+ La petición de la LXIV Legislatura del Estado incluye a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los organismos autónomos
+ Discrecionalidad y opacidad en materia financiera deben tener punto final en Oaxaca, sostiene el Congreso del Estado
SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, julio 22 de 2020.- La LXIV Legislatura del Estado de Oaxaca exhortó a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los organismos autónomos, a extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica para reintegrar esos recursos económicos a la Tesorería estatal y destinarlos a atender las necesidades de salud, sociales y económicas derivadas de la pandemia del Covid-19.
El punto de acuerdo aprobado sostiene que “la discrecionalidad y opacidad con que son operados los fideicomisos pueden desvirtuar su uso para el beneficio público y orientarse a actos ilícitos y de corrupción”.
Por lo anterior, se solicitó al titular del Poder Ejecutivo estatal, Alejandro Murat Hinojosa, emitir a la brevedad un decreto que instruya a las dependencias estatales a dar por terminados todos los fideicomisos sin mandatos o análogos de carácter estatal, en los que funjan como unidades responsables o mandantes.
La propuesta aprobada este miércoles en sesión ordinaria de Congreso, resalta la preocupación legislativa respecto a la falta de datos exactos sobre el número de fideicomisos públicos administrados por instancias oficiales.
Existe también una carencia de información en cuanto a si hay una estructura orgánica y controles propios de vigilancia para asegurar su transparencia y rendición de cuentas sobre sus operaciones, indica.
Es así que la representación popular coincidió que existe preocupación de que los rezagos históricos de Oaxaca acumulen un mayor número de efectos por la pandemia en perjuicio de la economía y la salud física y mental de la población.
Esta previsión debe obligar a los órganos del poder público de Oaxaca a implementar acciones para enfrentar tales efectos negativos
El Poder Legislativo estatal subrayó que existe el mandato popular para vigilar que los recursos económicos de que disponga el gobierno estatal y los municipios, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, “se administren con austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Aclaró que la demanda a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los organismos autónomos “tiene como objetivo proporcionar transparencia en el manejo del erario estatal, y que los recursos recuperados puedan ser reprogramados y destinados al gasto social en favor de las mayorías, con especial atención en los grupos vulnerables”.
