El dirigente del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), Porfirio Domínguez Muñozcano, demandó al gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, abanderar la lucha legal en contra del gobernador constitucional, Ulises Ruiz Ortiz, por su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones del 2006 y 2007.

Paralelamente, al cumplirse cuatro años de la reyerta de 2006, Domínguez Muñozcano, quien durante el movimiento de 2006 fue detenido y golpeado por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), exigió “una muestra de dignidad” al actual titular del Poder Ejecutivo estatal para aceptar la documentación jurídica integrada en su contra.

“El mejor homenaje que podríamos hacerle a nuestros asesinados y desaparecidos, es esclarecer los hechos y para ello primero demandamos la cárcel y el juicio político para Ulises Ruiz”, dijo.

Tras indicar que un gobierno de paz y progreso no puede desatender las demandas de justicia del pueblo de Oaxaca, solicitó al próximo Gobernador del estado, no avalar el engaño planteado por Ruiz Ortiz de los hechos de 2006.

Bajo este concepto, la Cofadappo solicitó una audiencia al Mandatario estatal electo, pero hasta el momento no tienen respuesta para fijar fecha y hora.

“Para que haya paz y progreso, que fue un slogan de su campaña, primero debe de haber justicia porque hay muchos pueblos que viven en conflicto por la violación a sus recursos naturales, por los asesinatos en diversas partes del estado. Si esto sucede es porque no hay justicia”, asentó.

Tras las detenciones “arbitrarias” de 2006 que derivó en la conformación de la Cofadappo, los familiares de los asesinados y desaparecidos se mantienen en una lucha permanente, “vigente las 24 horas, sin vacaciones ni descansos. Seguimos exigiendo justicia, seguimos reclamando justicia al gobierno federal por las detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas”, apuntó.

A cuatro años de distancia de la reyerta social y frente a la inoperatividad de los órganos de procuración de justicia, Domínguez Muñozcano sostuvo que así pasen diez años, mientras la justicia no alcance a los responsables intelectuales y materiales de las agresiones y violaciones a los derechos humanos, la Cofadappo seguirá en la brecha de la lucha social.

“Estaremos siempre con el propósito de sumarnos a todos los esfuerzos para exigir el castigo a los responsables de las graves violaciones”, declaró.