SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, mayo 13.- Ante el pleno del Congreso del Estado, reunido en sesión extraordinaria, los secretarios general de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, y de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, ofrecieron que en 60-90 días se conocerá la verdad de los hechos violentos ocurridos el 28 de abril pasado en Santiago Textitlán, Sierra Sur. 

Y en un reconocimiento implícito de culpabilidad, porque nunca lo aceptaron abiertamente, pese a los señalamientos en ese sentido de los legisladores, los funcionarios responsables de la seguridad pública de la entidad reiteraron que “nunca más se utilizará a la policía para reprimir” (sic).

Cada quien con su experiencia y argumentos respondieron durante casi cinco horas a los cuestionamientos de diputados de cinco de los seis partidos representados en la sexagésima primera Legislatura (PAN, PRD, PT, PC y PRI, con excepción del PUP), de las 13:00 a las 17:40 horas que duró la sesión extraordinaria.

Citados a la 12:00 horas de este viernes 13 de mayo, la secretaria Piñeyro Arias abrió la comparecencia una hora después, luego del posicionamiento de los cinco partidos políticos, pero no llenó las expectativas de los legisladores, que volvieron a cuestionarla por su falta de título profesional e, incluso, le pidieron que “por dignidad, renuncie”.

Y es que desde la más alta tribuna del estado, la Secretaria General de Gobierno se limitó a asegurar que se dialoga y atiende a todos los grupos, sectores, organizaciones y autoridades de la entidad para avanzar en la paz y estabilidad Oaxaca por conflictos sociales, agrarios y políticos.

Acepta SSP recomendación de CDDHO

Por su parte, López Escamilla enfrentó el temporal legislativo con conocimiento del Derecho y la jurisprudencia, usando términos jurídicos, sin comprometerse, dejándolo todo a la decisión final de un Juez, con el argumento de que “quien acusa está obligado a probar”.

De entrada, el responsable de la política de seguridad en la entidad desarmó a los diputados –incluido su ex maestro Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del PAN– al anunciar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a su cargo aceptó “en todos sus términos” la recomendación 10/2011 de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) por la probable comisión de faltas a la ley y reglamentos que rigen a los integrantes de los cuerpos de seguridad y violaciones a los derechos humanos durante el operativo policiaco “Legionario II”, implementado el 28 de abril pasado en comunidades de Santiago Textitlán y San Pedro El Alto, a fin de distender el conflicto agrario entre ambos municipios de la Sierra Sur.

Cauto, aclaró que “no descarta en ningún momento la posibilidad de abusos por parte de algún miembro de la policía, por alguien que excediéndose en sus funciones haya perdido la compostura”.

Y volvió a comprometerse a seguir investigando, pero en el ámbito de la oficina de Asuntos Internos de la dependencia para que si hubo abusos, incluido el sexual, “se sancionará con todo el peso de la ley”.

“No defenderemos lo indefensible, pero lo que no puede hacer la policía es quedarse cruzada de brazos. No podemos ser omisos”, completó López Escamilla.

“Yo ordené el operativo”

Luego, ante la insistencia de los legisladores, el secretario Marco Tulio aceptó que fue él quien dio la orden de realizar el operativo “Legionario II”, pero no ordenó reprimir.

Reprochó, sin embargo, que la CDDHO, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y los mismos diputados que visitaron la zona sólo escucharon a una parte; es decir, a las mujeres que se dicen ofendidas, pero nunca buscaron platicar con los policías que también fueron agredidos, por lo que la recomendación está incompleta.

También volvió a invitar a todos y a todas las personas que se sientan afectadas a presentar las pruebas de sus dichos, y con guante blanco devolvió al Congreso los cuestionamientos:

Pidió a todos los diputados y diputadas aportar al pueblo y al gobierno de Oaxaca “la mejor ley de uso de fuerza pública”, luego de recibir la mañana de este mismo viernes 13 de mayo la iniciativa respectiva por parte del gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Las indagatorias

De las indagatorias, el secretario López Escamilla informó que la Dirección de Inspección General de la Policía Estatal inició el procedimiento interno de investigación para deslindar responsabilidades de todos los elementos que participaron en el operativo realizado en las comunidades de Lachixao, Río Humo y Recibimiento de Cuauhtémoc, pertenecientes al municipio de Santiago Textitlán para sancionar, en su caso, a quienes resulten responsables.

Aclaró, sin embargo, que también se investiga y deslindará responsabilidad de quienes agredieron a los policías y causaron daños a vehículos.

Al inicio de su comparecencia, con graficas, fotografías y reportes de sus subalternos, que ellos denominan “protocolo”, López Escamilla detalló minuto a minuto los pormenores del operativo implementado, que inició un día antes, el 27 de abril, así como los encuentros con las autoridades de Santiago Textitlán y San Pedro el Alto para hacerles de su conocimiento las acciones que se implementarían.

Mostro el otro lado de las versiones de los pobladores de Textitlán, y aseguró que el operativo “Legionario II” incluyó paralelamente a San Pedro El Alto, donde “no hubo incidentes”.

Los conflictos agrarios

Por su parte, la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, refirió que la dependencia a su cargo atiende un total de 134 conflictos agrarios, de los cuales 24 presentan hechos de violencia que han derivado en pérdida de vidas humanas.

Recordó que el conflicto agrario entre Santiago Textitlán y San Pedro El Alto data de hace 50 años por la disputa de cerca de dos mil 500 hectáreas de tierra.

Afirmó que en reiteradas reuniones con las partes en pugna ha “exhortado” a evitar conflictos que deriven en violencia.

“La presencia de la policía en Santiago Textitlán fue a petición de las partes en conflicto”, aseguró, aunque los diputados le aclararon que eso no era cierto, sino que se trata de un ofrecimiento del Gobierno del Estado para brindar seguridad, “que es muy distinto a ser llamados específicamente”.

Una y otra vez aseguró que atiende cada uno de los 134 conflictos agrarios, “aún cuando son del ámbito del Gobierno federal”.

Sin embargo, Piñeyro Arias no convenció a los legisladores. En su cara le dijeron que no atiende a los indígenas, porque las mujeres de Textitlán le solicitaron varias reuniones para exponerle el problema, pero ella sólo asistió a un encuentro y nunca más volvió.

Casi todos los legisladores la criticaron duramente, al grado de solicitarle que mejor renuncie.

El panista Héctor Lorenzo Inocente, por ejemplo, la calificó de “tibia” y de “carecer de sensibilidad” para atender los conflictos en el estado.

“Irma Piñeyro carece de inteligencia para preservar la paz y es insensible para proteger la dignidad de las mujeres y de los niños y niñas indígenas”, le espetó.

Otros le cuestionaron si en realidad es la Secretaria General de Gobierno, o la Secretaria “A” o “B”, porque al parecer el que realmente manda en los asuntos que competen a esa dependencia es Benjamín Robles Montoya, secretario particular del Gobernador.