ciudadano”, promovido por Educa, de fortalecer los sistemas normativos internos indígenas, alentando esquemas de conciliación para que sean las propias comunidades y asambleas quien resuelvan sus controversias según sus formas específicas de organización, sin la intervención de los representantes de los partidos políticos.

Como bien se apunta, los municipios indígenas no están representados en el Consejo General del IEEPC, pero en ese organismo se toman decisiones sobre estos.

En el IEEPC recaen desafíos importantes de la transición, como la efectividad de los instrumentos de participación ciudadana, el plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato, considerados en las recientes reformas a la Constitución del Estado, aunque con muchos candados que hacen prácticamente imposible su aplicación.

Al IEEPC corresponde coordinar estrategias e iniciar leyes para que estos instrumentos no se conviertan en letra muerta.

Tampoco se trata de inventar, sino como bien se apunta en el exhorto, de recuperar los múltiples aportes que se han venido realizando en los últimos años desde las asociaciones civiles.

En el actual estado de cosas, entre los principales obstáculos de las iniciativas ciudadanas se podrían considerar los tiempos largos de la burocracia, la congeladora legislativa, o la manipulación y el usufructo de los alcances por los dirigentes partidistas.

A pesar de los riesgos y dificultades, es importante seguir abriendo camino; esta es una de las contribuciones del Foro y del Manifiesto “Para hacernos valer”, así como del “Exhorto ciudadano”, signados por diversas organizaciones y pueblos indígenas que ya se encuentran en circulación en varios medios informativos.

(*) Investigador del IISUABJO.

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