Asesinatos de líderes sociales, secuestro de un diputado local electo, el caso Copala, manejo turbio de los recursos públicos, falta de capacitación y sueldos precarios a los policías, fueron temas de los cuestionamientos al secretario de Seguridad Pública estatal, Javier Rueda Velásquez, por parte de diputados del PRI, PAN y PRD, integrantes de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana.

El responsable de la seguridad pública en la entidad inició la mañana de este martes su comparecencia ante la LXI Legislatura del Congreso del Estado, como parte de la glosa del sexto y último informe del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

De entrada, los nuevos legisladores coincidieron en que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) “ha sido rebasada por los actos violentos registrados en el estado y los oaxaqueños queremos paz y seguridad”.

Es que el funcionario celebró los presuntos resultados obtenidos por la implementación del nuevo modelo policial desde el año 2008.

La ronda de preguntas la inició el diputado del PAN, Joel Isidro López, quien en nombre de su partido se pronunció por mejores condiciones laborales, salarios dignos y beneficios en las prestaciones de los elementos de la policía, pues los bajos sueldos les orillan a caer en actos de corrupción.

Dijo que el informe de Rueda, en materia de seguridad y a la vista de los funcionarios, es bueno, pero no para el Congreso del Estado, ya que es lamentable y extremadamente triste para los oaxaqueños el asesinato de líderes sociales y sindicales, así como las ejecuciones, levantones, robos, asaltos a mano armada, violaciones y agresiones a periodistas.

¿Por qué nunca la policía estatal ofreció auxilio inmediato y no actuó con prontitud, honestidad y efectividad en favor de los oaxaqueños?, cuestionó el legislador panista y preguntó sobre el rumor de que funcionarios de la SSP que dirige Rueda Velásquez, “venden patrullas”.

El “modelo policial”

El secretario de Seguridad Pública, Javier Rueda Velásquez, un militar retirado originario del estado de Guerrero, argumentó que el modelo policial implementado en Oaxaca desde el 2008 “es un trabajo fundamental de especialistas, que ha dado resultados, pero necesita fortalecerse” (sic).

Dio a conocer que bajo el “mando único”, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que dirige uno de sus subordinados, atendió 514 casos relevantes, desarticuló 215 bandas y logró la detención de 944 personas.

Resaltó que la creación de la Unidad Especializada de Atención al Delito de Secuestro permitió resolver 81 privaciones de la libertad y la detención de 196 presuntos responsables, mientras que en el delito de extorsión en 35 casos se detuvo a 52 presuntos responsables y en materia de investigación la AEI llevó a cabo 70 operativos.

De igual manera, informó que se ejecutaron mandamientos judiciales y ministeriales para la localización y presentación de 2 mil 280 personas, se ejecutaron 4 mil 635 órdenes de aprehensión, se detuvo en flagrancia a 2 mil 125 personas, se recuperaron mil 907 vehículos de motor robados y se detuvieron y presentaron a 1 mil 327 adolescentes.

Por otra parte, aseguró que se atendieron y resolvieron 6 mil 537 oficios de investigación girados por el Ministerio Público y se dio cumplimiento a 43 mil 932 citatorios y 6 mil 940 comparecencias.

En tribuna, el diputado Alejandro Emmanuel López Jarquín, del PRD, señaló sin embargo que es alarmante que la violencia delictiva se haya incrementado en Oaxaca, tanto que el Congreso del Estado se encuentra consternado por el secuestro del diputado Manuel Benítez Manzanares, del PAN.

Recordó, además, las agresiones a periodistas y cuestionó las causas por las que existe un subejercicio en materia de seguridad pública.

Igualmente, el caso de San Juan Copala, donde 300 habitantes viven en un estado de deserción, rodeados por grupos paramilitares, con violación permanente de sus derechos humanos y el asesinato de algunos de ellos.

“Las cifras no nos convencen, señor secretario”, dijo el perredista, tras pedir que “hablara con la verdad, con cifras reales para establecer políticas en materia de seguridad y dar respuesta a los ciudadanos”.

La culpa es del Gobierno federal: PRI

Por su parte, el diputado Marco Antonio Hernández Cuevas, del PRI, manifestó que existe una falta de atención a los más de 200 conflictos agrarios en la entidad, principalmente por la indiferencia mostrada al respecto por el Gobierno federal y que ha motivado un sinnúmero de agresiones.

El político más cercano al ex secretario general de Gobierno de la era priista, Jorge Franco Vargas, refirió el caso de Chalcatongo e Ixcatlán, donde la disputa de 1 mil 353 hectáreas de tierras ha generado muchas muertes y se ha recrudecido desde el 2008.

El priista preguntó: ¿cuál fue el armamento policial para mantener la seguridad en Ixcatlán y cuántos elementos resguardan hoy la seguridad en ese lugar?

Luego intervino el diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, del PRD, para señalar que “la justicia en Oaxaca está en segundo lugar, pues la realidad es que vivimos en un caos, ya que en los últimos meses Oaxaca se ve constantemente en las páginas rojas”.

El ex dirigente estatal del partido del sol azteca, recordó los casos de los líderes sociales ejecutados, como Catarino Torres Pereda, Heriberto Pazos Ortiz y Beatriz López Leyva, así como del presidente electo de Mártires de Tacubaya y el diputado local Manzanares.

Es lamentable que el titular de la SSP trate de convencer que Oaxaca vive en paz y que hay seguridad cuando la realidad que se vive en las diferentes regiones es de inseguridad total, acusó.

También se refirió al subejercicio de recursos que persiste en la SSP, al señalar un caso en la región de la Costa, donde no hay recursos para brindar seguridad.

La policía estatal carece, incluso, de combustible para hacer su trabajo, denunció el perredista.