OAXACA, OAX., agosto 26.- El Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) denunció el presunto hostigamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hacia los familiares del extinto profesor Rafael Vicente Rodríguez Enriquez, asesinado en diciembre del 2011, porque “en vez de mostrar el mínimo interés por resolver el caso, a los familiares les piden que hagan el trabajo indagatorio, además que Gobierno y Sección 22 del SNTE se niegan a nombrar una “comisión ciudadana ampliada” para darle seguimiento al caso que se prometió desde mayo pasado.

Rodríguez Vicente integró el “Movimiento Nacional de la Sierra Sur Hacia el Socialismo”. Se cumplen ocho meses de su asesinato en inmediaciones del municipio conurbano de Santa Lucía del Camino, el 24 de diciembre del 2011. Este hecho se suma a una serie de atentados y asesinatos de luchadores sociales. El más reciente fue en contra de uno de los fundadores del MULT: Juan Domingo Pérez Castillo.

Por ello, los dirigentes del FACMEO indicaron que se unen a la más enérgica protesta para pedir justicia y que se pare esta ola de violencia contra los “luchadores sociales” porque eso pone de manifiesto la política de represión, exterminio del movimiento social organizado, una política de Estado que se manifiesta cotidianamente con la actitud y falta de interés de las instituciones encargadas de procurar justicia.

“Hay un nulo avance en el esclarecimiento e impartición de justicia”, sostiene.

El FACMEO agrega que el ejemplo más claro es la actitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que en las reuniones que se han tenido con funcionarios no muestran el mínimo interés por resolver el caso; por el contrario, hostigan a la esposa del compañero Rafael Rodríguez para que sea ella y su familia quienes hagan el trabajo indagatorio que les corresponde a la autoridad.

Hay un acuerdo signado entre la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado en la pasada jornada de lucha de nombrar una Comisión Ciudadana Ampliada para dar seguimiento al caso, “aún no se instala a pesar de la exigencia del jurídico de la Sección 22 y las pocas reuniones que se han tenido con el Procurador Manuel de Jesús López López han sido por la presión política que se ha ejercido”.

Aún más, el acuerdo de apoyar a los hijos del profesor ex secretario de organización de la Sección 22 con una beca, el trámite de sus seguros, la estabilidad laboral de su esposa son temas que se encuentran estancados, dijeron los integrantes de la organización durante la asamblea estatal del magisterio.

La Procuraduría de Justicia del Estado no muestra el mínimo interés de resolver el caso, por el contrario hostigan a los familiares y el gobierno hace caso omiso para dar respuestas, al pasar los meses no hay un sólo detenido sobre este hecho.

Y pidieron un alto a la ola de violencia en contra de luchadores sociales porque pone de manifiesto la política de represión y exterminio del movimiento social organizado, esta política de estado se manifiesta cotidianamente con la actitud y falta de interés de las instituciones encargadas de procurar la justicia, concluyeron.