Una de las demandas más recurrentes que recibió el hoy gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, fue la de que cuando llegara a la gobernación del estado se hiciera justicia.

Sin distingo de posición social, de sexo, de región o de edad, la ciudadanía harta de ver tanta impunidad, le pedía al entonces candidato que no permitiera que gente que hubiera robado o asesinado bajo el amparo del poder, quedara sin castigo alguno.

Se referían a la serie de enriquecimientos inexplicables que en forma por demás evidente, algunos muy identificados funcionarios del gobierno estatal venían realizando, así como a la búsqueda de los responsables de los 26 homicidios cometidos durante el conflicto del 2006.

Indiscutiblemente la solicitud de justicia, conjuntamente con la del combate a la pobreza y la de generación de empleos, fueron de las más registradas durante la pre y su campaña de Gabino Cué.

Resulta evidente que en un estado como el nuestro, todos nos conocemos y todos sabemos quién es quién. Por eso a la ciudadanía le indigna que cada sexenio surjan una serie de nuevos ricos, cuya única virtud fue haber tenido la suerte de colocarse en la administración estatal.

Gente que entraba con una casita de interés social repentinamente tenía dos mansiones en el estado, otras tantas en el extranjero, cuatro camionetas de gran lujo, viajes frecuentes con todo pagado, personal a su disposición y cuentas bancarias con varios ceros a la derecha como saldo.

Resultaba evidente que la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos facilitaba el hacer “negocios” bajo el amparo del poder.

Ya sea que se cobrara ya no el clásico “diezmo”, sino hay testimonios de que se dejaban pedir hasta un 30% o más, tan sólo por asignar la obra; esto es cuando se ejecutaba el proyecto, porque también existe la sospecha de que hay obras que sólo existen en el papel y en el cargo en la cuenta de cheques de la hacienda estatal, pero no en el lugar donde se dice se construyó.

Ni qué decir de las constructoras pertenecientes a los mismos funcionarios pero con prestanombres.

Otros aprovechándose de su posición, colocaban a toda su parentela en nómina con sueldos que ni el propio Presidente de la República recibe; incluso, hay quienes afirman que un director de una dependencia de primer nivel les asignó a sus hijos un sueldo mensual superior a los 700 mil pesos, cuando en contraparte más de la mitad de los oaxaqueños sobreviven con menos de un salario mínimo al día.

Ni qué decir de esos esquemas financieros sofisticados que poco entiende la gente ordinaria y que sin embargo permiten que gente cercana al poder pueda disfrutar durante los próximos 30 años de un ingreso millonario por el simple hecho de haber “financiado” ciudades administrativas o judiciales con recursos de quién sabe dónde, pues antes de estar en sus puestos actuales no tenían ni para gasolina.

En parte el voto del pasado 4 de julio fue para frenar tales situaciones, lo que sin duda habrá de cuidar el próximo Gobernador, a pesar de que algunos de ellos ya están buscando “acuerdos” o negociaciones a cambio de que no sean tocados ni con el pétalo de una rosa.

Por eso la reciente petición de justicia por parte de diversos actores sociales y políticos. Mal se haría que a cambio de “regalías” personales se negociara a no proceder en su contra.

Si bien es cierto que no se trata de un acto de venganza o de cacería de brujas, también lo es que resulta impostergable el mandar el mensaje de que ya no se permitirán tales atrocidades que lastiman y agreden al pueblo oaxaqueño; de ahí que la sociedad demande una investigación a fondo de cómo y en qué se utilizaron los recursos asignados a algunas dependencias mayormente señaladas como poco transparentes.

Ya se ha hablado de subejercicio en algunos casos y de falta de “cuadre” en algunas otras. Por lo que mal se haría en romper con la esperanza de miles de oaxaqueños que demandan justicia ante lo que consideran una de las principales causas del rezago en nuestro estado.

Recientemente nos enteramos que la hermana y el sobrino de un funcionario de primerísimo nivel de la actual administración, se encontraban recluidos en un penal de Jalisco, tras el arresto que hicieron en su contra elementos de la PGR por el presunto delito de lavado de dinero.

Aún cuando el funcionario en mención de inmediato se desmarcó de cualquier vínculo con sus familiares, entre la ciudadanía quedó la percepción de que es necesario que se investigue a fondo; más cuando la nota informa que se les había detectado realizando depósitos en efectivo por más de 200 millones de pesos y según fuentes bien informadas, no era la primera ocasión que realizaban tal acción.

De ahí la importancia, que sin tener tintes políticos –como bien lo pide el hermano y tío de los detenidos– sí sea con una óptica judicial como se realicen las indagatorias correspondientes.

De esa manera la ciudadanía quedará tranquila al saber que no tiene que ver absolutamente nada con el manejo de los recursos estatales.

A eso se refiere la gente cuando habla de cambio, cuando con brillo en su mirada observa hacia el 1 de diciembre y ve una nueva forma de hacer gobierno y de administrar los recursos.

Ellos poco saben de transición democrática o de políticas públicas; lo que verdaderamente les interesa es que se terminen con esas prácticas desleales que han sumido al estado en un nivel de pobreza y de rezago difícil de enfrentar, más no imposible.

La gente pide justicia y da nombres, y proporciona datos. En su afán por convencer a uno, señalan cómo llegó tal o cual funcionario y cómo se va.

La gente ha perdido el miedo pues sabe que el momento de que devuelvan lo que se llevaron, ha llegado.

Por eso piden una investigación (quizá deberían decir auditoría, pero ya tampoco creen en ellas) a fondo.

Por eso exigen ¡justicia!

(*) Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia y concejal electo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.