OAXACA, OAX., julio 11.- Luego de concluir 16 de 45 auditorías al gobierno priista de Ulises Ruiz Ortiz, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental detectó un daño al erario estatal por 3 mil 687 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la contralora Perla Marisela Woolrich Fernández, explicó que de acuerdo con el reporte parcial estos desvíos de recursos se detectaron en 14 dependencias y entidades públicas.

Y anunció que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Contraloría inició el procedimiento de responsabilidad administrativa contra 32 ex funcionarios por haberse encontrado irregularidades durante su gestión.

La mayor cantidad de dinero gastado, pero no comprobado, se registra en el Seguro Popular de la Secretaría de Salud federal, que dirigió el doctor Aarón Pérez Bautista, por 1 mil 297 millones de pesos.

El responsable de este programa denominado Régimen de Protección Social de Salud está vinculado con el ex presidente del PRI y actual diputado federal plurinominal, Jorge Fernando Franco Vargas, en cuyo cargo como secretario General de Gobierno se habría cometido el mayor desfalco.

De acuerdo con los datos proporcionados por Woolrich Fernández, en Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), a cargo en ese entonces de Armando González Bernabé y Ambrosio Vásquez Arango, se hallaron anomalías por 736 millones de pesos.

En el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), que dirigió el ex edil capitalino Jesús Ángel Díaz Ortega, por 46 millones de pesos.

Igualmente, 163 millones de pesos en el CECyTEO, que encabezó Vicente de la Cruz Santiago; 721 millones de pesos en el IEEPO, a cargo de Abel Trejo González; cuatro millones de pesos en el Cobao, de Cándido Coheto Martínez; 54 millones de pesos en el IEEA, de Cipriano Flores Cruz; 15 millones de pesos en el IEEBO, bajo la responsabilidad de Jorge Bustamante García; 16 millones de pesos en el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural, de Herón García López.

Además, 492 millones de pesos en la Coordinación de Comunicación Social, áreas que estuvieron bajo el cargo de Raúl Castellanos Hernández y Soledad Rojas Walls, al igual que Jorge Efrén Rojas Hernández, ex Jefe de la Unidad Administrativa, y Claudia Gabriela Ramírez Zamora, ex Jefa de Recursos Financieros de la misma dependencia.

También, 16 millones de pesos en la Secretaría de la Contraloría, de Bernardo Barragán Salazar; 53 millones de pesos en el DIF estatal, bajo el cargo de Karina Musalem Santiago; 73 millones de pesos en Turismo y Economía, que presidió la actual concejal del Ayuntamiento capitalino Beatriz Rodríguez Casasnovas; 11 millones de pesos en la Oficina de Pensiones, que dirigió Carlos Melgoza Martín del Campo.

Los recursos “fueron manejados de manera irresponsable, irregular e incluso delictiva por parte de los servidores públicos de la administración anterior”, sostuvo Woolrich Fernández, tras anunciar el inicio de acciones penales en contra de las citadas personas.

Están involucrados también Miguel Ángel Ortega Habib, ex secretario de Finanzas, y los subsecretarios Esdras Cruz Cruz, Fernando González y Bernardette Rouse Mayor.

La Contralora detalló que 140 auditores, laborando de manera continua y bajo los estrictos estándares y reglas que regulan dicho proceso, efectuaron cuatro auditorías al sector de infraestructura y salud; siete en los sectores educativo, social y cultural; tres en el sector gobierno, justicia y seguridad; y dos en el rubro económico y desarrollo productivo.

Puntualizó que en general se observa la confabulación de diversos servidores públicos a efecto de operar el presupuesto del Estado del año 2010 de manera discrecional, modificando las partidas inicialmente autorizadas por el Congreso del Estado y autorizando ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias.

La funcionaria aclaró que estas personas tendrán un tiempo determinado para solventar estas irregularidades, y en caso contrario se iniciará el procedimiento penal.

Explicó que las observaciones se basan en la falta de documentación comprobatoria que justifique las erogaciones o pagos realizados con cargo al presupuesto de referencia, así como la falta de expedientes técnicos unitarios que permitan la revisión y la evaluación de las metas, alcances, objetivos y ejercicio presupuestal.

Indicó que en las auditorías practicadas se detectó la aplicación de pagos a diversas empresas o personas físicas, quienes no justificaron la prestación del servicio o adquisición de los bienes contratados y de acuerdo con las investigaciones se confirmó la inexistencia del servicio o la inexistencia de la propia empresa.

Afirmó que con los resultados de las investigaciones se presume el desvío de recursos, pero los actos de corrupción no sólo alcanzan a los servidores públicos anteriores, sino a los particulares que se prestaron para tales fines.

Woorlich Fernández indicó que será el Ministerio Público el que, conforme a sus facultades e independientemente de la falta administrativa cometida, determine si se incurrió en delitos en contra del erario público estatal.

En la conferencia de prensa participaron el subsecretario de Auditoría Pública Sectorizada y el director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Fernando Roberto López Hernández, y Rafael Cervantes Ortega, respectivamente.