Los meses que van de las elecciones del 4 de julio al 1 de diciembre del 2010, que marcan la primera etapa de la alternancia que vive Oaxaca, se observan más como un hoyo negro de ingobernabilidad y de cobro de facturas entre grupos de poder, que como un periodo de transición de un gobierno a otro.
Ocurren conflictos, situaciones de violencia, asesinatos, expresiones de justicia por propia mano y vacíos de autoridad; en particular, resaltan diversos atentados contra los derechos de los ciudadanos propiciados por los poderes fácticos tanto de la ciudad como de las diversas regiones, y en todos los casos las autoridades salientes eluden su responsabilidad.
El ejemplo más claro ocurrió la semana que termina cuando los ciudadanos de la capital y de los municipios conurbados fueron secuestrados por los concesionarios del transporte público a través del bloqueo de avenidas y cruceros con sus propias unidades, para presionar a la autoridad sobre el incremento al costo del pasaje de 4.50 a 7 pesos.
Por su parte, la autoridad responsable, en lugar de llamar a cuentas a los empresarios del transporte por su comportamiento delincuencial y su voracidad contra la población que requiere de sus servicios, mostró un comportamiento tímido y respondió a las condiciones e imposiciones de los transportistas.
En el intercambio de expresiones públicas, los empresarios del transporte mostraron un ajuste de cuentas con los que salen y de exhibición de fuerza con los que entran. Acusaron al Gobierno estatal de indolencia, mientras que el encargado del Transporte en el estado señalaba que no había condiciones para dialogar con los transportistas debido a que estos no habían renovado el parque vehicular y por el incumplimiento de acuerdos signados en el 2008 para evitar la circulación de “unidades chatarra”.
Sobre el diferendo mencionado se impusieron los transportistas y procedieron al incremento del precio del pasaje, mientras que el referido acuerdo sobre la renovación del parque vehicular quedó en segundo término.
También quedó relegado el agravio a la población en su derecho al libre tránsito con el bloqueo de avenidas realizado por los empresarios del transporte.
El desafortunado mensaje del gobierno que fenece es que los problemas públicos se arreglan en las calles; tanto las protestas legítimas de ciudadanos hartos de que sus problemas no se resuelvan, pero también las presiones facciosas de grupos de poder, en este caso los concesionarios del transporte urbano.
Entre la población este tipo de situaciones alimenta más la idea de que la ley está al servicio de quienes tienen más poder y de que éstos son capaces de doblegar y cooptar a los encargados de vigilar la aplicación de las normas.
En esta misma semana trascendió la presentación de una iniciativa ante el Congreso del Estado para regular las movilizaciones de protesta cuando lo que bastaría es que las autoridades cumplieran con su responsabilidad para atender las demandas legítimas de la población e intervenir en los conflictos de manera imparcial, sin favorecer a algún grupo en particular, como ocurre con los transportistas.
Las demandas de la ciudadanía podrían sintetizarse en el cumplimiento de la ley y en el funcionamiento efectivo de las instituciones, al servicio de la sociedad en su conjunto y no de unos cuantos.
Sin el comportamiento abusivo de los gobernantes y de los grupos de poder, y sin el uso faccioso de las instituciones, seguramente no sería necesaria la regulación de protestas.
Otro ejemplo de vacío de autoridad y de lo que no deben hacer los gobernantes se ha acentuado en las últimas semanas en el municipio conurbano de Santa Lucía del Camino, donde sus habitantes seguramente se preguntan ¿Quién gobierna?
Desde el principio de su periodo de gobierno, en el 2008, el Presidente municipal se convirtió en el principal promotor de que los ciudadanos salgan a tomar los cruceros y avenidas que atraviesan por esa localidad.
Este municipio tiene ya un record de manifestaciones de protesta en las calles por parte de diversos grupos, desde los regidores de los partidos opositores, los empleados del ayuntamiento, los policías, los colonos sin militancia partidista, los agremiados de su propio partido político, el PRI, y en el colmo, hasta su antecesor, quienes han pedido la revocación del mandato del munícipe.
Las acusaciones son comunes y se centran en las características de los gobiernos autoritarios, personalismo, nepotismo, corrupción, falta de respuesta a las demandas ciudadanas, abuso de autoridad, tráfico de influencias, protección de giros negros, y falta de transparencia en el ejercicio de recursos públicos.
Este último aspecto no es de menor importancia, puesto que el municipio recibe por lo menos 50 millones de pesos anuales en aportaciones municipales y en recursos descentralizados, sin considerar los ingresos propios del municipio.
Aunque no es una excepción, puesto que Santa Lucía del Camino, la cuarta ciudad con mayor población en el estado, adolece de uno de los principales problemas de la mayoría de los municipios oaxaqueños, como es la opacidad en el manejo de los recursos públicos, situación que se presenta como una de las principales fuentes de descontento de los ciudadanos y de pérdida de credibilidad en la autoridad.
Contra este tipo de deficiencias tendrán que luchar los gobiernos electos, tanto los municipales como el estatal, para construir la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la legalidad.
A los que salen se les tiene que exigir rendición de cuentas, y en su caso la aplicación de la ley, puesto que en esta etapa prolongada de tránsito de un gobierno a otro están ocupados, pero en empacar sus cosas y en borrar las huellas de sus abusos e incompetencias.
Lo que no hicieron en tiempos de relativa normalidad no lo van a hacer después de que los ciudadanos marcaron su expulsión de las posiciones de gobierno el 4 de julio último.
(*) Investigador del IISUABJO
sociologouam@yahoo.com.mx
