En 1983 el entonces gobernador de Oaxaca, Pedro Vázquez Colmenares, presentó al Congreso del Estado una iniciativa de ley para reducir el número de municipios de 570 a 75, con el argumento de una mayor eficiencia en su atención y menores riesgos para la gobernabilidad. 

La pretensión estuvo al borde de provocar una revuelta estatal; tras las protestas que derivaron incluso en una agresión al Mandatario oaxaqueño, se canceló la iniciativa.

Y es que la iniciativa tocaba elementos que históricamente han posibilitado la resistencia de los pueblos indígenas en la entidad: su territorio, expresado en la demarcación municipal y en las comunidades que lo conforman; su autonomía para darse sus autoridades conforme a sus propias reglas, y la construcción y el ejercicio cotidiano de estas prácticas distintas que dan sentido a su diferencia, expresada en la ciudadanía.

Expresiones que han posibilitado que en la legislación oaxaqueña, desde la Independencia, se hiciera un reconocimiento a la diferencia; que desde 1990 se iniciara una política del reconocimiento a esos derechos, y que en 1995 pasara del nivel discursivo a la concreción práctica, al reconocer las normas propias de municipios y comunidades para elegir a sus gobiernos locales.

Las tensiones son recurrentes. Así, las instituciones subnacionales, como el municipio, se han convertido, por un lado, en el mecanismo estatal para buscar atomizar y controlar al movimiento indígena; por otro, en la posibilidad de éste de ejercer su derecho a la autodeterminación.

Salir de la clandestinidad jurídica, permitió que la gente –la ciudadanía, concepto ahora apropiado por los pueblos– adoptara nuevas expresiones.

En el contexto actual de las comunidades, sus procesos locales y externos son sometidos a tensiones diversas (migración, políticas estatales, tránsito rural-urbano, lucha por la equidad de género, sistema regional de dominio, etcétera).

Una situación que obliga a realizar cambios que permitan la persistencia de sistemas de organización sociopolítica basados en la identidad cultural.

Una combinación de estos embates y procesos se refleja en los conflictos en la disputa por el poder local. En 2010, inusitadamente, se presentó el más alto número de elecciones anuladas (50) en la historia en Oaxaca.

Un dejavú: las decenas de ayuntamientos que no tuvieron autoridades electas el 1 de enero de 2011 remontaron a décadas pasadas: en los 80’s era común que el nuevo año se recibiera con palacios municipales tomados por grupos inconformes con los comicios locales.

La situación cambió en los 90’s, con una nueva legislación electoral, con mecanismos legales e institucionales para procesar los conflictos, y en 1995 con el reconocimiento jurídico a lo que se denominó “usos y costumbres” (UyC) de los municipios y las comunidades indígenas para la elección de sus autoridades locales. Desde entonces, de un total de 570 municipios, 418 se rigen por UyC.

La alta conflictividad encuentra sus razones en algunos casos porque las instituciones comunitarias fueron rebasadas por las diferencias internas, derivadas de los procesos señalados; en otros, porque el acceso a la jurisdicción indígena es limitado, y cuando se llega a ésta, se emplean criterios jurídicos contrarios al derecho que se supone tutelan; en un buen número, porque las instituciones actuaron de forma dolosa y facciosa y los operadores políticos las usaron de forma maniquea para intereses de otra naturaleza.

Nuevamente ciudadanía es resistencia, no sólo frente a los embates contra la autonomía municipal, sino también de los pobladores contra inercias de sus sistemas normativos que vulneran sus derechos.

De estas diferencias se gestan acuerdos y consensos que están derivando en un nuevo orden sociopolítico local, que cambia para preservar sus principios.

El desafío en Oaxaca es fuerte y la responsabilidad compartida: un nuevo gobierno, el primero de la alternancia, habrá de mostrar si su compromiso con municipios y comunidades es real o mantiene la lógica del régimen precedente de control político y embate a la autonomía.

El reto de los organismos electorales será demostrar si hay capacidad de generar criterios institucionales e impulsar cambios legales, que respeten la autonomía y los UyC y encaucen y resuelvan por vías institucionales las diferencias.

Para el Congreso del Estado, el más plural de la historia local, el reto será expresar capacidad parlamentaria para legislar atendiendo no los intereses inmediatistas y facciosos de partidos políticos, sino generando normas que atiendan problemáticas reales y defiendan los derechos de todos.

Y en los municipios y comunidades de UyC el desafío será mostrar la capacidad de ejercer colectivamente el derecho a la ciudadanía diferenciada, como mecanismo de resistencia, al tiempo que se atienden las resistencias internas, de sus propios pobladores inconformes con algunas reglas e inercias de un sistema que también requiere adecuaciones y cuya resolución será clave para fortalecer o debilitar la autonomía comunitaria.