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Presentan Centros de Justicia avance físico de apenas el 40% en 10 municipios

OAXACA, OAX., octubre 26.- El gobernador Gabino Cué Monteagudo encabezó este día la sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado, donde se dio a conocer el estado que guardan los diez Centros de Justicia que se construyen en igual número de municipios de la entidad.

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Durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, el jefe del Poder Ejecutivo prometió que Oaxaca cumplirá en tiempo y forma con lo establecido en la Constitución, para que este novedoso sistema opere en la entidad a través de los 10 Centros de Justicia, cuya edificación registra un avance físico del 40%, con una inversión total de más de 650 millones de pesos.

Los centros de Justicia se construyen en las poblaciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Villa Sola de Vega, Ixtlán de Juárez, Putla Villa de Guerrero, Ejutla de Crespo, Huajuapan de León, Tlacolula de Matamoros, San Juan Bautista Tuxtepec, El Espinal y Santa María Huatulco, los cuales prevén concluirse antes del mes de junio del año próximo.

Con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Alfredo Lagunas Rivera, el gobernador Gabino Cué manifestó que el Sistema Penal Acusatorio garantiza a la sociedad procesos más humanos, transparentes y confiables, con estricto apego a los derechos humanos, además de transformar la impartición y procuración de justicia mediante un modelo de carácter oral para recuperar la confianza ciudadana.

Afirmó que Oaxaca es punta de lanza en el país con la operación de este modelo de justicia, toda vez que a partir del año 2007 este esquema ya opera en las regiones del Istmo, la Mixteca, Costa y la Cuenca del Papaloapan, teniendo como meta implementar dicho sistema en las regiones faltantes –Cañada, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales- al cierre del ejercicio 2016.

Adelantó que los Centros de Justicia contarán con los recursos presupuestales, humanos y tecnológicos necesarios para ofrecer un servicio acorde a las exigencias de justicia de la población.

“Con ello estamos contribuyendo a la salvaguarda del Estado de Derecho, al mejorar sustancialmente los procedimientos judiciales, con cabal respeto a los derechos humanos”, expresó Cué Monteagudo.

Subrayó que en Oaxaca, el nuevo Sistema de Justicia Penal está permitiendo restaurar la confianza ciudadana en las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la administración, procuración e impartición de justicia.

En este marco, el mandatario oaxaqueño reconoció la labor emprendida por los órganos encargados de procurar e impartir la justicia penal, así como implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con lo cual se da cumplimiento a la Reforma Constitucional en Seguridad y Justicia, permitiendo que Oaxaca se coloque a la vanguardia nacional en la materia, con sus respectivos códigos procedimentales.

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A través de estas nuevas ordenanzas constitucionales, se impulsa el plan estratégico de implementación de los Centros de Justicia en la entidad, lo que implica que el próximo año se contará con un número más amplio de dichos espacios, los cuales son ciudades judiciales donde operarán las dependencias de Seguridad y Procuración de Justicia, a fin de hacer más funcional el acceso a la justicia a las y los oaxaqueños.

En la Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio, el mandatario oaxaqueño instó a las dependencias y autoridades municipales vinculadas en este proceso a seguir capacitando al personal involucrado para instruirse correctamente en la aplicación de este modelo, entre ellos, jueces, agentes del Ministerio Público, peritos, defensores, mediadores y conciliadores, personal del sistema penitenciario, litigantes, entre otros.

Cabe mencionar que este modelo establecido a partir de la Reforma Constitucional de 2008, se rige por los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, y se fundamenta en el predominio de los derechos fundamentales de víctimas y personas imputadas, creando nuevas figuras y mecanismos procesales.

 

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