MÉXICO, D.F., septiembre 2.- El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, denunció el hostigamiento, robo y allanamiento de morada en contra de la abogada defensora de Derechos Humanos (DH) en Oaxaca, Mayen Pilar Arellanes Cano, ocurrido el 26 de agosto pasado.
En un comunicado de prensa, la fundadora del “Comité de Liberación 25 de Noviembre”, y del Centro de Defensoría en Derechos Humanos IIN NTUSU (CEDEDH), responsabilizó al gobierno federal y estatal de su integridad física, así como del menoscabo a su patrimonio.
En su testimonio, Arellanes Cano relató que esa noche cuando regresó de la comunidad de Yalalag, donde actualmente es profesora de secundaria, llegó a su domicilio ubicado en la colonia reforma agraria en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y encontró las puertas abiertas y sus objetos personales tirados.
Entre las cosas que se llevaron, se encuentra su computadora con archivos sobre casos de violaciones sistemáticas a los DH, que documenta desde el 2006, como el caso de Lauro Juárez indígena chatino desaparecido en diciembre del 2007, entre otros archivos y fotografías personales y laborales.
La defensora reportó que sustrajeron su memoria USB con grabadora, con testimonios de los presos políticos del 2005-2006 y algunos archivos de violaciones en defensa de los pueblos originarios particularmente del pueblo de Yalalag, así como su gafete que la acredita como integrante del Centro de Defensoría en Derechos Humanos IIN NTUSU, del cual es fundadora.
El Centro Regional de DH “Bartolomé Carrasco Briseño”, exigió al gobierno mexicano el cese de las amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación en contra de Arellanes Cano, así como realizar investigaciones para el castigo de los responsables.
La abogada es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007, luego de sufrir una serie de actos de intimidación y persecución por parte de presuntos “porros”, ocurridos el 22 y 29 de mayo de ese año, como parte de una serie de ataques en contra de abogadas y abogados, así como a las defensoras y defensores de Derechos Humanos en Oaxaca.
