La desafortunada gresca entre profesores de la Sección 22 del SNTE contra la Sección 59 y el involucramiento de pobladores de la Villa de Mitla por el control de las escuelas, ocurrido el pasado 21 de noviembre, marca un punto álgido de las tensiones políticas que se observan en la entidad. El caso está cargado de lecciones para todos los actores políticos por lo que no se puede desdeñar como asunto de un municipio.
De entrada es que el caso podría volver a ocurrir en cualquier otro lugar; como registró Alejandro Galo, el edil de Mitla, en su twitter la tarde del conflicto, solicitando la intervención del gobierno estatal debido que “éste no es un asunto local” @GaloMitla. Efectivamente, el problema es de mayores proporciones si registramos el seguimiento en redes sociales que muestran la exacerbación de ánimos de amplios sectores de la población respecto al acontecimiento.
Si bien ocurrió la intervención gubernamental, ésta ocurrió después de la confrontación y no dejó de ser reactiva, a pesar de que la posibilidad de este tipo de incidentes se ha anunciado desde tiempo atrás.
Las tensiones entre las dos secciones sindicales han permanecido latentes en el transcurso de los últimos seis años, por lo que es importante insistir en la solución oportuna de conflictos para evitar desenlaces como el que observamos en esta localidad de los valles centrales.
En su intervención para desactivar el conflicto, el Secretario de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez admitió la necesidad de “aprender de este penoso incidente en donde nadie ganó”, “que el magisterio no se puede confrontar más con los padres de familia, ni con el gobierno ni con las autoridades municipales, ni viceversa” (Noticias, 23/11/12).
El viernes 23, en protesta por la vejación de cinco de sus afiliados en Mitla y para insistir en sus otras demandas, los maestros organizaron bloqueos de vialidades urbanas y carreteras en toda la entidad. De la misma manera se tendría que exigir la aplicación de la ley para quienes retuvieron e incomunicaron al munícipe Alejandro Galo en el edificio de la Sección 22, por más de doce horas, y también, la aplicación de la ley para los educadores que propinaron la golpiza a los policías municipales el mismo día del conflicto así como el pago de indemnizaciones por los daños provocados.
La barbarie no se justifica de donde quiera que venga, ni la aplicación de la ley debe ser para unos y la impunidad para otros. En las raíces del conflicto se encuentran los reclamos por la justicia y contra la impunidad, sin embargo la escalada de injusticias e impunidades va creciendo con la contribución de quienes reclaman, con nuevas dosis de grupos de dentro y de afuera, pertenecientes a facciones de partidos políticos y otros grupos de interés, que se dedican a atizar las diferencias y de las autoridades estatales y federales que se limitan a observar.
En ese caldo de impunidades ocurre la reacción social de reventar los bloqueos sumando nuevas agresiones y arbitrariedades de todos lados, generando atropellos en los derechos de terceros que no tienen nada que ver en el conflicto y los gobernantes como meros espectadores. Cabe apuntar que el problema tampoco se resuelve con la imposición de la fuerza pública, pues si así ocurriera, se revelaría la incapacidad política para gobernar.
En este sentido, resulta pertinente el llamado a la unidad del presidente de Mitla a los padres de familia de su pueblo, “independientemente de las escuelas a las que sus hijos pertenezcan, de la 22 o la 59, no se dejen llevar por los pleitos entre las secciones sindicales”, “en la división y en la confrontación todos pierden y Mitla está más allá” Tweets @GaloMitla.
El exhorto del edil de ese municipio resulta válido para todas las localidades en donde este tipo de conflictos se encuentra latente. Ojalá que los gobiernos estatal y federal asumieran la responsabilidad que le corresponde en este conflicto para evitar más divisionismos y desenlaces como el observado.
Y es que desafortunadamente, para los sindicalistas queda fuera el derecho a la educación de las niñas y los niños, quienes observan y aprenden del lamentable intercambio de agresiones entre los maestros de las dos secciones, de sus padres y vecinos repartidos en diversos bandos.
De manera urgente, toca a la Sección 22, valorar el hartazgo y la desesperación de la gente, particularmente de los padres de familia, ante las constantes ausencias de los mentores en las escuelas, que vulneran el derecho de la niñez a la educación. No se puede descalificar con simpleza a quienes se oponen a sus acciones.
Hay que insistir que los derechos sindicales y los derechos a la educación deben observarse en su complementariedad y no pueden ejercerse los derechos sindicales atropellando los derechos a la educación. Menos aún a sabiendas que los más afectados son los hijos de la población de menores recursos económicos y de las localidades con mayores grados de marginación.
Los mentores tendrían que preguntarse en dónde quedó la extraordinaria solidaridad de la sociedad expresada en el 2006 en torno al movimiento. Más allá de reduccionismos y calificativos de los sindicalistas “buenos” y los pobladores “malos o manipulados”, tendrían que pensar porqué el capital político se diluyó hasta dejar a quienes comandan la Sección 22 en su soliloquio y sordera.
Si los líderes no lo hacen, la base gremial debería preguntarse ¿Cómo se comunica el gremio con los sectores sociales? ¿Cómo construyen consensos en torno a su causa? ¿Cómo subsanan los tiempos perdidos en las aulas? ¿Cómo atienden el retraso académico? ¿Cómo concilian sus diferencias con los grupos de población que no piensan igual que ellos? ¿Cómo contribuyen a construir una sociedad más justa para todos?
Las respuestas ameritan la autocrítica ante el rechazo social de sus acciones, que se imponga a la visión del “todo o nada” que en términos políticos resulta sumamente peligrosa. Seguramente, la población espera respuestas inteligentes, propias de quienes se dedican a la misión de educar y no solamente a repetir arengas vacías.
La legitimidad de un movimiento no se da en automático, sino que está en permanente construcción en una realidad en donde existe pluralidad de opiniones. Si la política es el arte de la conciliación, los conflictos que están reventando muestran la ausencia de este ejercicio, tanto de las autoridades que tienen en sus manos la solución de esos problemas pero también por la irresponsabilidad de los actores en pugna.
A los maestros, a las autoridades y a todos los involucrados en conflictos de este tipo habría que repetirle la necesidad de leer, de estudiar y aprender más del 2006 y de conflictos como el de Mitla, para que los hechos no se repitan. Oaxaca merece un presente y un futuro distinto.
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