La mayoría priista en la sexagésima Legislatura estatal reformó este jueves la Ley Orgánica del Congreso del Estado para que en la próxima Legislatura que entrará en funciones el 13 de noviembre próximo, se elimine la figura de la Presidencia de la Gran Comisión, la cual siempre estuvo presidida por un priista, y en su lugar se crea la Junta de Coordinación Política.
En protesta, diputados de las bancadas del PAN, PRD, Convergencia y Unidad Popular tomaron la tribuna durante diez minutos y denunciaron que dicha reforma, propuesta por la bancada del PRI como decreto de “urgente y obvia resolución”, obedece a los intentos del gobernador Ulises Ruiz Ortiz de “minar el camino al próximo gobierno de oposición” que es mayoría y entrará en funciones el 13 de noviembre en el Congreso del Estado y el 1 de diciembre en el Poder Ejecutivo con Gabino Cué Monteagudo.
Y es que en mediante la propuesta del partido tricolor se hicieron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 39, 40, 41, 55, 57, 60 y 62 para dar paso a la Junta de Coordinación Política, la cual será presidida por el coordinador de la fracción parlamentaria que cuente con la mayoría absoluta por sí misma; es decir, el PRI, que será la primera fuerza política en el Congreso del Estado con 16 diputados en la próxima Legislatura.
Así, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, que durará en el encargo los tres años de la 61 Legislatura, tendrá las atribuciones de proponer ante el pleno la designación del Oficial Mayor y el Tesorero.
Las modificaciones más relevantes al Reglamento Interior del Congreso del Estado, en sus artículos 39, 42, 44, 52 y 59, establecen que el Presidente de la Junta de Coordinación Política nombrará a los empleados y cubrirá las vacantes que resulten necesarias para el servicio de la Legislatura.
La propuesta fue presentada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, a través del secretario de la Gran Comisión, diputado Antonio Amaro Cancino, y avalada con 26 votos a favor, 25 del PRI y uno del aún diputado del Partido Nueva Alianza (Panal) y desconocido dirigente del mismo, Cristóbal Carmona Morales.
Las bancadas del PAN, PRD, Convergencia y PUP sumaron los 12 votos en contra, en tanto que el único diputado del PT, Juan Bautista Olivera Guadalupe, como es su tradición, abandonó el salón de sesiones a la hora de la votación, para favorecer con ello al PRI.
La esencia de esta reforma es garantizar que a partir del 13 de noviembre próximo el PRI siga controlado la 61 Legislatura, cuando menos en el arranque, a pesar de que no tendrá mayoría absoluta, pues de los 41 legisladores sólo 16 son del PRI y 26 de la oposición.
De acuerdo con este decreto, la Junta estará integrada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado.
En la nueva Legislatura, el PRI tendrá 16 diputados, seguido por el PAN con once y el PRD con diez, Convergencia con tres, Partido del Trabajo dos y Unidad Popular con 1.
De no haberse hecho esta reforma, la mayoritaria coalición opositora, conformada por PAN, PRD, PT y Convergencia, hubieran podido elegir al presidente de la Gran Comisión del Congreso para los próximos tres años de gobierno legislativo.
Señalamientos en contra
El coordinador de los diputados del Partido Convergencia (PC), Benjamín Robles Montoya, acusó al PRI-Gobierno de negarse a morir al violentar la autonomía y vida parlamentaria del Poder Legislativo.
Anunció que esta reforma será derogada en la próxima Legislatura, porque obedece a actitudes retrógradas.
“Se niegan a reconocer el juicio del mandato popular, porque lo que sucedió el 4 de julio fue por actitudes autoritarias y al perder en las urnas respiran por la herida”, espetó.
“El PRI se niega a morir, pero sin los recursos públicos para comprar el voto… está destinado a desaparecer en Oaxaca”, auguró el legislador convergente al tiempo de insistir que el PRI actúa por revancha y no entiende el mandato de la ciudadanía en las urnas que dio el triunfo mayoritario a Gabino Cué Monteagudo.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Jesús Romero López, aún cuando reconoció la necesidad de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la rechazó y pidió turnarla a comisiones para una amplia discusión por favorecer al PRI.
La calificó como un albazo de la mayoría priista, ya que las modificaciones obedecen a la pretensión del tricolor de retener la presidencia del Congreso para negociar impunidad de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo estatal.
A su vez, el coordinador parlamentario del PAN, Dagoberto Carreño Gopar, denunció los intentos de gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a través de la bancada priista, de realizar acciones para “poner piedritas en el camino al próximo gobierno” que encabezará Gabino Cué a partir del 1 de diciembre.
El panista advirtió que de aquí a que termine la actual LX Legislatura, el PRI y el Ejecutivo estatal “van a generar todas las reformas legales necesarias para ponerle piedras en el camino al nuevo gobierno”.
Adelantó, sin embargo, que la nueva Legislatura tendrá amplias facultades y los votos necesarios para restituir el orden legal que se violentó con las reformas a la Ley orgánica y al Reglamento Interno de sesiones del Poder Legislativo.
A su vez, el diputado albiazul y presidente de la Comisión de Administración de Justicia, Alfredo Ahuja Pérez, calificó como incongruente la propuesta del PRI al no tratarse de una ley integral que debió ser reformada tiempo atrás.
Sostuvo que esta reforma “excluye la participación de esta representación popular que tendrá el nuevo Congreso y pretende imponer nuevamente el criterio cuantitativo al de las mayorías”.
En tanto, la legisladora de Acción Nacional, Perla Woolrich Fernández, señaló que “a pesar de parecer una buena idea esta reforma, sólo es un parche mal pegado”.
En defensa de su propuesta, el priista Amaro Cancino resaltó la “necesidad de que la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca se actualice, pues se diseñó bajo un espectro diferente de fracciones parlamentarias, por lo que ya no responde a la realidad que ha impuesto el resultado de las elecciones del 4 de julio de 2010”.
Dijo que “es indispensable adecuar las disposiciones” para la participación de las diferentes fuerzas políticas en la organización, dirección y funcionamiento de los órganos de gobierno del Congreso del Estado, a fin de propiciar un mayor equilibrio político para el cumplimiento a las responsabilidades constitucionales a cargo del órgano Legislativo estatal.
Aprobada la reforma por la aplanadora priista, tras dos rondas de votaciones y luego de obligar a su compañera de partido, Carmelina Cruz Silva a votar en favor, porque su voto inicial era en contra, los diputados abandonaron el salón de sesiones.