OAXACA, OAX., mayo 8.- Privilegiar el diálogo sobre la violencia y la razón sobre la intolerancia para garantizar verdaderamente la gobernabilidad en las ocho regiones de Oaxaca, fue el respetuoso llamado que este martes hizo al Gobierno del Estado y a las diversas organizaciones y grupos sociales, incluyendo a la Sección XXII del SNTE, la presidenta de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura local, Zory Ziga Martínez.

En entrevista, la legisladora de la fracción parlamentaria del PRI aseguró que en varios municipios que viven en constante violencia social, como Juchitán, las autoridades correspondientes deberían procurar la justicia, pero antes agotar el camino del diálogo y la conciliación.

“Ante cualquier interés personal o de grupo, todos debemos anteponer la paz social y el diálogo para llegar a buenos acuerdos que beneficien el desarrollo y el progreso de nuestra entidad. Desafortunadamente, a estas alturas, aún prevalecen conflictos poselectorales que no se han logrado regularizar y con las lamentables consecuencias de pérdida de vidas humanas. Eso ya no puede seguir así, es momento de poner un alto”.

Afirmó que el Gobierno del Estado y los diversos grupos sociales deben priorizar los acuerdos para no afectar la paz y la tranquilidad de la sociedad, pero sobre todo, la educación de más de un millón 300 mil niñas y niños oaxaqueños. “Es necesario que las autoridades estatales y federales garanticen el Estado de Derecho”.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Turismo, consideró que no es sano para la economía, mucho menos para la actividad turística, el que grupos antagónicos mantengan de rehén a nuestro estado, afectan severamente la derrama económica, tomando en cuenta que la mayor parte de las divisas que ingresan a Oaxaca provienen de la industria sin chimeneas.

En este marco y en el caso concreto de la ciudad de Juchitán, la legisladora priista demandó aplicar la ley y devolver la gobernabilidad a la región del Istmo de Tehuantepec, sin connotación política ni tintes partidistas, sólo con el propósito de restaurar el Estado de Derecho.

Dijo que poner orden al sistema de transporte publico es una demanda ciudadana que tiene que atenderse a cabalidad, pero sin cerrar los canales del dialogo con todas las organizaciones involucradas.

“Aplicar la ley para hacer prevalecer el interés publico, es el primer deber de un gobierno, y mas aún cuando se trata de proteger el patrimonio de los istmeños, pero sin que se cancele la interlocución con todos los actores sociales”, finalizó.