OAXACA, OAX., marzo 3.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) iniciará una queja de oficio en contra de la jueza segundo de lo familiar, Elizabeth Roxana López Luna, por solapar la violación a los derechos humanos de una niña triqui que fue vendida por sus padres en 40 mil pesos al abogado Basilio Estrella.

De acuerdo con el ombudsman estatal, Arturo Peimbert Calvo, la menor logró escapar luego de que ésta se enterara que sus padres –María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar– la vendieron a un abogado radicado en la Ciudad de México por 40 mil pesos; además, el comprador quería abusar sexualmente de la menor con el consentimiento de sus progenitores.

Y la joven, ahora de 15 años de edad –tenía 14 cuando fue vendida– fue reintegrada al seno familiar; es decir, sus verdugos, a pesar de que la jueza Elizabeth Roxana López Luna sabía la situación por la cual había escapado.

El defensor de los Derechos Humanos, Peimbert Calvo, señaló que el pasado lunes un grupo de desplazados de San Juan Copala representados por Lorena Merino, mantuvieron retenidos a los integrantes del Consejo Ciudadano de la DDHPO para que no pudieran recuperar a la menor.

Mediante una llamada telefónica, Arturo Peimbert Calvo solicitó a la Juez Segundo de lo Familiar devolver a la menor a la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género y continuar con el proceso de las indagatorias, sin embargo, la servidora pública no accedió a pesar de que la Defensoría había emitido las medidas cautelares para la niña triqui.

“En cuanto la madre se dio por enterada de la recuperación de su hija, esta se abalanzó y la golpeó a puñetazos, la jaló de los cabellos y la obligó a regresar a su hogar para después entregarla al abogado que la había comprado”, mencionó el ombudsman.

Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, señaló que en el Estado de Oaxaca, pero principalmente en zonas de mayor marginación y vulnerabilidad, se continúa vendiendo a mujeres, pero sobre todo a niñas, lo que demuestra que hace falta generar mayores condiciones y respeto a los derechos humanos.

Por su parte, María Eugenia Mata García, consejera ciudadana, dijo que en la actualidad prevalece un problema de género y hasta ahora no hay nada que justifique que las autoridades sigan solapando hechos como el de la menor triqui.

“Es indignante lo que ocurre con las mujeres y peor aun cuando las instancias en materia de impartición de justicia solapan actos discriminatorios”, expresó.