MADRID, ESPAÑA, septiembre 21.- Existe en México un territorio sitiado, donde el Estado no gobierna, las libertades están restringidas y los informes de prensa dan cuenta de más de 30 asesinatos en los últimos meses.

Se trata del municipio autónomo de San Juan Copala, Juxtlahuaca, en Oaxaca.

Un cable de la agencia de noticias española EFE retrata a la comunidad triqui de Copala como “una Franja de Gaza en México”, una comunidad donde es imposible entrar, pues un grupo armado tiene un cerco en la zona.

Para Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la comparación no es un despropósito.

“Existen evidencias de enfrentamientos, balaceras donde se han encontrado 600, 700 cartuchos de municiones para rifles AK-47 en la zona, incluso informes que hablan de patrullas de diez a 19 personas armadas con rifles de alto poder”, relató el especialista en entrevista con El Universal.

En este poblado, declarado autónomo en 2007, hay una disputa entre varios grupos triquis de los que sobresalen dos: el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

El primero simpatiza con el Partido de la Revolución Democrática y el segundo con el partido gobernante en la entidad, el Revolucionario Institucional.

Según plataformas civiles, ambos grupos están armados y es el Ubisort la facción que mantiene el cerco en la comunidad.

El enfrentamiento ha escalado niveles graves de violencia. Apenas el fin de semana, Reyna Martínez Flores, representante de los desplazados, denunció la muerte de Paulino Ramírez Reyes, una mujer y un niño, además de la desaparición de otras tres personas.

A estas desapariciones se suma el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, hermano de Rufino Juárez, líder de la Ubisort, así como la muerte de dos activistas humanitarios (un finlandés y una mexicana) que pretendían introducir ayuda a la zona.

Para Robes Maloof, el conflicto de Copala no puede ser explicado solamente como una lucha entre comunidades triquis.

“Esa es la explicación que da el Gobierno de Oaxaca. Tenemos testimonios que sugieren que los programas del gobierno local en la zona han estado encaminados a eliminar su forma de organización autónoma”.

“El punto es que ellos han tenido esta forma de organización desde siempre”, explicó Robles, quien ha seguido de cerca de estas comunidades.

“Lo grave es la aparición de armas de alto poder, y que los pobladores de se pasean con estas armas. No podemos decir en ningún momento que el Ubisort recibe apoyo o armas del gobierno local, sin embargo, el gobierno local es responsable por su inacción ante el problema, al argumentar que se trata de un tema de usos y costumbres”, aseguró Robles Maloof.

Un camino hacia la paz

Para el activista, una propuesta de pacificación pasa por varios estadios, el primero de ellos es el desarme total en la zona; el segundo es “un deslinde político claro del gobierno estatal en el asunto; esta entidad debe alentar, no encabezar el diálogo entre facciones”.

Estas negociaciones podrían estar encabezadas por personalidades civiles respetadas en la zona, como los obispos Arturo Lona y Wilfrido Mayren, quienes ya han llamado a la paz a las facciones”.

Para el académico, antes de la paz debe venir la justicia: “investigación, detención y procesamiento de los identificados que han cometido asesinatos en la zona”.

Hace falta además que se restablezcan los derechos fundamentales en lugar, afirma Robles, para tener, entonces, las condiciones idóneas para iniciar el diálogo.

¿Nuevos aires?

El 1 de diciembre tomará posesión como gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo, quien fue elegido como abanderado de la alianza PRD, PT, PAN y Convergencia contra el aún gobernante Partido Revolucionario Institucional.

“Cué ha mantenido silencio sobre este tema, pero creo que reestablecer el orden constitucional en San Juan Copala es la primera acción para decir que Oaxaca está cambiando”, afirmó Robles.

“Cuando asuma el control de las instituciones, la primera señal para ver si hay transición política real es parar la violencia y detener a quien haya agredido y asesinado; esa es la clave. Tenemos esa convicción, que el electorado oaxaqueño votó por el cambio”, finalizó Robles.

Este lunes, 20 personas, once mujeres y nueve niños comenzaron un plantón y una huelga de hambre en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, denunciando la desaparición del municipio autónomo de San Juan Copala a causa de un ataque armado el fin de semana pasado.

Los manifestantes señalaron que la mayoría de los habitantes lograron salir del municipio, más aún existen familias atrapadas por lo que piden a las autoridades ayuda para lograr evacuarlas.