El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Romero López, exigió al Gobierno del Estado y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), no convulsionar más los 300 conflictos agrarios que se presentan en la entidad.

Según el representante popular, 13 de ellos son considerados “focos rojos”, de los cuales algunos se ubican en las comunidades de Cuilápam de Guerrero, Santo Domingo Ixcatlán, Chalcatongo de Hidalgo, San Francisco del Mar, Santiago Amoltepec, y Zenzontepec.

Romero López pidió a los gobiernos federal y estatal realizar su mejor esfuerzo a favor de las comunidades en conflicto, a fin de evitar pérdida de vidas humanas, como sucedió el fin de semana durante el enfrentamiento entre habitantes de Mixtepec y Yosoñama, en la región Mixteca.

Además, exhortó a los municipios con disputas agrarias, sociales y/o políticas a buscar acuerdos mediante el diálogo, para que prevalezca la paz y estabilidad social en las zonas, y no los intereses de grupo o de organizaciones sociales.

Decisiones, no de escritorio

Sin embargo, para el representante popular no basta la buena voluntad de las autoridades, sino que es fundamental la capacidad de negociación y oficio político para concertar acuerdos con las partes involucradas.

“(Porque) mientras que esto no sea posible los gobiernos federal y estatal no pueden ponerle fin a los conflictos”, anotó.

En su opinión, es urgente que finiquiten los conflictos agrarios “y dejen de administrarlos o dar soluciones desde la capital del país y el estado.

“Deben trabajar directamente con las comunidades y concretar la conciliación entre las partes enfrentadas para lograr soluciones reales, por consenso y definitivas”, consideró.

El legislador sostuvo que la firma de convenios no es un requisito indispensable para solucionar los problemas agrarios, sino que será la coordinación entre autoridades para que las partes involucradas contribuyan a resolver las controversias.

Suficientes recursos financieros

Es más, abundó, la SRA tiene los recursos financieros suficientes para la resolución de los conflictos y exhortó a la dependencia “a otorgarlos bajo los criterios que marca la Ley y no por presiones o intereses de grupo”.

Por último, urgió la suma de esfuerzos entre los gobiernos federal y estatal, porque solo así se podrán acortar los tiempos para solucionar los conflictos agrarios y dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra para las familias oaxaqueñas.