La impartición de justicia laboral es uno de los grandes pendientes del gobierno mexicano, del oaxaqueño en particular y una agravante para quienes vivimos, ya seamos trabajadores o patrones, al extremo norte del estado de Oaxaca.

En ese contexto, en los últimos días el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) se ha manifestado por tomar por cuenta propia la justicia laboral, lo cual, independientemente de lo justo o injusto de sus reclamos, es un despropósito, pero tiene las atenuantes que mencionaremos más adelante.

Por su parte, el lado patronal en voz del líder de la Cámara de Comercio ha dicho, con toda razón, que defenderá a sus agremiados ante cualquier intento de violentar el estado de derecho.

El asunto sin lugar a dudas es complejo. Independientemente de los casos en particular, la experiencia indica que tanto existen patrones abusivos como empleados desleales, pero para resolver las controversias conforme a derecho se hace necesaria la participación de un tribunal especializado, pues las cuestiones de derecho no se pueden dirimir bajo presión o violencia.

Sin embargo, el hecho de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se encuentre en la Ciudad de Oaxaca; es decir, a 230 kilómetros de distancia, hace realmente inaccesible la justicia laboral, principalmente para los trabajadores, debido a los elevados costos del traslado, hospedaje, alimentación y honorarios del abogado.

Es por ello que ante la mencionada inaccesibilidad, cobran especial importancia las organizaciones como la ya mencionada.

Por ello, una propuesta que ha sido retomada por el Colegio de Abogados y debería empujarse desde las organizaciones sociales, los sindicatos y las asociaciones patronales, ahora que se habla de un cambio en y de gobierno, es el establecimiento aquí en Tuxtepec de una Junta de Conciliación y Arbitraje.

Ello tendría los siguientes beneficios para todos, trabajadores, patrones, abogados y ciudadanos en general:

PRIMERO: Daría a Tuxtepec, por la vía de los hechos, la importancia de la que tanto se habla, pero poco se manifiesta en cuanto a trato desde el gobierno estatal se refiere.

SEGUNDO: Crearía un clima de paz social pues se evitarían prácticas como la de hacerse justicia por cuenta propia y la impunidad de patrones abusivos se vería reducida.

TERCERO: Es claro que la paz social es un aliciente para la inversión. La inversión significa empleo y esto redunda en mayor desarrollo y seguridad social.

Como dato relevante es de mencionarse que algunas organizaciones sociales apoyaron a los actuales gobiernos electos tanto a nivel municipal como estatal y uno de los regidores electos fue también representante patronal.

Además, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, se ha manifestado por impulsar el cambio mediante la justicia social.

En conclusión, esta es una buena oportunidad para pasar, en materia de justicia laboral, de los discursos a los hechos.