OAXACA, OAX., mayo 2.- La diputada local del PAN, Marlene Aldeco Reyes Retana, solicitó a las secretarías de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y de Finanzas, así como a la Consejería Jurídica de la Gubernatura que de manera inmediata rindan un informe del estado que guardan las auditorías realizadas a las cuentas públicas de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Y al procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, le solicitó un informe del por qué pidió la revocación de las órdenes de aprehensión libradas en contra de ex funcionarios de Ruiz Ortiz.

La propuesta formal de la diputada estatal del Partido Acción Nacional (PAN) fue reservada por la Diputación Permanente para la próxima sesión del pleno.

En su exposición de motivos, Aldeco Reyes Retana cuestionó la petición de la PGJE de cancelar las órdenes de aprehensión libradas dentro de la causa penal 105/2011 en contra del ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; el subsecretario de Finanzas, Fernando González García, y los ex coordinadores de Comunicación Social, Raúl Castellanos Hernández y Soledad Rojas Walls.

En virtud de que las querellas fueron presentadas por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández; el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, y el Consejero Jurídico de la Gubernatura, Víctor Hugo Alejo Torres, y porque se presupone deficiencias en la integración de la Averiguación Previa o en los procedimientos administrativos que antecedieron al ejercicio de la acción penal, pidió presentar informes.

La Legisladora panista refirió que se ha hecho del conocimiento público que en la Procuraduría de Justicia estatal sólo existen dos querellas, una relacionada con el peculado en el área de Comunicación Social y otra por el caso de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

No obstante, recordó que Woolrich Fernández, en diciembre del año 2011, informó públicamente que al concluir 45 auditorías se detectó un daño patrimonial de más de cuatro mil millones de pesos en contra de la Hacienda pública del Estado de Oaxaca.

“Los anteriores hechos ponen de manifiesto que algo está fallando en la procuración de justicia o en la revisión de la cuenta pública de la administración pasada, tanto por la PGJE, Finanzas, Contraloría y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre posibles acuerdos políticos para que sean exonerados los exfuncionarios y con ello se le des un bono de impunidad”, sospechó.

Reyes Retana exigió que el daño patrimonial en perjuicio de los recursos públicos de los oaxaqueños debe ser castigado con severidad y su castigo no puede estar sujeto a negociaciones y menos quedar en la especulación.

Por lo pronto, demandó que los órganos encargados de los rubros de transparencia y procuración de justicia, actúen en forma eficaz para que no se abone a la ilegitimidad de las instituciones frente a los ciudadanos, quienes merecen una explicación puntual de lo que está pasando en ese tema.

Por ello, dijo que es necesario requerir un informe por este Congreso para que de manera inmediata los funcionarios antes señalados, hagan del conocimiento del pleno del Congreso, el estado que guardan los procedimiento de revisión de cuentas de la anterior administración y el estatus legal del mismo y con ello aclarar las especulaciones que han nacido por las acciones jurídicas desplegadas por la Procuraduría de Justicia.