Cuando un gobierno no tiene legitimidad [es legítimo algo que emana como resultado de la ley], confianza, aceptación y reconocimiento de su pueblo, estará indiscutiblemente destinado a la ingobernabilidad, la represión, el autoritarismo, la improvisación y la injusticia en todas sus dimensiones.

En nuestro país desagradablemente tenemos ejemplos. En 1988 con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari mediante un fraude, este al parecer no tuvo más opciones para legitimarse que, mediante manotazos por doquier, entre los que destacan el denominado “quinazo” y la muerte y desaparición de militantes y algunos líderes del PRD.

Estos hechos caminaron de la mano con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el repliegue del Estado y la intensificación del libre mercado, que en lugar de beneficiar, afecto severamente la economía interna y arrollar al peso a una devaluación, que en su conjunto nos llevo a una tremenda crisis política primero con el levantamiento del EZLN y económica después afectando al grueso de la población.

Algo similar ocurrió con el gobierno de Calderon, después de entrar por la puerta de atrás en el Congreso de la Unión para tomar posesión el 1° de diciembre de 2006, este declaró la guerra a la delincuencia organizada y el narcotráfico, no tardaron las consecuencias colaterales a la población, no es poco, mas de 70 mil muertos y cientos de exiliados fuera del país, 2 secretarios de gobernación muertos y uno que causo baja.

Pelearse con propios y extraños, echó fuera a quien fuera el presidente de su partido que lo llevo al poder, el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas al grado de extinguir la empresa paraestatal de Luz y Fuerza, aumentar cada mes el precio de la gasolina que desencadena una inflación de todos los bienes y servicios en nuestro país.

Pero algo más cercano vivió nuestro Oaxaca, cuando después que en 2004 no fue claro el triunfo de Ulises Ruiz, una vez que llego al poder no escuchaba ni veía a sus gobernados, al grado de cambiar incluso la sede del gobierno estatal, pero no quedo ahí, sino se fue con todo contra sus críticos, especialmente los mentores de la sección XXII del SNTE y luego contra lo que dio lugar a la APPO, hasta que en julio de 2010 la ciudadanía le cobro esa acción.

Considero que aunque sería muy positivo en el país que se anulen las elecciones presidenciales de este 2012, el tema es la legitimidad con que llega el próximo presidente y luego los golpes de timón o manotazos para legitimarse, esto provocará necesariamente consecuencias.

Si el TRIFE ratifica los resultados que el IFE dio el 1° de julio pasado, la sociedad mexicana tendrá una baja credibilidad de las instituciones, pero si pasa lo otro, México será ejemplo ante el mundo. Esto último se visualiza bastante remoto –a pesar de las pruebas mostradas por el Movimiento Progresista-.

La probables consecuencias: procesos de desarrollo muy próximos o similares al que sembró De la Madrid y ejecutó Salinas. Habrá una co-gobernabilidad con los medios masivos de comunicación y el capital nacional y extranjero, represión a disidentes y críticos, vueltas de tuerca a la política económica de liberalización del mercado, adelgazamiento cada vez mas del Estado y, privatización de bienes públicos como PEMEX, educación, salud, telecomunicaciones, etc, mediante la asfixia económica o abandono presupuestal.

Quizá la imposición de nuevos impuestos o aumentar los que ya existen, acrecentar aún más las injusticias del predominio del más fuerte sobre el débil, ampliar más la brecha de desigualdad e incrementar todavía la pobreza de por sí muy acentuado, debilitar o extinguir a sus oponentes para que no hayan referentes para la crítica y propuesta de caminos alternativos, distraer y desculturar; seguir en la línea de individualismo egoísta, egocéntrico, cortoplacista y ultraracional.

En nombre del desarrollo, “cambio con rumbo” y quizá de la transformación y más importante para ese grupo las ya sobreutilizadas “reformas estructurales” como ordenes nuevos, seguramente harán cualquier cosa con el fin de legitimarse, pero peor aún –y esa debería ser la preocupación mayor, en qué hacer para evitar ya no solo para que lleguen, sino para que no se perpetúen su representación o el capital mismo en el poder público en nuestro país-.

Cuando gana el dinero, –el capital- se gobierna para ellos, una minoría que por cierto está muy arraigado en nuestro país. Estos buscan legitimar lo que no está haciendo una mayoría, es decir, unos 60 millones de electores.

La creencia en la legalidad, la obediencia y la acción axiológica bajo preceptos jurídicos estatuidos formalmente correctos, imprime a un gobierno confianza, reconocimiento, aceptación y armonía, buena relación entre gobierno y gobernados, incluso afecto y dota de autoridad moral y fuerza política en una nación.

Pero si un gobierno se edifica al margen de lo anterior o llega prescindiendo lo más elemental de las normas sociales, la sociedad es la que soporta la aventura de estos y cae en una situación de fatalismo o abstención, ansiedad y de desconfianza, en la desolación, impotencia y resignación, un México anestesiado metido en un laberinto.