SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, junio 8.- La sexagésima primera Legislatura del Estado acordó en su sesión ordinaria de este miércoles vigilar que las 13 mil 500 escuelas públicas de Oaxaca “no sean utilizadas como objetos de promoción política y electoral para los comicios del año 2012”.

El Poder Legislativo estatal se sumó así al punto de acuerdo enviado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y censuró que los partidos políticos usen como plataforma electoral las escuelas de educación básica, donde reparten cuadernillos, loncheras y mochilas con propaganda electoral, como sucedió en el Estado de México.

En el dictamen aprobado, los diputados del PRI, PAN, PRD, PC, PT y PUP cuestionaron que se utilice a los educandos como difusores de mensajes políticos de los candidatos y, a la vez, para allegarse de información sobre los datos confidenciales de los padres de familia.

El punto de acuerdo quedó establecido con base en el pacto federal suscrito para promover y resguardar las prácticas democráticas que hagan posible la salud social del Estado Mexicano.

Los legisladores recordaron que en el Artículo 223 del Código Penal federal se establece que los servidores públicos no deben destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición en virtud de su cargo para apoyar a partido político o un candidato.

Así, al convertirse el Congreso del Estado de Oaxaca en vigilante para que las instituciones educativas no sean utilizadas como objetos de promoción político-electoral para los comicios del año próximo, podrán hacer llamados previos a la legalidad a los actores de las elecciones, a fin de recuperar la credibilidad en los partidos políticos y obtener una estabilidad social.

Investigación por 2 mil mdp de jubilados y pensionados

Ante la presunta corrupción por el manejo del Fondo de Pensiones de Retiro de dos mil jubilados y pensionados de la Sección 22 del SNTE que laboraron en el IEEPO, la LXI Legislatura exhortó al gobernador Gabino Cué a que gire instrucciones a la Secretaría de Finanzas y al IEEPO para “investigar el destino de esos millonarios recursos y pagar la prima de antigüedad a éstos”.

En el dictamen se establece que 2 mil profesores jubilados pertenecientes a la Sección 22 del SNTE solicitaron la intervención del Poder Legislativo estatal para obtener el pago de la prima de antigüedad, argumentando que no les han pagado desde su jubilación, luego de haber cumplido un mínimo de 15 años de servicio.

Y es que los ex trabajadores, durante la descentralización de los servicios educativos entre la Federación y el Gobierno del Estado, recibieron descuentos por concepto del Fondo de Retiro para su jubilación.

En el año 2006 inició el proceso de jubilación de los dos mil trabajadores, pero al gestionar su pensión éstos descubrieron que no hubo aportaciones del Fondo de Retiro durante los últimos dos años de la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Y aun cuando buscaron una explicación, el entonces titular del IEEPO, Abel Trejo González, no les ofreció una explicación convincente.

La llamada “prima de antigüedad” corresponde a 14 días por año, recurso que no encuentran en el ISSSTE, aun cuando los pensionados y jubilados han interpuesto demandas ante la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje.