Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó la madrugada de este jueves la Cuenta Pública parcial del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que va del 1 de julio al 31 de agosto de 2010 y que asciende 7 mil 34.9 millones de pesos.

Con el dictamen de la Auditoria Superior del Estado (ASE), que determinó que “no detectó desvío ni malversación” alguno de los recursos ejercidos, 24 diputados del PRI, el del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales, y el del Socialdemócrata (PSD), José Vázquez Morales, avalaron el uso y destino de ese dinero.

Las bancadas del PRD y PAN fueron las únicas que votaron en contra de la Cuenta Pública, mientras que los únicos diputados del PT, Juan Bautista Olivera Guadalupe, y de Unidad Popular (PUP), Magdiel Hernández Caballero, omitieron votar el documento.

La bancada del Partido Convergencia (PC), integrada por los diputados Benjamín Robles Montoya, el appista Zenén Bravo Castellanos y Gustavo Velázquez Lavariega, simplemente no asistieron.

Ausente estuvo también la ahora “diputada independiente”, Isabel Carmelina Cruz Silva.

Y por mayoría de votos la bancada del Revolucionario Institucional y sus aliados de los partidos “morralla” establecieron que “se cumplió con las normas de contabilidad y de información financiera en donde fueron aplicables esos recursos”.

En su rechazo a la aprobación de la Cuenta Pública, el PAN, a través de su diputado, Alfredo Ahuja Pérez, advirtió que “en sólo dos meses el titular del Poder Ejecutivo estatal superó sus gastos a los ingresos obtenidos por el orden de 119.6 millones de pesos, al ejercer 7 mil 34.9 millones contra ingresos efectivos de 6 mil 915.3 millones”.

Durante la discusión de la aprobación de la Cuenta Pública de estos dos meses, el diputado Ahuja Pérez evidenció el deficiente control de los compromisos adquiridos por el Gobierno estatal, pues reiteradamente se dejan de pagar capital e intereses provocando el incremento de estos por la mora y la penalización por falta de pago oportuno.

Igualmente, criticó la opacidad en la revelación de la información financiera y presupuestal, incumpliendo con ello la Ley de Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad, la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por la SHCP, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Su homóloga panista, Perla Woolrich Fernández, fue más allá al acusar que Marvely López Morales, directora de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración, de desviar más de 30 millones de pesos para financiar la campaña del candidato perdedor del PRI, Eviel Pérez Magaña, además de que lo hizo a espaldas del secretario de Administración, Francisco Márquez Méndez.

Reprochó igualmente que hasta ahora no se haya mostrado en los estados financieros de la Cuenta Pública la deuda pública de los PPS´s de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial por 626.0 y 1 mil 200.0 millones de pesos, respectivamente, que sumados arrojan la cantidad de 1 mil 826 millones de pesos.

“No es posible que las cuentas públicas fiscalizadas durante la administración de Ulises Ruíz Ortiz resulten siempre sin errores graves, omisiones o irregularidades, cuando contrastan con la ilegalidad descarada y corrupción desmedida con que públicamente se conduce este gobierno.

Resulta, por ende, muy cuestionable el desempeño de Rosa Lizbeth Caña Cadeza, espetó.

En su rechazo, el PRD, por medio de la diputada Guadalupe Rodríguez Ortiz, criticó la falta de control interno y que a través de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo estatal no se implementen acciones eficaces tendientes a vigilar permanentemente a las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

En defensa de la Cuenta Pública del Mandatario estatal, el diputado del PRI, Rogelio Sánchez Cruz, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, dijo que hubo transparencia en el manejo de los recursos públicos y que la ASE sólo se limitó a hacer recomendaciones.

Resaltó la evaluación al desempeño institucional, a fin de que pueda evaluarse el cumplimiento de objetivos y metas programadas por las dependencias y entidades.

Además, “eficientar la recaudación con la finalidad de disminuir la dependencia del estado de los recursos federales” (sic).

A las dependencias y entidades, entes públicos estatales y organismos públicos autónomos, la ASE les pide “difundir ampliamente los postulados básicos de contabilidad gubernamental, las normas de contabilidad gubernamental, para eficientar la operatividad interna que observen los manuales de organización y procedimientos correspondientes”.

En cuanto al gasto de 7 mil 34.9 millones de pesos, resaltó que se aprobó una diferencia de 119.6 millones de pesos en relación con los ingresos obtenidos, ya que los recursos captados en el primer semestre del presente ejercicio no habían sido erogados.