OAXACA, OAX., abril 13.- Delegados del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), anunciaron que interpusieron un procedimiento de responsabilidad en contra del Congreso del estado y el gobernador, Gabino Cué Monteagudo, por el desacato a un amparo federal concedido a 417 burócratas, quienes promovieron este recursos en contra de la reciente reforma a la ley de pensiones.
Este recurso de responsabilidad también alcanza al Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, el de Administración, Alberto Vargas Varela y al Director del Fondo de Pensiones, José Luis Abad Guzmán.
En conferencia de prensa, Israel Ochoa Lara, abogado de los trabajadores, detalló que el juez cuarto de distrito concedió primero un amparo provisional y luego uno definitivo a la aplicación de la ley de pensiones que con la reciente reforma aprobada por el congreso resta el 9 por ciento al salario de los trabajadores en activo y a los jubilados.
Sin embargo, y a pesar de la suspensión ordenada por el juez federal, en la última quincena se hizo efectivo nuevamente el descuento que va directo al fondo de pensiones. Este descuento antes de la reforma era del 6 por ciento, y con la pasada reforma que realizó el congreso del estado, se estableció en 9 por ciento.
Ochoa Lara, acompañado por el delegado sindical de la PGJE, Wilberto Toledo Piñón, afirmó que este desacato puede derivar en consecuencias graves porque en el código penal federal lo estipula como abuso de autoridad que se paga con destitución del cargo, inhabilitación, incluso la cárcel.
Por ello, burócratas encabezados por Toledo Piñón, se pronunciaron en contra de la retención del 9 por ciento del salario que el gobierno del estado realiza por concepto del pago de Fondo de Pensiones, contraviniendo con ello la suspensión decretada por la justicia federal.
Toledo Piñón, dijo que iniciado el procedimiento de responsabilidad, ante el Juez cuarto de Distrito, en contra de los actos del Congreso y el Gobierno del Estado, el responsable de la política interna de la entidad, y el resto de los funcionarios involucrados, irán hasta las últimas consecuencias para que se les aplique la ley y se eche a bajo la Ley de Pensiones aprobada en Enero pasado.
Ochoa Lara, refirió que el omitir el cumplimiento del ordenamiento legal del amparo interpuesto por más de cuatrocientos trabajadores adscritos a la Procuraduría de Justicia del Estado, la actual administración gubernamental se hace acreedora a una sanción.
Aclaró el litigante, que el amparo, obliga a que el gobierno del estado reintegre esos cobros retenidos.
Toledo Piñón, aseguró que los burócratas serán respetuosos de la Ley de las instituciones pues “no queremos que se mezcle una situación política con lo legal”.
Insistió que el inicio de la demanda de amparo se inició a mediados de febrero y en marzo se emitió el acuerdo.
Al final, Ochoa Lara, cuestionó los descuentos salariales a los integrantes del STSPEIDCEO, los cuales se destinan al fondo de pensiones, en virtud de que estos, aseguró, no tienen la culpa del desfalco que se cometió con el manejo de dichos recursos durante las pasadas administraciones.
