La pandemia ante el COVID19 marca un escenario de ruptura, del antes y el después en el conjunto de formas y prácticas de organización, y revela profundas brechas de carácter social entre las regiones del país. La educación y particularmente la educación superior que incluye a las universidades, adquiere una multiplicidad de tareas y retos que deben atenderse con prontitud y sobre la marcha.

En las decisiones, en todos los niveles, es importante considerar el contexto general al mismo tiempo que las particularidades propias de los distintos territorios, de las necesidades de las sociedades locales y regionales, debido a la contingencia y las medidas sanitarias de distanciamiento social y confinamiento, pone en evidencia las profundas asimetrías entre las diversas comunidades educativas y al interior de las mismas.

Por otro lado, también existe desigualdad de condiciones en la organización de los espacios familiares en las zonas de mayor pobreza, caracterizados por la carencia de servicios básicos y hacinamiento, ni que decir de los costos de la inversión tecnológica para sectores sociales en desventaja y los alcances reales de la conectividad para participar en la urgente educación virtual, que permita dar continuidad a los programas educativos, como lo demandan los gobiernos federales y estatales.

Las tareas y retos no son de la misma magnitud para las universidades del país, si consideramos que en las zonas metropolitanas se concentran ventajas tecnológicas y el mayor acceso a las mismas, mientras que otras regiones en donde predomina la población rural, se registran rezagos y carencias de servicios elementales que se suman al déficit tecnológico.

Así tenemos que, si el promedio nacional de servicios de internet en los hogares es de 53 por ciento, hay estados como Oaxaca que apenas alcanzan el 29 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2019).

Importante observar este dato, agregado a otros; por ejemplo, si entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), México alcanza una cobertura del 39 por ciento en educación superior, al interior del país las disparidades también son abismales, y así podemos observar la diferencia entre la ciudad de México, que alcanza una tasa de cobertura del 96 por ciento mientras que el estado de Oaxaca apenas llega al 21 por ciento.

La expresión “que ningún estudiante quede atrás”, resulta atractiva como eslogan de las universidades en la incorporación de tecnologías de la información a sus procesos institucionales, en concordancia con los acuerdos con las autoridades federales, no obstante, las evidentes carencias, las universidades con más desventajas están emprendiendo esfuerzos y nuevas iniciativas, pero sería sumamente importante generar condiciones de mayor respaldo e inversión intergubernamental.

Lo anterior implicaría la suma de esfuerzos para asignaciones presupuestales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como de los congresos federal y estatal y el replanteamiento de normas y convenios con las empresas de telecomunicaciones para colocar el desarrollo de infraestructura en educación a distancia como una prioridad y con perspectiva de justicia redistributiva que permita cerrar brechas.

En el debate se puede insistir que no es lo mismo, que hay más ventajas de la educación presencial en detrimento de la rápida transición a actividades virtuales, denostando la improvisación y de “que no estamos preparados en términos tecnológicos ni pedagógicos”, pero también es claro que nos encontramos en un momento de excepción, imprevisto, y por lo mismo, que  requiere soluciones prontas y tampoco previstas, que no solamente permitan salvar la contingencia sino considerar una perspectiva de largo plazo.

*Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

*Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana