OAXACA, OAX., junio 15.- Tras ser detenido por el delito de tráfico de concesiones, el ex diputado federal del PRI y ex titular de la Coordinación de Transporte (Cotran) del Gobierno del Estado, Gonzalo Ruiz Cerón, puede alcanzar una sentencia condenatoria de hasta de seis años de prisión, según el Artículo 240 bis del Código Penal del Estado de Oaxaca.

La orden de aprensión en su contra, número 96/2011, la giró el Juzgado Sexto de lo Penal por el delito de “tráfico de concesiones”, el cual, según la Ley, es tipificado como “delito grave” y no alcanza fianza.

Fuentes internas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmaron la detención del titular de la Cotran durante la administración del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Durante el sexenio pasado, Gonzalo Ruiz Cerón entregó nueve mil 207 concesiones, ocho mil de ellas en los últimos meses del mandato del antecesor del gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Ruiz Cerón fue detenido la mañana de este miércoles en un The Italian Coffe de la agencia municipal de La Crucecita, frente al Hotel Barceló de ese destino turístico perteneciente al municipio de Santa María Huatulco.

De acuerdo con el Artículo 240 bis del Código Penal del Estado, quien incurra en el delito de “tráfico de concesiones y permisos del transporte público”, se le establecerá como penalidad de dos a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa.

El Artículo 23 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca señala como “delito grave” el tráfico de concesiones y permisos del servicio público de transporte.

Los seis años de cárcel también se le pueden imputar a quien, sin contar con la concesión que otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, preste un servicio público mixto de pasaje y carga, urbano y/o suburbano, de carretones de tracción animal, de alquiler de mototaxis, de carga ligera o de acarreo de materiales.

Igualmente, al que gestione u obtenga concesiones, permiso o placas de circulación que permita la prestación de los servicios públicos de transporte, sin cumplir con los requisitos establecidos por las leyes, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 200 a 600 días de salario mínimo por concepto de multa.

Estas sanciones fueron establecidas por los diputados de la sexagésima Legislatura, en septiembre de 2009, cuando el PRI gozaba de hegemonía en el Congreso, con el fin de erradicar el tráfico de concesiones.

En ese entonces, los priistas argumentaron en el dictamen de ley que “esta conducta ilegal causa grave deterioro económico para el transporte público que cuenta con sus concesiones y permisos expedidos en el marco de la legalidad, además de poner en riesgo la seguridad e integridad física de los usuarios”.