La procuradora general de Justicia del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, confirmó que el caso del atentado a la “Caravana por la paz” perpetrado el miércoles 29 de abril en el acceso a San Juan Copala con saldo de dos muertos, fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, dio a conocer que hasta el momento la Procuraduría oaxaqueña no ha recibido denuncias relacionadas con este hecho, en el que fueron asesinados Alberta Cariño Trujillo, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el observador internacional de origen finlandés Tyti Antero Jaakkola.
Entrevistada al término de la firma del convenio “en materia de seguridad pública, procuración de justicia y prevención del delito” con el Ayuntamiento citadino –realizada el jueves pasado en el salón “Benito Juárez” del Palacio Municipal–, la funcionaria estatal aseguró que la población triqui “está confundida por lo que pasó”.
Despistada, reconoció: “Desconozco a ciencia cierta qué es lo que está pasando en este momento en San Juan Copala; sabemos que es una zona difícil de acceder pero, desde luego, como siempre lo ha sido históricamente, muy delicada, de muchos problemas entre las etnias, entre los grupos indígenas, y esto hace muy difícil el acceso y el proceso de pacificación que el Gobierno del Estado ha estado implementando desde hace mucho tiempo, y sobre todo en estos últimos años; se ha insistido en la presencia de un conciliador, pero no ha sido fácil”.
Reemplazante en el cargo que dejó Evencio Nicolás Martínez Ramírez para irse a la Secretaría General de Gobierno, la funcionaria dio toda una explicación en materia legal:
“El empleo de armas en el lugar de los hechos, algunas de alto calibre, de uso del Ejército, constituye una violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; por tanto, al ser éste un delito de competencia federal, la Procuraduría del Estado ya no podía seguir conociendo de ello, porque era invadir una competencia de otro fuero, y esto desde luego no está permitido.
“Así es que, aun cuando hay delitos del fuero común concomitantemente, como son homicidios y lesiones, aquí lo que surge es el poder de atracción; el delito federal atrae al delito del fuero común, aun cuando éste sea un homicidio; de ahí que, como todos estos delitos federales y comunes o locales, fueron con motivo de los mismos hechos delictivos, entonces tenemos que declinar competencia en favor de la Procuraduría General de la República para que ésta continúe conociendo de todo el caso en general.
“Esto, desde luego, no libera a la Procuraduría del Estado de coadyuvar con la PGR (con peritos, policías y todos aquellos que intervinieron en el conocimiento del caso), como efectivamente lo estamos haciendo”, dijo.
Ni policías ni denuncias
Cuestionada sobre la falta de vigilancia policiaca en la zona, la funcionaria estatal reiteró que “no es fácil, ni la propias corporaciones policiacas federales ni estatales pueden entrar, no es fácil”.
Y evadió el tema: “Este es un tema que incumbe a la Secretaría de Seguridad Pública. La Procuraduría General de Justicia no tiene a su cargo las policías, pero lo cierto es que no entran las policías ahí, no es fácil, los grupos son muy violentos, muy agresivos, y no es un asunto de hoy ni de hace tres años, es un asunto de décadas”.
Sobre las denuncias relacionadas con el atentado en contra de la “Caravana por la paz”, informó que “no hemos tenido conocimiento de ninguna denuncia relacionada con este asunto, más que el legajo de investigación que se abrió en la Subprocuraduría de la Mixteca, y concretamente en Juxtlahuaca con motivo de estos hechos”.
Justicia con apoyo militar
La Abogada del estado también dio a conocer que el mismo miércoles, antes de la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento citadino, se reunió con personal del Ejército Mexicano como parte de “las reuniones de seguridad regional que cotidianamente realizamos, precisamente para hacer un balance de la seguridad en el estado”.
En este sentido, informó que en incidencia delictiva “los delitos patrimoniales siguen siendo los más altos; después les siguen los delitos sexuales, después los delitos contra la integridad corporal, y posteriormente viene los homicidios.
“En el tema de mujeres, la violencia intrafamiliar están punteando, mientras que las extorsiones están ocupando un lugar muy importante, de alguna manera entran dentro de los delitos patrimoniales, porque generalmente afectan el aspecto económico de las personas, y tienen sus altibajos, de repente sube el índice, de repente baja; de ahí la campaña de prevención del delito en materia de extorsiones telefónicas que está realizando fuertemente la Procuraduría”.
Precisó que en el caso del Ejército trató “el intercambio de información para poder continuar con las investigaciones, traerlas hasta sus últimas consecuencias; desde luego, la coordinación para el tema de la prevención, del patrullaje, del apoyo a la ciudadanía”.
Y aclaró que, aunque en materia de narcotráfico no tiene competencia, cuando hay delitos relaciones con este delito los canalizan a la PGR.
El área de Comunicación Social del Ayuntamiento citadino dio a conocer que el convenio de colaboración firmado con la PGJE está regido por cinco cláusulas, las cuales prevén la implementación de mejores estrategias y tareas de carácter institucional para la capacitación y profesionalización de los policías municipales y de agencias, así como de los jueces calificadores.
