El Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia, nos demuestra que el dolor no es una experiencia en solitario y que en su entorno se puede realizar comunidad política en su perspectiva más amplia; una comunidad que suma voces de norte a sur de todas las víctimas que comparten experiencias comunes ante los agravios sellados por el olvido y la indolencia de los responsables gubernamentales.
El clamor por la justicia va más allá de la temporalidad electoral, de los reacomodos de la clase política y de los intereses de las facciones partidistas; el momento político es más extenso y profundo, tiene que ver con la suma de reconocimientos de todos quienes comparten agravios de manera directa e indirecta por una mal llevada guerra contra el crimen que registra un saldo de más de 40 mil muertos en lo que va del sexenio.
La causa no corresponde únicamente a los familiares, amigos y conocidos de los asesinados, sino que es una causa de todos quienes reaccionan con indignación ante los crímenes cometidos; de todos quienes se resisten a la normalización de la violencia de todos los días, rechazando la violencia en cualquiera de sus expresiones, y exigen que esta no se convierta en otra de las justificaciones por muerte natural.
El merito del movimiento es que insiste en la visibilidad de las víctimas, en sentido contrario a una verdad oficial que se revela como selectiva; de una verdad oficial que se forma por lo que se nombra y aparece en público, pero también por lo que se oculta y lo que no se puede nombrar, que pretende borrar la violencia, para que parezca irreal, empañada e inexistente.
Una verdad cuestionada que nos han llevado a vivir, según John Berger, “en un espectáculo de ropas vacías y máscaras sin nada detrás”.
Se puede indicar que en el sureste, la situación es más atenuada respecto al norte del país, sin embargo la convocatoria de lucha por la justicia de Sicilia podría comprenderse como una oportunidad para insistir en la recuperación de la memoria ante los crímenes e impunidades cometidos en tierras oaxaqueñas; de agravios que vienen de mucho tiempo atrás, que se condensaron en el 2006, como bien documentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Informe sobre Oaxaca, pero que ha sumado muchos más después de ese año.
En este caso como en otros más, no se trata de venganzas, sino de reparaciones con justicia que permitan abrir caminos de reconciliación y de restauración entre posiciones que se fueron polarizando hasta convertirse en diálogos de sordos entre diferentes actores, surcados por la impunidad y los ajustes por cuenta propia.
Por ello, el movimiento encuentra ecos en toda la geografía del país, convoca a quienes reclaman justicia y que encuentran la oportunidad de que sus muertos salgan del anonimato para insistir “nunca más”, en rechazo al silencio y el olvido que imponen una identificación con los perpetradores de la violencia y de la impunidad ante las atrocidades cometidas.
Las naturalezas de la violencia son distintas, pero el riesgo latente es que todas las violencias reciban el mismo tratamiento, criminalizando a los jóvenes, a los pobres, a los indígenas, a los migrantes, a los activistas políticos y a los defensores de los derechos humanos, en donde se proceda a la defensa del orden en abstracto, que al mismo tiempo implica que todo quede igual.
Como apunta Gustavo Esteva, si la guerra de Calderón ha causado ya decenas de miles de bajas, y la cifra aumentará cuando entremos en la fase final de la implosión actual “¿Cómo impedir ese desenlace? ¿Cómo evitar que continúe a nuestra costa el negocio de la guerra? ¿Cómo conseguir que siga siendo civil y pacífica nuestra inevitable insurgencia?”
Las respuestas llegan como movilizaciones pacíficas que no pueden ya detenerse; independientemente de las diferencias y desencuentros de las diversas corrientes que se vayan sumando y de una unidad que emerja como difusa, se mantiene un vigoroso denominador común, el reclamo de justicia con suficientes asideros en todo el país, en donde también se perfilan esperanzas de cambio, de Paz, con Justicia y Dignidad, como promueve el movimiento.
Así lo han entendido los indígenas zapatistas quienes se sumaron a la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad el 7 de mayo, con las consignas “Alto a la guerra”, “no más sangre”. A través de su vocero, el Subcomandante Marcos, expresaron “porque nosotros sabemos bien que nombrar a los muertos es una forma de no abandonarlos, de no abandonarnos” y desde el sur invocaron al norte, recordando los nombres de los niños muertos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Los interlocutores se multiplican y desde luego que no se limitan a la clase política, a quienes Sicilia, sin dirigirse a alguno en particular, ha acusado de romper el tejido social en sus luchas por el poder, y que la corrupción de las instancias judiciales ha generado complicidad con el crimen. Si se apela a la reconciliación y a la humanización, los interlocutores son los diferentes actores sociales, por lo que este ejercicio político adquiere una dimensión ética sin precedentes en el país.
(*) Investigador del IISUABJO.
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