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Represión-policial-2006

Demanda LXIV Legislatura local castigo vs operadores de la represión del 2006

+ Al gobernador Alejandro Murat Hinojosa le exigen separar, de manera inmediata de sus cargos, a funcionarios que participaron en estos hechos, varios de los cuales hoy forman parte de su gabinete

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, noviembre 25 de 2020.- A 14 años de la represión de las policías federal y estatal contra el movimiento magisterial-popular de Oaxaca, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Estado exhortaron a las distintas autoridades, locales y de la Federación, a “solucionar en definitiva los asuntos relacionados con los crímenes de Estado cometidos por ex servidores públicos que fungieron como operadores de la represión ordenada contra el movimiento social y magisterial del año 2006”.

El llamado incluye también al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que realice las investigaciones necesarias y finque las responsabilidades a que haya lugar en contra del ex secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por delitos y violaciones graves a los derechos humanos cometidos como parte de la represión gubernamental.

Asimismo, para que investigue y sancione a los fiscales generales del Estado de Oaxaca por omisiones para investigar los delitos cometidos por servidores públicos en este mismo periodo.

Al gobernador Alejandro Murat Hinojosa le exigen separar, de manera inmediata de sus cargos, a funcionarios que participaron en estos hechos, varios de los cuales hoy forman parte de su gabinete.

Igualmente, a que en el ámbito de sus facultades “evite la integración a su gabinete de personajes como Jorge Franco Vargas, facilitando así el acceso a la justicia para que se castigue a los responsables por hechos de sangre y otros durante el conflicto social”.

Resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que las autoridades oaxaqueñas de aquel entonces, empezando por el ex gobernador priista Ulises Ruíz Ortiz, cometieron graves violaciones a las garantías constitucionales de la población.

El máximo tribunal de justicia del país dio cuenta de que se cometieron homicidios producidos por armas de fuego en contra de manifestantes durante las marchas del magisterio, y heridas causadas con arma de fuego en contra de personas que se encontraban participando en las “barricadas”.

El exhorto, avalado por la mayoría de legisladores y legisladoras, como de obvia y urgente resolución, se aprobó en ocasión de la conmemoración de la represión cometida en contra el movimiento magisterial y popular durante la séptima megamarcha realizada el 25 de noviembre del año 2006, hecho que produjo decenas de detenidos, presos y perseguidos políticos.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles 25 de noviembre, las y los asistentes guardaron un minuto de silencio en conmemoración del “Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

En esta misma sesión fueron turnadas por la Mesa Directiva a las comisiones respectivas, 50 iniciativas con proyectos de decreto y proposiciones con punto de acuerdo.

También se sometieron a votación 41 dictámenes y se dio publicidad en primera lectura a 15 documentos.

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