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Infiltró la delincuencia a transportistas de CTM, CNP y Libertad, señalan Diputados

SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, abril 23.- Diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que la delincuencia organizada ha infiltrado a sindicatos de transportistas como el “Libertad”, al privar intereses vinculados más allá del transporte “que tienen que ver con rutas de la delincuencia organizada en el Estado que a veces ven afectados sus intereses”.

Subrayaron que la disputa de rutas y espacios de parqueo entre los sindicatos de transportistas a veces son promovidos e inducidos por partidos políticos y liderazgos que buscan tener una presencia en el Estado.

Señalaron que los sindicatos que han protagonizado en diversas ocasiones actos violentos son la CNP, CTM y Libertad, por la disputas de bases de operación y acarreo de materiales en la obra pública.

El diputado Adolfo Toledo Infanzón, del PRI, manifestó que el sector del transporte es uno de los tres temas que ha venido generando tensión y conflicto de manera inducida y provocada por acuerdos oscuros, lo mismo el rubro educativo y los conflictos agrarios son otros temas que han causado convulsión.

Aun cuando en materia de transporte se ha legislado y se ha dado cuerpo a la Secretaria de Vialidad y Transporte (Sevitra), el Legislador lamentó que “por situaciones de carácter político de concesiones, la disputa de rutas y espacios de parqueo generan conflictos, a veces promovidos e inducidos por partidos políticos y liderazgos que buscan tener una presencia en el Estado”.

El priista consideró que no puede seguir permitiéndose que la capital y las principales ciudades de Oaxaca sigan permanentemente secuestrada por actores de este tipo.

Toledo Infanzón indicó que el titular de la Sevitra, Carlos Alberto Moreno Alcántara, ha tenido la oportunidad y posibilidad de conocer la problemática del transporte y resolverla, pero “ha sido omiso y ha mostrado desinterés de resolver el caos que priva en el transporte”.

Anunció entonces que promoverán la comparecencia del titular de la Sevitra.

Insistió en que “la delincuencia organizada se está infiltrando en sindicatos como el Libertad y hay muchos intereses vinculados más allá del transporte que tiene que ver con rutas de delincuencia organizada en el Estado que a veces ven afectados sus intereses”.

Del mismo modo, se disputan obra púbica como subcontratistas en las autopistas de la Costa y el Istmo. Consideró que los intereses de esos grupos obligan a hacer una revisión de estos sindicatos.

Advirtió que los métodos de confrontación, violencia y provocación que han usado está más que claro que van más allá hacia una lucha de gestión y de clases sociales.

Bajo esta perspectiva, exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “ejercer la ley en base a las averiguaciones que integre y los delitos de quienes han estado violando la ley de manera sistemática. Se debe de aplicar la ley sin margen de negociones más allá de la ley por acuerdos políticos”, exigió.

El diputado local Toledo Infanzón demandó también al gobierno de la República intervenir cuando se afecten vías de comunicación de carácter federal.

Por su parte, el diputado presidente de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura local, Alejandro Martínez Ramírez, del PAN, demandó a la Sevitra poner un alto a la violencia y anarquía en el sector transportista.

Consideró necesario y urgente llamar a comparecer al titular de la dependencia, Carlos Alberto Moreno Alcántara, para que explique al pleno de los legisladores el panorama real en Oaxaca.

“No sabemos cuál es el padrón real de concesionarios en las ocho regiones del Estado y de éstos cuántos más operan en la ilegalidad, en qué zonas y a qué organizaciones de transporte pertenecen”, enfatizó.

El diputado Martínez Ramírez sostuvo que la violencia y confrontación no es la mejor vía para alcanzar los acuerdos entre los transportistas por los sitios y las rutas de pasaje, dado que es facultad y obligación de la Sevitra deliberarlo.
Asimismo, coincidió en que la PGJE y el Tribunal Superior de Justicia del Estado deben valorar las pruebas, videos y fotografías y aplicar la ley sin distingo de grupo.

 

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