IGUALA, Guerrero, México, octubre 7.- “Me voy a dar el gusto de matarte”, le dijo el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a su compañero perredista de la Unidad Popular de Guerrero, Arturo Hernández Cardona, antes de asesinarlo.

Hay un testigo que narra este crimen cometido por el ahora prófugo de la justicia en un expediente judicial al que he tenido acceso.

¿Por qué a un alcalde cuyo historial de presuntos delitos es largo y contundente, el cabildo de su Ayuntamiento le concede licencia para ausentarse un mes y la Procuraduría de Justicia de Guerrero y el gobernador Ángel Aguirre Rivero asisten a semejante esperpento de impunidad con mirada complaciente? ¿Por qué le dieron tiempo suficiente para convertirse en prófugo?

La historia de este alcalde es ciertamente sospechosa y no empieza con los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

De hecho, sus presuntos vínculos con el narcotráfico eran vox populi en Guerrero y en junio del año pasado, hasta la senadora Dolores Padierna Luan lo había denunciado como un claro ejemplo de narcopolítico.

Son muchos los excesos de poder cometidos por el alcalde, su director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez, e incluso su esposa, presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda de Abarca, junto a sus familiares. La señora Pineda anda en campaña porque quiere ser la próxima alcaldesa.

Bien conocidos eran esos “excesos” del alcalde y el orgullo de su nepotismo: malversación de caudales públicos, desapariciones y ejecuciones; fosas clandestinas, decenas de muertos con el sello de la fuerza del Estado y el crimen organizado, valga la redundancia. Allí están las denuncias judiciales.

Pero nadie lo paró. Nadie fue capaz de detenerlo. Nadie lo molestó. Nadie le quitó su coto de poder. Nadie lo limitó en su frenética carrera. Y los hechos delictivos del 26 de septiembre fueron la gota que derramó el vaso.

En lugar de aprovechar el momento y detener al sospechoso alcalde. El cabildo le da licencia para ausentarse un mes. Por supuesto, que lo siguiente, fue poner pies en polvorosa.

El saldo ya lo conocemos: seis personas asesinadas, tres de ellos normalistas, 20 heridos y 43 normalistas desaparecidos, quienes fueron subidos en camionetas de la policía municipal, según testimonios recabados en el lugar del enfrentamiento. Uno de los chicos ejecutados le sacaron los ojos y lo desollaron.

La policía de Abarca Velázquez no se anda con chiquitas. Los uniformados dispararon a quema ropa a los estudiantes que viajaban en autobuses rumbo al centro neurálgico de su reunión para preparar la manifestación del pasado 2 de octubre.

Los policías municipales volvieron a demostrar su forma de operar cuando rafaguearon a los muchachos en plena conferencia de prensa y luego balacearon el camión con los jugadores del equipo de fútbol de Avispones.

Los habitantes de Iguala conocen la guerra encarnizada que libran los distintos cárteles de la droga para disputarse la plaza, pero nunca imaginaron que el lugar donde viven se convertiría en un narcomunicipio, comandado y dirigido nada menos que por políticos y poderosos traficantes de una gran variedad de estupefacientes y armas.

Iguala, cuna de la consumación de la independencia mexicana, es la tercera ciudad más importante de Guerrero, luego de Chilpancingo y Acapulco, una tierra rica en cultivo de marihuana y laboratorios clandestinos de droga. Entre los nuevos amos y señores de la zona, están los “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”. Ambos se disputan la antigua plaza de los Beltrán Leyva.

En medio de esta batalla entre narcos unidos con políticos corruptos, han quedado los ciudadanos, los estudiantes. Pero el negocio creció de manera próspera desde que llegó a la alcaldía Abarca Velázquez, cuyo talante autoritario no permitía la menor protesta.

Así lo entendió la gente cuando el año pasado ocho activistas fueron desaparecidos. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos demandaron infructuosamente a las autoridades federales una investigación “por la sospecha sobre una posible implicación de autoridades locales” en los delitos contra los defensores de derechos humanos.

Los ocho, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arrollo Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón, miembros de la Unidad Popular de Iguala desaparecieron el 30 de mayo del año pasado, mientras viajaban en una camioneta, que luego apareció en el corralón municipal. Cuatro días después fueron encontrados ejecutados los primeros tres, tirados en la carretera federal Chilpancingo-Iguala con huellas de tortura. Los demás permanecen desaparecidos.

Arturo, Félix y Ángel habían denunciado penalmente al alcalde y a funcionarios del ayuntamiento por hostigamiento y otros presuntos delitos. La respuesta del presidente municipal fue contundente.

Según el expediente al que he tenido acceso, Nicolás Mendoza Vila, uno de los secuestrados que logró escapar, identificó al alcalde Abarca Velázquez de haber asesinado personalmente al activista y dirigente perrredista Arturo Hernández Cardona, un hombre apreciado y muy querido en Guerrero.

El testimonio es contundente:

“Nos trasladaron agachados a un lugar desconocido solo se que era campo porque no íbamos vendados, a este lugar llego una persona a interrogarnos, misma que escribía todo en hojas blancas, nos preguntó nuestros nombres, y direcciones y la de nuestra familia, cuatro hombres armados con cuernos de chivos nos estuvieron cuidando esa noche, uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla en forma de una paleta. Ahí nos tuvieron toda la noche. Al día siguiente treinta y uno de mayo, nos cuidaron ya diez hombres que portaban armas largas, por la mañana nos siguieron pegando, alrededor de las seis de la tarde dos hombres cavaron una fosa. Ya muy noche llegaron tres personas, de los cuales conozco y conocí a dos y si me las ponen enfrente las puedo señalar y son: el presidente municipal de nombre José Luis Abarca Velázquez, al secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco todas ellas con una cerveza barrilito en la mano. El presidente José Luis Abarca Velázquez, ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen, al término de nuestra tortura el presidente municipal se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, diciéndole: “Que tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte”. Al ingeniero Arturo lo siguieron torturando y aproximadamente diez minutos después el director de la policía municipal levanta del suelo al ingeniero Arturo y se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y es el presidente municipal Abarca Velázquez quién le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa, comenzó a llover y no lo taparon, quedo descubierto. El compañero Félix Rafael Bandera Román, al tratar de escapar fue ejecutado, lo se y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron de regreso el cuerpo. Esa noche nos volvieron a interrogar, preguntándonos nuestras direcciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo Hernández Cardona y nuestra participación en la Unidad Popular. Desde ese momento se dedicaron a amenazarnos, solo decían entre ellos que tenían que esperar para ejecutarnos, se dedicaron a excavar fosas, alrededor de las 10 de la noche, reciben una llamada, y se escucha la orden de que “se debía de destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque ya se puso cabrón”. Desenterraron al ingeniero Arturo Hernández Carmona y a Félix Rafael Bandera Román, metieron los cuerpos en una camioneta Cherocky, nos trasladaron a la camioneta donde estaban los cuerpos y nos metieron encima e ellos, nos llevaron cerca de Mezcala y nos tiraron a todos, ahí matan a Ángel Román Ramírez, disparándonos dos personas con armas largas y todos corrimos al monte”.

En la ley fuga aplicada, Nicolás Mendoza Vila se salvó milagrosamente. Su testimonio es clave ahora para conocer qué tipo de individuo es Abarca Velázquez, capaz de asesinar a compañeros de partido.

No es el único muerto cercano a su alcaldía. En marzo del año pasado, fue asesinado el síndico primero del Ayuntamiento, el perredista Justino Carvajal Salgado, con quien no tenía buenas relaciones. Unos días antes, un grupo de hombres armados lo detuvo cuando entraba al palacio municipal. Lo golpearon en el rostro, pero luego se reintegró a sus actividades. Finalmente lo ejecutaron de un balazo en la boca y otro en el pecho.

Con estos antecedentes no es extraño el actual escenario de horror al que asistimos los mexicanos en el estado de Guerrero. ¿Es Guerrero un narcoestado? ¿Qué alguien nos explique por qué el gobernador Ángel Aguirre no hizo nada para encarcelar al presidente municipal de Iguala? ¿Que la PGR nos diga por qué no investigó hace un año al ahora alcalde prófugo de la justicia? ¿Por qué el PRD y sus Chuchos no expulsaron a Abarca Velázquez?

Imagino el dolor de los padres de esos 43 muchachos. ¿Qué podemos esperar de un Estado que masacra a sus estudiantes. Lo de Ayotzinapa es un crimen de Estado. ¡Cuánta barbarie, cuánto dolor, cuánta impunidad!

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