Como cada que sucede una tragedia, Choapam es pretexto para repartir culpas, antes que asumir responsabilidades; desgarrarse las vestiduras para cubrir las intromisiones que las propician; para curarse en salud, pero persistir en preservar cotos autoritarios, intereses facciosos, cacicazgos y obstruir el paso a una sociedad más justa y democrática.

Las primeras críticas son contra un sistema que, se dice, ya no corresponde al siglo XXI; que debe transitar mejor a la vía de competencia de partidos; que sólo genera violencia. Cuestionamientos nada nuevos, por cierto.

Bien, podemos dar un vistazo a la hemerografía de siglo XIX, o a las críticas que acompañaron en 1995 al reconocimiento a los llamados “usos y costumbres” para la elección de autoridades municipales.

Los argumentos se dirigen a manifestaciones de violencia, condenables por supuesto, pero no atienden ni a la esencia del sistema, ni las causas de los conflictos.

Más aún. En muchos casos, esta violencia deviene de otros factores, que nada tienen que ver con la arena electoral, pero que es justo en ésta que se pueden hacer visibles.

En los últimos años, una serie de procesos sociales y políticos se han presentado en los municipios oaxaqueños, incidiendo en su dinámica interna, en sus valores, principios y, por supuesto, sistemas de organización.

Las elecciones son sólo una parte de esos sistemas, mientras que en la valoración que se hace, se les considera como un todo.

Por eso es un error ver a los comicios y su problemática de manera aislada al contexto en que se desenvuelven.

Y es que, si hay exclusiones, sin que se justifiquen, éstas son consecuencia de formas distintas de construir la ciudadanía; si las agencias no participan en los comicios municipales, deviene de procesos históricos en la entidad oaxaqueña, en que la autonomía comunitaria prevalece sobre la figura administrativa que representa en la realidad la demarcación municipal; si hay requisitos que contravienen derechos individuales, es porque el eje primario sobre el que se construyen son los derechos colectivos.

Antes de calificar estas situaciones de positivas o negativas, habría de entender la lógica distinta que da sustento a estos sistemas electorales. Ahí, por supuesto, hay un amplio debate teórico que data de años atrás. También, hay una práctica política y sociocultural que sustenta a una y otras posiciones.

Que la conflictividad que ha aumentado en los municipios usocostumbristas, es también una verdad a medias. Si atendiéramos el promedio de conflictividad en las últimas tres décadas, podremos apreciar que ésta ha tenido un decremento.

Lo que ha hecho más visible los conflictos son casos como los de Choapam y decisiones jurisdiccionales, como las 50 elecciones anuladas en el proceso 2010.

Por supuesto, además de las señaladas hay una serie de factores que inciden en el aumento de la problemática en estos municipios y que han sido analizados por diversos estudiosos; un recuento de ellas los hemos abordado en otras entregas en NOTICIAS .

Un eje importante en este análisis debe partir de una pregunta básica: ¿Si se reconocieron prácticas distintas (los “usos y costumbres” por qué se califican como si fueran igual al sistema de partidos?

La respuesta van desde la ausencia de cambios en la legislación estatal y nacional para adecuar al reconocimiento las normas; hasta la falta de criterios institucionales del órgano electoral y las instituciones estatales para atender la conflictividad, pues ahora lo hacen sólo en la coyuntura política y considerando sólo las manifestaciones, antes que las causas que la generan.

Por otra parte, en el reacomodo de fuerzas en el sistema político estatal, es claro que partidos políticos y organizaciones sociales, ven en estos municipios la posibilidad de ampliar sus bases y su influencia.

Situación que va contra la legalidad misma, pues el código electoral establece claramente que los partidos políticos no pueden intervenir en los comicios municipales por normas de derecho consuetudinario.

Ello no significa en modo alguno que se excluya su presencia, pues en los comicios estatales y federales, las comunidades participan sin problema y es en el sistema de partidos políticos.

Que ciudadanos de municipios usocostumbristas acudan a los partidos políticos es por la falta de canales institucionales para procesar las diferencias. Hasta 2007 el Colegio Electoral, en donde están representados sólo los partidos políticos, era el que calificaba los comicios municipales.

En 2010 y las elecciones extraordinarias del 2011, es el Instituto Electoral el que lo hace, pero ahí tampoco hay representación indígena para la defensa de los derechos de estos municipios.

Una situación que se pervirtió particularmente en la década pasada, pues quienes decidían a final de cuentas la validez o no de la elección municipal eran los partidos políticos; por eso se establecieron ligas con ellos, en la búsqueda de interlocución política en los espacios de decisión, situación que es aprovechada por partidos y organizaciones para condicionar tal situación a sus agendas particulares, en el mejor de los casos, o a sus intereses facciosos en el peor.

Por otra parte, también es cierto que si los partidos u organizaciones intervienen en un municipio UyC, es porque existen fracturas internas que las instituciones comunitarias no pueden resolver.

La prevención y resolución de conflictos entonces, pasa por la institucionalización, un marco legislativo adecuado y organismos electorales autónomos y profesionales; esta es una condición indispensable si se quiere resolver realmente lo que, dado los parámetros que ha alcanzado la conflictividad, se ha convertido en un problema de Estado.

Sin olvidar, por supuesto, del proceso de revisión y solución de sus problemas estructurales que tienen que hacer los propios habitantes de estos municipios.

La estridencia para descalificar a los “usos y costumbres”, al órgano electoral o las autoridades gubernamentales, particularmente a partir del caso Choapan, en la mayoría de los casos no es sino para esconder la pobreza argumentativa, las limitaciones del análisis y la mezquindad con que se actúa; o bien persiguen intereses facciosos, personales y ven a la política con una visión patrimonialista.

En un círculo vicioso, son sus intereses los que están en riesgo, si se resolvieran los conflictos municipales, por tanto hacen lo necesario para evitar que ello se logre.

Quienes se desgarran las vestiduras son, en muchos casos, los principales responsables, por acción u omisión, que la descomposición política y social alcanzara en Oaxaca los extremos en que ahora se vive.

Como señala Aguilar Camín (Morir en el Golfo), “son aquellos que queriendo ser los que gobiernan el río, no son sino lo que obstruye su cauce”.

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