SANTA CRUZ Xoxocotlán, Oaxaca, junio 30.- Los perredistas José Julio Antonio Aquino y Jairzhino Rodríguez Palacios, presidente municipal y síndico procurador, respectivamente, del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, podrían ir a la cárcel en caso de no pagar indemnizaciones que demandan trabajadores despedidos desde hace por lo menos tres trienios.
De acuerdo con un documento elaborado por Rodríguez Palacios, la Junta de Arbitraje del Gobierno del Estado ha dictado varios laudos para que, además de que reinstale a los empleados, les pague las liquidaciones correspondientes, que en algunos casos en particular ascienden casi a 500 mil pesos.
El monto total de los adeudos supera los 10 millones de pesos y varios de los demandantes ya han pedido la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al presentar las denuncias penales respectivas, por lo que esa instancia podría pedir las órdenes de aprehensión en cualquier momento.
El Síndico reconoce que el Ayuntamiento está condenado a pagar y que continuamente llegan los requerimientos oficiales; incluso, algunos abogados ya han pedido vista al Ministerio Público bajo el argumento de que el Ayuntamiento está desacatando una ejecución.
Además, están exigiendo que se inicien los procedimientos penales respectivos, lo que podría derivar en la detención de ambos.
En el documento que se hace referencia, Jairzinho Rodríguez expone algunos casos, como el de Cruz Antonio Aquino, quien inició el juicio en 2002 y pide 449 mil 87 pesos como liquidación, más incrementos, pues desde noviembre de 2010 no se ha actualizado salario, por lo que el adeudo podría ser de 600 mil pesos; hace unas semanas propuso un pago único de 300 mil y su reinstalación como enfermera.
Esaú García Cuaupanteca, médico despedido en 2006, pide se le reinstale y se le reintegre el pago de 60 mil pesos; Francisco Javier Medina Chávez, cesado en 2007, pide su reinstalación como chofer y un pago por 90 mil pesos. Propone que se le paguen 70 mil pesos y se le reintegre a su trabajo. Estos tres son asesorados por los abogados Félix Cisneros y Cándido Pérez.
Otros casos son el de Pastora Hernández Ramírez, quien pide 473 mil siete pesos; Fermín Velasco García, 246 mil 800; Eloy González Jesús, 246 mil 800; y Matilde Florencia López Aquino, 140 mil 913 pesos.
Los cuatro piden el pago del 75 por ciento de las cantidades mencionadas y proponen que se hagan en parcialidades. Estos casos los representa su apoderada legal, Griselda Ramírez Muñoz.
Este tema fue discutido en la sesión del Cabildo de este jueves, donde se acordó presentar a más tardar en 15 días un informe más detallado.
