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Víctimas de represión en 2006, exigen justicia y atención a sus demandas

+ Integrantes de la Asamblea Permanente, aseguran que el Gobierno del Estado de Oaxaca se ha cerrado al diálogo y prevalece la falta de atención a las víctimas de la represión ocurrida el 25 de noviembre de 2006 en Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de mayo de 2021.- Durante una manifestación realizada hoy en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia en Oaxaca, integrantes de la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Ex Presos políticos de Oaxaca 2006-2007, exigen justicia y atención a sus demandas.

A través de Isaac Torres Carmona, asesor de las víctimas, señalaron los abusos que se han cometido en contra de sus militantes y demandan que se apliquen las leyes para que las violaciones a derechos humanos cometidas contra decenas de personas el 25 de noviembre de 2006, alcancen la justicia anhelada.

Indicaron que el próximo 10 de junio se cumple una década desde que se promulgó en México la Reforma Constitucional en materia de derechos Humanos, a partir de la cual por primera vez se dispone expresamente en la constitución de México, la obligación a cargo del Estado, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado.

En este contexto mencionaron que, a principios de su mandato, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se comprometió a sostener una audiencia con el colectivo de víctimas a efecto de tratar asuntos relacionados precisamente con dicha reforma constitucional y su implementación en el Estado, así como atender sus demandas.

Sin embargo, denunciaron que hasta el momento no se han realizado ninguna de estas acciones, por lo que decidieron movilizarse para hablar con los magistrados y dar a conocer esta controversia con el gobierno estatal, el cual indican, se ha cerrado al diálogo.

Aseguran que en Oaxaca la promulgación de esta reforma constitucional en derechos humanos, no se ha traducido en una sola acción de gobierno que tienda a garantizar el derecho de acceso a la justicia y al resarcimiento integral de los daños a las víctimas. Por el contrario, denuncian que persiste la impunidad, la omisión y el abandono institucional hacia las víctimas.

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