Los medios de comunicación públicos deben considerarse como instituciones de interés general, que respondan a las necesidades de comunicación y de información de los ciudadanos, independientemente de ideologías partidistas o religiosas; no se trata de medios al servicio del gobierno ni mucho menos de medios al servicio de un partido o facción.
Por ello preocupa el uso que se le está dando a la radio y a la televisión pública oaxaqueña en la actual coyuntura electoral. No solamente porque el rumbo de esos medios de comunicación se hayan reflejado en la entrevista que trascendió entre el gobernador y el vocero de la campaña del candidato del PRI a la gubernatura, ni por la evidente parcialidad a que se les sujeta con la difusión de propaganda proselitista, sino sobre todo, por el uso de facto que se ha hecho de dichos medios, de su entrega a concesionarios de la radio comercial o de personajes afines que desconocen el sentido de la comunicación pública.
Ese desconocimiento se refleja en su programación diaria, en sus noticieros y demás, en donde lo que menos importa es la retroalimentación con los diversos grupos sociales para contribuir con la formación de una ciudadanía más informada, crítica y participativa en los diversos asuntos de su entorno.
Por el contrario, la CORTV se ha limitado a mostrarse como vocera del gobierno en turno y con la producción de programas de pésima calidad técnica y sin contenidos. En síntesis, una mala réplica de lo que hacen los medios comerciales, hasta en la programación musical de sus estaciones de radio. No son alternativas en el cuadrante.
Con la continuidad del actual grupo gobernante, el futuro de la CORTV será el que se perfiló en la entrevista ya difundida; la “sofisticada” perspectiva del vocero priista podría convertirse en la política de comunicación social de todo el sexenio; él, o alguien como él, indicará quién debe salir en pantalla y micrófonos, y quién no, desperdiciando todo el potencial comunicativo y pedagógico de esos medios.
El plan sería operar sin la mínima propuesta de comunicación pública y más como ejecutor de órdenes para desaparecer cualquier opinión que contravenga el punto de vista de su jefe.
La ignorancia del potencial educativo y persuasivo de esos medios electrónicos por parte de los personajes que se coloquen en su dirección, marca la necesidad de regular los usos de la radio y televisión oaxaqueña, de legislar para el establecimiento de una política efectiva de comunicación y servicio social, al margen de esos criterios verticales y patrimonialistas que han predominado en el quehacer de los mismos y que se expresan de la peor manera en tiempos electorales.
Resulta urgente la conformación de un consejo ciudadano que establezca criterios sobre contenidos y posibilidades para emprender proyectos de comunicación de más alcance, que dé cabida al debate abierto de ideas, a la pluralidad sociopolítica, al reconocimiento del derecho a la información, que se erija como alternativa a la formación cultural de la sociedad y que genere conciencia sobre los principales problemas que como sociedad debemos resolver.
Un consejo que garantice que los medios públicos se abran a las iniciativas de los colectivos de jóvenes, de los pueblos indígenas, de los académicos, de los diversos foros ciudadanos y de las organizaciones civiles; que integre propuestas muy específicas como las planteadas en la Agenda de las mujeres 2010 en su apartado sobre medios de comunicación; entre otros puntos, propone que desde los medios se alienten acciones ciudadanas a favor de la equidad, la no violencia de género contra las mujeres, el rechazo a las expresiones de misoginia y discriminación, así como de toda forma de violencia, como asuntos de interés prioritario.
De acuerdo con Sartori, en Homo videns, la sociedad teledirigida, el peso de los medios masivos es tan acentuado sobre la conformación mental de la sociedad que puede decirse que la realidad no son los medios de información, pero los medios contribuyen sustancialmente a construir lo que la mayor parte de la población reconoce como la realidad; en materia política, apunta que ésta resulta difícil sin la presencia y acción persuasiva de los medios informativos.
Así podemos observar que estos medios tienen capacidad de imponer la agenda de temas políticos y decidir lo que es importante, de lo que no lo es.
Según Esteinou Madrid, los medios tampoco son el aparato jurídico, pero estos se han convertido en los tribunales electrónicos que linchan o absuelven a las figuras públicas antes de que se recurra a los procesos jurídicos constitucionales.
No son los partidos políticos, pero producen el mayor caudillismo electrónico, rebasando a las organizaciones políticas tradicionales.
Los medios no son la economía, pero ninguna economía contemporánea puede funcionar sin la cultura de consumo que producen los medios a través de la publicidad y la propaganda.
Agrega que “a partir de las grandes capacidades persuasivas que han conquistado los medios sobre los campos de conciencia de los auditorios, las verdades mediáticas sustituyen cada vez más al resto de verdades sociales, incluyendo a las jurídicas, éticas y morales”.
Por ello podría plantearse que el proceso de democratización local, de las exigencias del derecho a la información y de la misma reforma del Estado, pasa necesariamente por el uso adecuado de los medios informativos.
Esta cuestión resulta difícil de resolver respecto a los grandes medios con fuertes intereses económicos y políticos, pero es posible cuando se trata de democratizar y reorientar el uso de los medios públicos locales, como es el caso de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
Este espacio debería abrirse para los debates entre candidatos en la actual contienda para que puedan hacer llegar sus propuestas a los ciudadanos, en ejercicios cívicos de expresión directa, sin apuntadores ni expresiones de segunda mano o de frases hechas al vacío por los asesores en marketing electoral.
* Catedrático universitario e investigador del IISUABJO