MÉXICO, D.F., noviembre 19.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ventiló el incumplimiento del gobierno de Estados Unidos de lo acordado en la “Iniciativa Mérida”.
De acuerdo con los registros de la dependencia, las autoridades estadunidenses mantienen un rezago desde 2008 de más de 93 millones de dólares, el cual se reflejaría en la adquisición de equipo no intrusivo y aeronaves.
La denuncia fue revelada por el general Édgar Luis Villegas Meléndez, subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, durante una reunión con representantes de organizaciones civiles desarrollada en la sede de la Cancillería, en la que se abordaron detalles sobre la instrumentación de la iniciativa.
El mando militar señaló que EU ni siquiera ha completado lo pactado en 2008, cuando se comprometió a transferir a la Sedena 69.5 millones de dólares: el costo de 5 helicópteros Bell-412 y 43 escáners de iones, pues aún están pendientes 14.5 millones de dólares.
Para 2009 acordó la entrega de tres helicópteros y equipo de detección de objetos ilícitos por 52.5 millones de dólares. Sin embargo, refirió el general, dos de las aeronaves apenas fueron cedidas el pasado 8 de noviembre y se cuenta con la palabra de que la tercera podría ser asignada en diciembre.
En cuanto al equipo iónico no ha habido ningún avance, por lo que el atraso alcanza 26.5 millones de dólares.
En este 2010 el escenario es peor. Según Villegas Meléndez se convinieron otros 52.5 millones de dólares para 16 centros de mando móviles y 2 mil 994 chalecos, pero nada se ha otorgado.
En total, el incumplimiento alcanza, tan sólo en el caso de la Sedena, 93.5 millones de dólares.
“Se acordaron los plazos, pero no está llegando el material o llega con tardanza por cuestiones internas”, aseguró el subjefe durante el encuentro.
Ni siquiera se han concluido todos los cursos programados: se aplazaron al menos cuatro de 2008 y cuatro de 2009.
No a la certificación de la Sedena
Aunado al retardo en la transferencia económica o de infraestructura, señaló que el Ejército se ha opuesto a la pretensión de Estados Unidos de certificar a la secretaría.
“Se acordó permitir la evaluación para corroborar que lo entregado no se utilice en actividades ajenas al combate anticrimen, más no la certificación”, dijo.
Y agregó: “La evaluación es aceptada siempre y cuando se defina con claridad y de manera bilateral cómo se hará”.
Hasta ahora se han definido indicadores para medir la eficiencia en el uso de los recursos como número de vuelos realizados, vehículos revisados y aseguramientos de droga, armas u otros objetos ilegales.
