A UN AÑO DE LA ALTERNANCIA.- Un año ha transcurrido desde aquella jornada ejemplar en que cientos de miles de oaxaqueños acudimos a las urnas ha decidir el rumbo de la entidad en las elecciones del 4 de julio de 2010. Ahí la ciudadanía puso freno al intento de continuismo de un régimen autoritario y dio un voto de castigo a los excesos en que había caído.

Una amplia alianza de partidos (PAN-PRD-PC-PT), organizaciones sociales y civiles, impulsaron la candidatura de Gabino Cué, quien derrotó a Eviel Pérez, candidato del PRI.

El sistema regional de dominio había mostrado sus debilidades y su agotamiento, tras la una década autoritaria que habían impuesto los gobiernos de José Murat y Ulises Ruiz, sucesivamente, con la complicidad, por acción u omisión, de algunos importantes actores políticos como partidos, organizaciones civiles y sindicatos.

El estallido social del 2006, con las amplias movilizaciones y la manifiesta suspensión del Estado de Derecho durante meses y el protagonismo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio, mostraban la inviabilidad de continuar por esa ruta y la imperante necesidad de realizar cambios profundos.

En ese contexto la alternancia en el poder estatal tiene un valor incalculable. En primer término habría que rescatar el redescubrimiento del valor del voto por la ciudadanía. Los dos procesos electorales anteriores, uno federal y otro estatal, tuvieron los más altos índices de abstencionismo de la historia estatal: en 2009 alcanzó el 65 por ciento y en las de diputados locales de 2007 rebasó el 70 por ciento. En 2010, la participación fue del 58 por ciento, la máxima en procesos electorales en la entidad.

Resolver la disyuntiva que se tenía entre el continuismo o el cambio, es la parte exitosa de la historia: la alternancia en el gobierno estatal y la composición más plural del Congreso local. Una sociedad desbordada ante las expectativas de cambio.

I.- Avances y regresiones

De la esperanza al descontento hay un solo paso. Tras un año de esos comicios históricos y siete meses del nuevo gobierno, hay factores diversos que ponen en riesgo los avances alcanzados.

Por un lado hay una semiparálisis gubernamental derivada de la falta de circulación de los recursos estatales, que incluso derivó en una fuerte discusión en la última reunión del gabinete de Cué efectuada hace dos semanas, con duros reclamos a los secretarios de Finanzas y Administración.

En las áreas estratégicas para la gobernabilidad los recursos no fluyen. Como tampoco los destinados a la obra pública y a la atención de la problemática social. una situación por demás grave en una entidad cuya economía en gran medida depende de los recursos gubernamentales.

Por otro el embate de los personeros del antiguo régimen es constante. Apostando por la inestabilidad, lo mismo azuzan conflictos municipales, como antes planificadamente desmantelaron el aparato administrativo previo a su partida del poder.

Además, previsores, pocos días antes de la conclusión de la anterior Legislatura, modificaron el código penal y a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, para blindarse de los posibles y esperados procesos que les siguieran por la corrupción escandalosa en que cayeron.

Y siendo el reclamo de alto a la impunidad, en los primeros meses de la nueva administración gubernamental, la incredulidad crecía al ver las constantes denuncias mediáticas por la corrupción del gobierno anterior, sin que se ejercitar acción penal alguna.

Una nueva fase parece iniciar con la detención en primer término de un funcionario mediano, el ex coordinador de la Comisión de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón. Además, hay denuncias penales contra el extitular de la Secretaría de Finanzas, Miguel Angel Ortega Habib y una decena más de exfuncionarios del régimen ulisista. Y varios más, como Antonio Amaro Cancino, han buscado ampararse previendo que vendrán también procesos en su contra.

Por otra parte, equivocadamente, y fue un error del nuevo gobierno no preverlo, el viejo régimen se reproduce también en muchos de los cuadros que arribaron al poder de la mano de Cué. Muchos de ellos se formaron en las complicidades con el ulisismo, de los que fueron entusiastas colaboradores.

Ahora se han colocado en la estructura gubernamental y legislativa para reproducir los vicios del régimen anterior; aunado a que se reciclaron en el nuevo gobierno un buen número de funcionarios que fueron artífices de la descomposición de la administración anterior.

Por otra parte, la partidización y faccionalismo del quehacer público es tal, que el gabinete se integró por cuotas partidarias y de grupos de interés. Un ejemplo, la secretaría General de Gobierno. Su titular, irma Piñeyro, fue candidata a gobernadora por el PANAL y es ligada a Elba Esther Gordillo y al exgobernador José Murat.

Sus subsecretarios son: Oscar Cruz (PRD-COCEI); Dagoberto Carreño (PAN); Fausto Díaz (gabinista); Raynel Ramírez (PRD-Cívicos). Este esquema se reproduce en casi todas las secretarías y órganos desconcentrados.

El problema no es en sí la pertenencia a distintos partidos e ideologías, sino la falta de acuerdos previos y compromisos para un gobierno de coalición (que no lo es) y en torno a un proyecto de transición.

Entonces, una composición de esa naturaleza deriva en que cada funcionario vela por los intereses de su facción o corriente partidaria, antes que por los de la secretaría o entidad correspondiente, y menos aún del gobierno estatal.

Derivado de lo anterior, no hay una agenda de la transición, como en el caso legislativo lo reconocieron los dirigentes partidistas en el seminario Ciudadanía y Transición, realizada el 6 y 7 de julio de 2011.

De ello se desprende porqué los cambios legislativos e institucionales que se realizan, derivan de las negociaciones coyunturales, en que se subordinan a los intereses y agendas particulares de los partidos, por lo que algunas veces las reformas son regresivas.

Las reformas constitucionales de abril, mostraron precisamente que lejos de los cambios profundos necesarios y esperados, se realizaron modificaciones, importantes sí, pero bastante menores a los que se requieren para desmantelar el entramado autoritario precedente e iniciar la transformación hacia la institucionalización de la vida democrática.

II.- Posibilidades y limitaciones

Pese a lo anterior, en la tan común transición gradualista mexicana, en Oaxaca hay avances. Es importante reconocer que dado que no pudieron darse cambios de manera lineal y progresiva, hay vaivenes que permiten dar algunos pasos adelante.

Si bien, esa dinámica al mismo tiempo conlleva el serio riesgo de regresiones, inercias autoritarias y parálisis institucional.

Por un lado se recuperaron espacios simbólicos como el palacio de gobierno; también hay una relación cercana con la gente en las audiencias públicas y se han presentado mejoras en el respeto a los derechos humanos y a la atención de la ciudadanía, lo que no es cosa menor dado los antecedentes de soberbia y conculcación de garantías precedentes.

La estructura gubernamental también refleja cambios sustanciales en áreas donde se incorporaron a cuadros que emergieron de la sociedad civil como Adelfo Regino; el intelectual mixe quien encabeza la Secretaría de Asuntos Indígenas.

Una apuesta positiva en sí, pero que puede naufragar precisamente por los condicionamientos descritos en el apartado anterior: el cuotismo impuesto en el resto de la estructura y la falta de fluidez de los recursos.

Las organizaciones sociales han tenido un espacio de contención de las movilizaciones. El tradicional plantón de mayo del magisterio fue menos prolongado que en años anteriores.

Si bien el esquema de relación clientelar no ha variado en lo esencial, lo cierto es también que al menos se escuchan las demandas y planteamientos de otros sectores de la sociedad.

III.- Retos y riesgos

El proyecto de transición se ha detenido por distintos factores. Las vacilaciones en la toma de decisiones. Las veleidades que van desde el necesario proceso a funcionarios venales del sexenio pasado, hasta la conclusión de obras como la Velaria del auditorio Guelaguetza, justo un monumento a la corrupción.

La planificación gubernamental en manos de tecnócratas, siendo que en la consulta previa se contó con información de expertos en la realidad oaxaqueña; y, lejos de ser un ejercicio complementario, entre planificadores y conocedores de la problemática, se produjeron documentos diametralmente opuestos, y el plan rector del próximo sexenio exhibe este divorcio entre la teoría y la realidad. La ausencia de un compromiso partidario y la falta de una ausencia legislativa.

Y sin embargo, hay algunos signos que pueden ser capitalizados a favor de los avances democráticos, si se consolidan; pero que también pueden convertirse en la materialización del fracaso, si no se defienden los espacios.

Con sus vicisitudes y limitaciones, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, refleja la posibilidad de construir la real autonomía, profesionalización y ciudadanización de este organismo.

Pero si las inercias antidemocráticas persisten y continúan los afanes de control de los partidos políticos, amparados en una legislación autoritaria que les favorece, puede darse al traste con esta posibilidad.

La decisión de poner coto a la impunidad, castigando a los funcionarios corruptos es saludable para la vida pública. El problema es la mediatización extrema que se hace de desvíos, de listas interminables de presuntos responsables, y la falta de concreción en denuncias penales, en responsabilidades comprobadas y castigadas.

Si prevalece la política de denunciar en los medios, sin resultados en castigo, sólo se constatará que la impunidad subsiste y ésta se hará más evidente.

Las reformas legislativas se anuncian, pero no se hacen. Tras la reforma constitucional de abril, se mandató reformar también la legislación secundaria. Y ahí está la oportunidad para avanzar o los candados para evitarlo.

Dos iniciativas presentadas recientemente por diputados del PRD y PRI en materia electoral, son reflejo de esta situación. Una busca quitar a las fracciones parlamentarias el monopolio para el acceso al Consejo del IEEPC, proponiendo que sean organismos civiles e instituciones académicas los que presenten las candidaturas.

La otra es regresiva pues empuja a una mayor partidización al disminuir de cinco a tres años el requisito para los consejeros electorales de no haber ocupado cargos directivos partidistas, fuesen candidatos u ocupado un cargo de elección popular, en una franca afrenta a su esencia ciudadana.

En ese tenor puede estar el ejercicio legislativo. Se han anunciado también otras reformas constitucionales. Son urgentes e imprescindibles si se quiere avanzar positivamente. Pueden convertirse en meros cambios cosméticos si no hay la decisión y el compromiso con la democracia.

Pero en el esquema de reparto de responsabilidades, la falta de cambios se plantea sólo como producto de las indecisiones del gobernador Cué. Ello, es producto de la cultura política antidemocrática persistente.

En la transición, como se ha probado en los países y lugares en que se ha presentado, requiere del concurso pleno y comprometido de todos los actores sociales: partidos políticos, organizaciones sociales, organismos civiles, sindicatos, empresarios y demás.

No es eludiendo responsabilidades, buscando privilegios facciosos y midiendo las acciones de acuerdo a la rentabilidad (política y económica), como se avanzará.

En la propia administración pública se advierten ya los enfrentamientos entre dos proyectos encontrados: los que apuestan por la alternancia sin variar ni un ápice la práctica política y las relaciones de poder; y los que buscan impulsar desde dentro cambios democráticos.

En este escenario, es necesario el empuje de la ciudadanía. Tampoco puede ser una sociedad civil que permanezca como público impávido una vez mostrado la fuerza del voto. Se requiere un permanente seguimiento al actuar de la clase política.

Una participación crítica, que se pronuncie y luche contra los intentos de regresión autoritaria, al tiempo que apuntale y defienda los espacios conquistados.

Como en 2006 en las calles, como en 2010 en las urnas, la ciudadanía es la que exige los cambios. Como en esos años, ni las movilizaciones ni los votos bastan para concretarlos. Ahora también habrá de jugar un papel protagónico o nuevamente sólo habrá empujado a un relevo a medias de la clase política oaxaqueña.

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