“Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”, fue un tweet de Gabriel Quadri que causó gran controversia.

Más allá de la visión reduccionista y racista del excandidato presidencial por el PANAL, habría que analizar por qué estos estados reflejan el fracaso de la política social de los gobiernos estatales y el federal.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Informe sobre Desarrollo Humano y Movilidad, México 2016, ejemplifica la situación como una carrera de obstáculos y señala que los corredores de Chiapas, Oaxaca y Guerrero enfrentan más obstáculos que aquellos que circulan por otros carriles, como la Ciudad de México o las del norte del país. Ahora, ¿qué es lo que propicia la diferencia de obstáculos entre uno y otro carril?

De acuerdo a ese informe, esas entidades federativas redujeron notablemente sus diferencias en desarrollo entre 1949 a 1981: la tasa promedio anual de expansión del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó más de 6% y el gasto social aumentó del 2% al 9% del PIB. La maduración de las instituciones de salud y educación, y la estabilidad económica contribuyeron a reducir rezagos y brechas. La disciplina fiscal adoptada entre 1950 y 1970, contuvo la inflación y favoreció la industrialización con una elevada generación de empleos.

No obstante, entre 1980 y 2000, inició una época en que la dimensión económica empezó a ampliar la brecha entre entidades. Justo en el periodo de instauración del neoliberalismo y la subordinación de la clase política y las políticas públicas a este modelo económico. Durante esos años, hubo una sucesión de crisis y reformas económicas; el crecimiento promedio anual del PIB se registró en 4.2%, el gasto social no alcanzó una mayor participación del PIB. Las reformas profundizaron el papel del libre mercado y provocaron que zonas geográficas con bajo capital humano, limitada infraestructura, alta proporción de empleo en el sector público, distantes a los mercados externos y con poca concentración de población y de actividad económica, presentaran bajo crecimiento.

En este periodo, justo con el modelo que apuntala Quadri, las entidades del norte y centro del país se distanciaron en dinamismo económico respecto de la región sur-sureste. Un ejemplo: en 1950 el Distrito Federal tuvo poco más de tres veces el PIB per cápita de Oaxaca, para 2000 esta distancia fue de seis veces. Y, lejos de comprender esta realidad, con el Pacto por México, signado por el PRI-PAN-PRD en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las llamadas reformas estructurales no han hecho sino agudizar esas contradicciones.

Y es que la intervención del Estado puede contribuir a igualar oportunidades, en la medida en que el gasto público en desarrollo humano se distribuya de acuerdo con las carencias en desarrollo humano. Algo que no se hace, pues la tendencia ha sido un gasto federal descentralizado con tendencia a ser igualitario (esto es un sesgo pro-rico) en vez de uno proporcional a los rezagos en desarrollo (línea de carencias). En 2010, 25% de los municipios con menor desarrollo humano recibió 24.5% del gasto total, mientras que 25% de los municipios con más desarrollo recibió 26.3%.

Además, como señala el Balance de un Sexenio 2012-2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), se requiere transitar a una perspectiva de derechos, intercultural y de género.

El problema, sin embargo, no se reduce al tema distributivo. La falta de institucionalidad, los problemas de gestión, la ineficiencia en el uso del gasto público, la falta de trasparencia y de rendición de cuentas y la corrupción, contribuyen a aumentar la brecha de desigualdad.

Ahí el gobierno federal ha reprobado, pues de acuerdo al CONEVAL, en materia de política social el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo una calificación de 6. Hay 55.3 millones de personas en pobreza, casi 100 mil más que al iniciar el sexenio. 62 millones carecen de ingreso suficiente para adquirir lo básico para vivir; casi un millón y medio más que en 2012.

El desagarre de vestiduras de la clase política no se hizo esperar ante la afirmación de Quadri; sin embargo, antes habrían de dar cuenta de su responsabilidad en que estas entidades conformen el círculo de la pobreza en México. En Oaxaca, por ejemplo, los gobiernos estatales nos deben una explicación de los presupuestos históricos que se les han otorgado desde hace tres sexenios.

Por otra parte, habría que apuntar que la diversidad cultural presente en estas entidades está lejos de ser un obstáculo, sino al contrario. Un ejemplo que señala el informe del PNUD es la comunidad zapoteca de San Sebastián Coatlán, que tiene capacidades institucionales semejantes a municipios de Jalisco, de los primeros lugares en este rubro a nivel nacional.

La desigualdad entre el norte y el sur de México tiene raíces económicas, políticas, sociales; apuntaladas por decisiones de gobierno. Es pues necesario mudar de modelo económico, que el gobierno tenga una perspectiva de derechos y transformar el régimen político. Esos son los retos que debe enfrentar la llamada Cuarta Transformación.

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