Ante los asesinatos de líderes sociales, políticos, jefes policiacos y desaparición de integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) durante la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, aseguró que “mis manos no están manchadas de sangre”.

De ser así, “no podría ver a los ojos a mi familia”, respondió el responsable de la política interna de la entidad a los cuestionamientos de la diputada del Partido Convergencia (PC), Margarita García García, quien lo señaló como responsable de los hechos de sangre que se han presentado en este sexenio que concluye.

Durante la última de tres comparecencias de funcionarios ante el pleno del Congreso del Estado este lunes, como parte de la glosa del sexto y último informe del gobernador Ulises Ruiz, la legisladora convergente señaló que “Oaxaca no debió merecer nunca el mal gobierno”.

Por su parte, Tomás Basaldú Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sentenció que el reclamo de justicia social nunca abandonará a los funcionarios de esta administración.

Por eso, dijo, “sería bueno dar a conocer el costo de la campaña mediática en un pueblo de pobres para limpiar una imagen que no podrá ser limpiada nunca”.

Ante la máxima tribuna del estado la tarde-noche de este lunes, Martínez Ramírez aseguró que como responsable de la política interna de la entidad estableció un diálogo de respeto con las organizaciones sociales, con el firme compromiso de restablecer la armonía del tejido social oaxaqueño tras el conflicto sociopolítico del 2006.

“El gobierno mantuvo una relación respetuosa con los 570 municipios, y en los 1 mil 585 núcleos agrarios se sentaron las bases del diálogo, y se les asesoró para que se restableciera el orden a través del diálogo”, argumentó.

Citó como “resueltos” diversos problemas sociales, asuntos agrarios, de transporte, educación, vías de comunicación y asuntos por intolerancia religiosa.

Indicó que se resolvieron cuatro conflictos agrarios, como el suscitado entre las comunidades de Santos Reyes Zochiquilazaba y Santiago Tilapa, que tenía 70 años.

Además, agregó, se solicitaron apoyos para las emergencias climatológicas que se registraron en el territorio estatal, solicitando 14 declaratorias de emergencia que beneficiaron a diversos municipios.

Con motivo de las elecciones concurrentes del 4 de julio pasado, el secretario Martínez Ramírez señaló que el Gobierno del Estado garantizó elecciones con plena libertad y seguridad, por lo que los ciudadanos pudieron expresar su voluntad en las urnas y como resultado se conformó la actual LXI Legislatura.

En su turno, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, del Partido del Trabajo, cuestionó al Secretario General de Gobierno por los asesinatos de Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT, y Catarino Torres Pereda, dirigente del Codeci, además de las desapariciones de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, y los asesinatos de los participantes en la primera caravana que pretendía llegar a San Juan Copala, en la zona triqui del estado.

Martínez Ramírez refirió que las procuradurías General de Justicia del Estado (PGJE) y General de la República (PGR) han iniciado las averiguaciones correspondientes.

“A todos nos interesa saber quién asesinó a Heriberto Pazos. Se ha informado sobre los avances de las investigaciones y existen dos personas arraigadas”, agregó.

Del caso San Juan Copala, reiteró lo dicho: que la primera caravana nunca solicitó protección, sino hasta la segunda.

Y aseguró que en medio del conflicto inter étnico entre el MULT, MULTI y Ubisort “se siguen buscando acuerdos entre estas organizaciones sociales y sus líderes”.

Por su parte, la diputada Marlene Aldeco Reyes Retana, del PAN, pidió conocer el número real de notarios que existen en la entidad, así como el número de decretos para ocupar vacantes, porque no quieren ser sorprendidos con un “piñatazo de notarías”.

El responsable de la política interna de la entidad aclaró que existen 80 notarios en funciones, cinco con sanciones y sin procedimientos pendientes.

En defensa del secretario Martínez Ramírez, el diputado plurinominal priista Elías Cortés López afirmó que “el Gobierno estatal buscó la conciliación y el acuerdo en donde existen diferencias, ponderando la política, a pesar de la persistencia de los conflictos sociales”.