A RESERVA.- La gobernabilidad es la capacidad que deben tener los gobiernos para una conducción política certera, para procesar con eficacia las demandas ciudadanas, privilegiando el dialogo y la negociación sobre el uso de la fuerza.
La gobernabilidad es democrática cuando las acciones públicas del gobierno están determinadas en la ley y éstas son resultado de verdaderos consensos sociales. Ante el caos, necesidad de gobernabilidad; frente al autoritarismo, democracia.
En el sexenio negro de Ulises Ruiz Ortiz su autoritarismo casi fascista, la violación sistemática a los derechos humanos, el permanente rompimiento al estado de derecho, la creciente desigualdad social y pobreza endémica en las comunidades indígenas, ensancharon la indignación y el resentimiento en la conciencia social oaxaqueña, razones fundamentales y casusas indudables del voto de castigo al PRI haciendo posible el triunfo de la “Coalición por la paz y el progreso”.
Hubo dos situaciones fundamentales que se explican a contrario sensu. La primera el hartazgo de las y los oaxaqueños por los casi ochenta años del monopolio político del PRI; el sucesivo, permanente y creciente cacicazgo y atraso político, los abusos la corrupción y la impunidad cínica del PRI, acida y potencializada durante la anterior administración inclinó la balanza sin dificultad a la única opción posible.
La segunda razón, deriva de la anterior. Los partidos que posibilitan una votación importante fueron PAN y PRD, aliados y fortalecidos por ya conocido.
No existía panorama distinto, considerando que la expectativa ciudadana no tuvo el poder suficiente frente a la aberrante cortedad y retraimiento de los intereses de los partidos coaligados, los grupos económicos y políticos que impidieron una alianza pactada hacia una verdadera transición y alternancia, con verdaderos acuerdos que permitieran la gobernabilidad democrática.
La transición, tan llevada y traída por los nuevos-viejos actores políticos que operan en la actual clase gobernante, debe ocurrir mediante un pacto entre las distintas fuerzas políticas que convergen –no de puestos y cuotas de poder como ahora sucede–, sino a través de la unión de grupos contrarios que deciden sobre las características del nuevo orden a instaurar.
Debe regularse de jure y de facto modificando las leyes de acuerdo al nuevo gobierno, si es democrático, el pacto debe ampliarse al legislativo, de tal forma que se realicen las consultas pertinentes a la ciudadanía para que la reforma legal realmente contenga las modificaciones sustanciales en el proceso de tránsito de un gobierno proscrito al nuevo gobierno democrático.
La transición no sólo debe modificar el marco normativo, también las acciones y hechos visibles: el nombramiento de funcionarios con patente de credibilidad, reivindicar el valor del diálogo, fortalecer las instituciones en franco combate a la corrupción e impunidad, acrecentar la confianza en la procuración de justicia, fortaleciendo el estado de derecho, evitar por todos los medios la represión y el uso de la fuerza pública.
Se trata de generar certidumbre y confianza. En Oaxaca aún vivimos con temor resentimiento y zozobra, lo sabemos. El proceso electoral ya pasó, las campañas ya terminaron, por eso la alternancia ¿qué no? Ya es hora de cumplir.
La transición debe generar consecuencias, no podemos esperar 25 años y seguir oyendo excusas como las que escuchamos hasta ahora:
Que si así lo heredó, que se aplicará todo el peso de la ley, que sí condena los hechos de represión, que lo lamenta mucho, que la culpa la tiene URO y sus secuaces, que son grupos transgresores o que si la manga del muerto…
Lo que hace este gobierno de la paz y el progreso, lo sabemos por los medios, nada percibimos en nuestra vida cotidiana; no hay cambio alguno que nos implique mejoría en nuestra economía, no sentimos más seguridad ni más confianza en la policía; ni se acaban las marchas y plantones; a las niñas y mujeres las siguen matando por ser niñas o mujeres; quienes viven en las agencias y municipios de usos y costumbres están en contingencia permanente por crisis política –todavía electoral– que no se atiende; en fin ya no está URO, ya se fue, el PRI está mermado y hasta cooptado. ¿Entonces?
Revisar la historia nos permite recordar y entender que no hace mucho el gobernador Gabino Cué estaba sentado al lado de Diódoro Carrasco, ex gobernador priista (1992-1998).
Fue él quien al divorciarse del PRI desvió su militancia hacia el PAN por incompatibilidad de intereses. Ese ex gobernante fue quien moldeó la carrera de su pupilo Gabino Cué con auspicio de Fox.
Es Gabino Cué –el hoy gobernador de la paz y el progreso, perteneciente a la vallistocracia oaxaqueña–, quien conserva a sus amigos, unos priistas y otros ricos empresarios, insertados en el gobierno del cambio, que junto con los ambiciosos dirigentes del PAN, PRD, PT y Convergencia, lideres appistas y universitarios, uno que otro clérigo habilitado político, cada uno defendiendo cuotas y espacios, pasando por alto la voluntad del pueblo, que es per se a quien deben de servir.
Es evidente, la inoperancia de quienes están en cargos estratégicos, como resultado de negociaciones políticas –caso Irma Piñeyro–, que aún no se resuelven o están condicionadas a acuerdos nacionales de carácter electoral, que no podrán destrabarse hasta pasado el proceso comicial del 2012.
Están los que pretenden ganancias inmediatas con los dineros públicos y algunas prebendas, son grupos insertados en distintos poderes del gobierno –caso familia López Nelio– que obstaculizan las acciones y políticas públicas manipulando a su favor.
Aquellos “puros” que marcan pautas y dictan salmos revolucionarios, se erigen jueces y dan paso a amigos y familia al negocio que los aloja, el gobierno, su nueva casa –caso Víctor Raúl Martínez y Fausto Díaz Montes.
Mención especial ameritan los enquistados del gobierno, se trata de priistas renombrados, que a exculpación expresa del gobernador en funciones, siguen prestando su “invaluable servicio” con camiseta nueva y prácticas viejas.
En tanto, el gobierno no gobierna, pero Cué se mantiene mediáticamente, bajo una estrategia de simulación de las relaciones políticas de relumbrón con sujetos externos, reconocidos por su notoriedad en la vida pública en actos suntuosos, redituables frente al grupo de población que se “informa”, pero que al final carecen de contenido frente a las necesidades de la gente.
Algunos de ellos en orden cronológico son: 3 de noviembre del 2010, como gobernador electo Cué instala con el jefe de gobierno del D.F., Marcelo Ebrard, la Comisión Mixta de Políticas Públicas entre ambas administraciones, con el fin de intercambiar información y buenas prácticas en materia de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, en favor del desarrollo humano y combate a la desigualdad.
De este acuerdo nos queda una pista de hielo, muy costosa, poco redituable y claro programas populistas que no arrancan por falta de recursos que no obsequia el gobierno ebrardista.
1 de diciembre de 2010: Cué firmó un acuerdo con la fundación de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, para impulsar la participación de los representantes de los pueblos indígenas en foros regionales e internacionales.
La Premio Nobel planteó la necesidad del diálogo, la negociación política, “basados en el respeto y la armonía entre nuestras comunidades”. (www.noticiasnet.mx dic. 2/ 2010).
Es claro que las comunidades más afectadas por la falta de atención e ineficiencia de la secretaría de gobierno, son las de usos y costumbres, de población mayoritariamente indígena, que contrario al acuerdo, difícilmente acudirán a foros externos, cuando sus conflictos internos lejos de resolverse se agravan con consecuencias funestas como es el caso reciente de Santiago Choapam.
Evento imputable a la inoperancia homicida de la señora Irma Piñeyro, justificada por su jefe político Gabino Cué al dar una respuesta ofensiva y baladí que agravia hasta el mínimo sentido de congruencia y sensatez política. Había una alerta de violencia que no se atendió.
17 de enero de 2011: Cué y el rector de la UNAM, José Narro Robles, firmaron un convenio de colaboración para el diseño de un sistema de protección civil encaminado a prever daños causados por fenómenos naturales en el estado. (www.jornada.unam.mx 18/I/2011). Mientras lo diseñan y lo operan ¿Qué pasa con las alarmas sismológicas?
27 de enero: El embajador de EU, Carlos Enrique Pascual, realiza una visita un tanto extraña, cuando al parecer no había asunto específico que tratar. En conferencia de prensa habló de una y mil cosas. Por supuesto, sí dijo que Oaxaca es un potencial económico y enfatizó que “no hay mejor ejemplo que el poder eólico…ya hemos tenido ejemplos con un tipo de proyectos que muestran el tipo de enlace que podemos tener entre estas dos economías (Oaxaca y Estados Unidos)” (Redacciónusilaoaxaca.blogspot28/1/2011).
Obviamente la venta de la energía eólica es un buen negocio para los norteamericanos, que seguramente será inequitativo y tendrá alcances de intervención en el estado, sobre todo, sí como es de esperar, las camisas azules meten sus manos negras.
15 de febrero: En su visita a Oaxaca, Felipe Calderón inaugura obras y asegura que “por el bien de Oaxaca, su administración trabajará de la mano con el Ejecutivo estatal, para que las familias tengan derecho a la salud y se brinden servicios médicos de calidad”.
Asimismo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobiernos federal y el gobierno estatal firman Acuerdo de Coordinación para la Ejecución de Infraestructura Básica a pueblos indígenas; iniciarán al menos 100 acciones que beneficiarán a 90 mil indígenas de los municipios con mayores carencias en Oaxaca, mediante una inversión de mil millones de pesos. (Quadratín 15/02/ 2011).
El sol se ocultó para Cué ese día, los nubarrones de la violencia y el rechazo –nunca calculado– hacia Calderón por parte de la Sección 22 del SNTE tocan las puertas del palacio de gobierno.
La Policía Federal Preventiva y la estatal responden golpeando a quienes transitaban por el área, lanzaban gases lacrimógenos contra la sociedad civil y trabajadores de la educación.
La Sección 22 y la sobreviviente APPO rompen acuerdos con el gobierno de la paz y el progreso, iniciando las acostumbradas marchas y bloqueos que nos prometieron ya no más. Los mil millones de pesos para las comunidades indígena, los seguimos esperando.
En marzo, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal (ya en campaña), y Cué coincidieron en la necesidad de destinar mayores recursos a la educación, con el propósito de superar las carencias y rezagos existentes en la materia.
En marzo se festina otro acuerdo, ahora con la Sagarpa, dependencia federal que prometió mil 178 millones 933 pesos destinados al apoyo de proyectos en el programa de activos productivos de la Alianza para el Campo 2011. ¿Cuándo? El año va a la mitad…
En abril, le toca con Conaculta, que ofreció más de 100 millones de pesos al sector cultural oaxaqueño. En mayo el convenio es con Ariel Cano Cuevas, director del Consejo Nacional de Vivienda, asegurando que Oaxaca contará con un presupuesto inicial de 100 millones de pesos para vivienda.
En fin, convenio tras convenio, acuerdos y promesas de recursos que no llegan, que en su momento fueron gran espaldarazo del Gobierno federal panista, específicamente del presidente Calderón, que al parecer no llegarán.
La “ayuda incondicional” de Calderón duerme el sueño de los justos, claro, por la indecisión de Cué en cuanto a su incondicional adhesión:
¿Por quién será? ¿Calderón, López Obrador o Marcelo Ebrard? ¿Qué compromisos tiene con Elba Esther Gordillo? Al qué a muchos amos sirve…
