El mismo domingo, cerca de las 10 de la mañana, los pistoleros de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), que retenían por la fuerza a seis mujeres indígenas del municipio autónomo de San Juan Copala y a seis niños (dos de ellos bebés), permitieron que el grupo continuara su camino y regresara a su comunidad.

El virtual secuestro duró cerca de diez horas, desde las siete de la tarde del sábado.

A su llegada al pueblo, las mujeres aseguraron que el grupo armado las amenazó de muerte y les robó el dinero que les entregó el programa federal “Oportunidades”, además de los víveres que habían comprado en la cabecera municipal de Juxtlahuaca.

Desde San Juan Copala, una de las indígenas del grupo –que pidió el anonimato– denunció que el sábado, a primeras horas de la tarde, fueron encañonadas por 15 hombres encabezados por los dirigentes de Ubisort, Rufino y Anastasio Juárez, caciques locales.

Cerca de 20 mujeres que iban en el grupo lograron escapar. Las seis retenidas fueron obligadas a permanecer arrodilladas hasta que anocheció, encañonadas por los hombres, que cortaban cartucho y disparaban al aire cerca de ellas y los niños. Dijeron que fueron forzadas a pasar la noche en un cuartel militar abandonado a pocos kilómetros de San Juan Copala.

Según la denuncia de esta mujer –que aseguró estar dispuesta a presentar una denuncia ante el Ministerio Público si se le garantiza protección para salir del pueblo–, Rufino Juárez se presentó ante ellas el domingo por la mañana preguntándoles: “¿Quién de ustedes fue la chismosa que avisó a Oaxaca?”.

Sin embargo, los dirigentes de la Ubisort se deslindaron de la agresión y desaparición de las mujeres que fueron a recibir los recursos de Oportunidades:

“En La Unión cuidamos a las señoras; pasaron, fueron y cobraron; nadie las molestó, porque estamos seguros que tienen derecho a vivir y comprar sus alimentos”, señaló l Ubisort en un comunicado de prensa difundido por Internet.

En la Ciudad de Oaxaca, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera denunció desde la noche anterior la retención del grupo de mujeres que se aventuraron a abandonar el sitiado municipio para acudir a Santiago Juxtlahuaca y recibir ahí los apoyos de Oportunidades.

El comisionado de Derechos Humanos del municipio autónomo, Jorge Albino Ortiz, dio a conocer los hechos.

Después de amagarlas nuevamente y advertirles que si los pobladores de Copala “no se afilian a la Ubisort o al PRI los vamos a matar a todos”, les permitieron continuar su camino una a una.

Así fue como llegaron dispersas, en pequeños grupos, al centro del municipio, donde algunas dijeron que no van a denunciar los hechos por temor a represalias.

Desde el viernes, las mujeres que llegaron a Juxtlahuaca habían solicitado protección a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca para regresar a sus hogares.

Esa instancia asignó a varios visitadores y, respaldados con elementos de la policía estatal, acompañaron el retorno de las mujeres, pero no a Copala como se requería, sino a Yosoyuxi, a medio camino.

De ahí, las mujeres tuvieron que continuar solas y a pie. Conforme a la denuncia de la comisión humanitaria de la arquidiócesis, en el trayecto, a la altura de la localidad de La Sabana, fueron “atacadas nuevamente por un grupo de aproximadamente 15 personas que eran dirigidas por Rufino y Anastasio Juárez, quienes iban en estado de ebriedad”.

Nueva caravana humanitaria a Copala

Las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala convocaron para el 8 de junio próximo a una nueva caravana civil humanitaria, denominada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola”, en homenaje a los activistas asesinados en abril pasado en una misión similar a fin de entregar alimentos y víveres a los habitantes.

“Las condiciones humanitarias son extremas por lo que la gente no aguanta más sin agua, luz ni alimentos”, afirmó el portavoz de la autoridad, Albino Ortiz, miembro del MULTI.

Asimismo, hizo un llamado a la Cruz Roja Internacional, a Amnistía Internacional, a Brigadas Internacionales de Paz y a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México a sumarse a esta misión.