Los resultados de las elecciones del 4 de julio pasado con el triunfo de los candidatos de la coalición opositora en la gubernatura, en la mayoría de escaños del Congreso local y en las presidencias de municipios importantes, no constituyen una meta en sí; son apenas el punto de partida de un proceso en donde las nuevas autoridades tienen la responsabilidad de construir la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la legalidad.
Una confianza que empieza a construirse con la idea de que el voto sí vale, no porque lo diga la propaganda de las instituciones electorales sino porque se ratifica en la reciente experiencia de los ciudadanos oaxaqueños, quienes habíamos resentido anteriormente el trafico y la manipulación histórica de nuestro voto; permanecíamos como espectadores de alternancias y cambios institucionales en otras partes del país, ya que en esta tierra solamente se resentían las continuidades autoritarias.
No se trata del triunfo de algún partido político, grupo o personaje en particular, sino de muchos ciudadanos sin militancia partidista que empezamos a confiar en que el voto puede generar cambios en la correlación de fuerzas de los grupos de poder, que nos permita avanzar hacia un sistema de pesos y contrapesos, que evite la excesiva centralización del mando en una sola persona como había ocurrido en nuestra experiencia política.
La principal contribución de la reciente jornada electoral es que abre una puerta para encaminarnos hacia una ruta de cambio pacífico ante el hartazgo de gobiernos ineficientes, con funcionarios que no habían buscado otra cosa más que su propio beneficio, mientras que los canales institucionales se encontraban atrofiados; por eso muchos ciudadanos no encontraban otras salidas para hacerse escuchar que las movilizaciones en las calles y en las plazas públicas.
Afortunadamente, el voto de la mayoría de los votantes el domingo pasado, pudo sortear las dificultades de la guerra sucia, de las descalificaciones personales, del comercio y de la manipulación de encuestas, de las redes de coacción que operaron desde la estructura gubernamental, del clientelismo barato de votos por despensas y de las campañas de intimidación para desalentar la participación de los ciudadanos en las urnas.
Respecto al dilema de lo que sigue, más que una agenda de algún partido político en particular y su defensa doctrinaria, habría que plantear que el candidato ganador a la gubernatura, Gabino Cué, el nuevo Congreso y las nuevas autoridades municipales, consideren la oportunidad de coordinar una agenda ciudadana con visión de largo plazo.
Una agenda que no se circunscriba a una combinación de cierta dosis de amarillo con otra de azul y naranja, sino de que los gobiernos producto de la coalición empaten con las expectativas de los ciudadanos.
No se trata de virar hacia la derecha o hacia la izquierda, sino de voltear hacia las demandas y expectativas de una ciudadanía cada vez más participativa y exigente; hacia las propuestas de las asociaciones civiles, de los colectivos, de los movimientos sociales y de muchos ciudadanos sin filiación partidista.
En este proceso no se trata de partir de cero ni de generar nuevos descubrimientos; ya hay camino andado. Sobre la mesa hay varias iniciativas civiles, entre las que destaca el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, mismo que fue elaborado a partir de un ejercicio importante de consulta y retroalimentación popular.
Este anteproyecto propone la regulación de 13 instrumentos de participación ciudadana: 1) La Iniciativa Popular Legislativa, 2) La Iniciativa Popular en materia Administrativa, 3) El Plebiscito y la Ratificación del Mandato, 4) El Referéndum, 5) La Revocación de Mandato, 6) La Petición de Remoción Administrativa, 7) La Observancia, Monitoreo o Contraloría Ciudadana de la gestión pública y de la prestación de servicios públicos, 8) La Consulta y Audiencia Pública, 9)El Cabildo Abierto, 10) La Gaceta de Información a la Ciudadanía, 11) Asamblea Comunitaria, 12) Tequio o Trabajo Colectivo y 13) Presupuesto Participativo.
Más que la aplicación rígida de instrumentos, la iniciativa abre la posibilidad de procurar múltiples combinaciones con los aportes de las tradiciones comunitarias indígenas, las nuevas iniciativas impulsadas por las organizaciones ciudadanas y el trabajo emprendido desde la academia, como puntos de partida de los cuales pueden derivarse nuevas orientaciones públicas.
El anteproyecto es guiado por el principio de que la política no se puede circunscribir a la dimensión gubernamental ni al quehacer de las burocracias, sino que es competencia de todos quienes desarrollen trabajos por el bien común, desde los habitantes de una pequeña localidad rural hasta los de las grandes ciudades.
De la misma manera, la democracia no puede quedar en manos de los partidos políticos ni de funcionarios de los organismos electorales, así como tampoco puede reducirse al momento de la elección de representantes. La democracia debe estar sustentada en el largo plazo con la participación directa de los ciudadanos involucrados.
Con estas consideraciones, podría plantearse que el voto mayoritario a favor del cambio, registrado el 4 de julio, es apenas el punto de partida para abrir un proceso de reivindicaciones ciudadanas, las cuales serían muy difíciles de alcanzar en un contexto autoritario como el que va quedando atrás.
*Investigador del IISUABJO
