Las recientes reformas constitucionales en Oaxaca han generado diversas reacciones, desde el entusiasmo de los funcionarios del gobierno y los partidos hasta la crítica y el escepticismo de los ciudadanos sin afiliación que quedaron al margen, entre los que destacan los pueblos indios, quienes constituyen un sector importante de la población oaxaqueña.

El entusiasmo se asocia al hecho de que las reformas ocurren en Oaxaca, uno de los lugares de mayor rezago institucional y en donde se había enquistado el autoritarismo más rancio del régimen político.

En una entidad que en el 2006 fue epicentro de un movimiento social que se constituyó en el detonador político para la expulsión del PRI del gobierno estatal en el 2010.

El movimiento oaxaqueño tuvo como una de sus principales demandas la salida de un gobernador represor, aunque el proceso reveló entre otras cuestiones, la excesiva concentración del poder en el Ejecutivo, con sus expresiones de arbitrariedad, corrupción e impunidad, así como la necesidad de emprender reformas de fondo.

Cinco años después se tienen como respuestas institucionales la revocación del mandato, acompañada de otras iniciativas populares como el plebiscito y el referéndum, así como nuevos referentes que apuntan a la división efectiva de poderes, destacando la autonomía del poder judicial.

De la misma manera, una serie de medidas para el fortalecimiento de los organismos ciudadanos, pero bajo el arbitrio de los partidos políticos representados en la legislatura.

Cabe señalar que estos instrumentos participativos fueron colocados dentro de las agendas de las organizaciones progresistas, que se concretaron en una iniciativa de Ley de Participación Ciudadana así como en otras propuestas en materia de fortalecimiento de derechos humanos; todas estas con trabajos de consulta en talleres y diversos Foros ciudadanos emprendidos desde el 2006 sin la tutela de los partidos.

Por ello, la crítica a las reformas respecto a estas figuras de participación ciudadana tiene que ver con los candados acordados por los partidos políticos para la operación efectiva de las iniciativas populares.

Sí al plebiscito y al referéndum, pero con el respaldo del 20 por ciento de la lista nominal y del 50 por ciento para su validación. No se diga ya de los requerimientos para la revocación del mandato.

Habría que recordar que el promedio de participación en las urnas en elecciones ordinarias apenas rebasa el 40 por ciento, aún cuando los partidos y los árbitros disponen de todos los recursos y tiempos para el ensayo de sus estrategias.

En síntesis, el mensaje para la aprobación es sí a los instrumentos de participación, pero con requerimientos que hacen imposible su operación.

Otras razones de la crítica se centran en el desdén de los legisladores reformistas a las experiencias organizativas de participación directa de los pueblos indios, como las asambleas y sus diversos mecanismos de consulta; un desdén que tiene como corolario el impedimento para que los pueblos indios dispongan de facultades para presentar iniciativas de ley sin el padrinazgo partidista y la exclusión de sus representantes en un organismo autónomo como el Instituto Estatal Electoral, ahora también de Participación Ciudadana.

De esta manera se ha ignorado la complejidad y diversidad organizativa desarrollado desde mucho tiempo atrás, incluso más allá de las reformas de 1998 cuando se dio el reconocimiento a los usos y costumbres.

Esta omisión seguramente se reflejará en la multiplicación de amparos y controversias que presenten al respecto los pueblos y comunidades en rechazo a la exclusión y la discriminación.

Las razones del escepticismo van en sentido contrario a la euforia de la burocracia gubernamental y partidista, que habla de reformas de fondo, sin precedentes y presumen que Oaxaca se coloca a la vanguardia en la materia en todo México.

Desafortunadamente, el país es extraordinariamente legalista, pero sus problemas tienen que ver con la discrecionalidad o falta de aplicación de las leyes, con la opacidad y la lentitud de los procedimientos y la desigualdad en la distribución del poder.

En el caso de las reformas y adiciones a la Constitución de Oaxaca, el ejercicio de la política se limita al quehacer de los partidos políticos, ya que quienes no militan en alguno de ellos deben de buscar el favor de los líderes partidarios, o en el mejor de los casos su visto bueno para obtener alguna postulación, de tal manera que estas instancias se están erigiendo en las nuevas reguladoras de la participación ciudadana.

Aún más, la participación ciudadana se está burocratizando en beneficio de los partidos políticos, condenando a los ciudadanos sin partido a quedarse como meros espectadores o como clientelas de programas asistenciales de alguna parcela gubernamental regenteada con visión partidista.

Sólo así se explica el consenso de los partidos para aprobar por unanimidad las reformas.

Un mayor poder a los partidos políticos los convierte también en los principales frenos a las iniciativas ciudadanas de quienes no tienen filiación.

Sobre la llamada transición del régimen político mexicano, en alguna ocasión decía con agudeza don Pablo González Casanova, profesor emérito de la UNAM, “el partido de Estado no desapareció, sino que se multiplicó”.

Por tanto, resulta necesario rebasar las complacencias y recuperar la lógica de seguir haciendo camino con perspectiva crítica, dado que las reformas distan de ser puntos de llegada.

La esperada democracia no se construye por decreto ni depende únicamente de buenas intenciones, mucho menos incluyendo a unos y excluyendo a otros; es preciso recuperar las experiencias acumuladas, las enseñanzas de las derrotas y las nuevas expectativas de los ciudadanos sin partido, es decir, de la mayoría.

*Investigador del IISUABJO

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