SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, julio 13.- La bancada del PRI en el Congreso del Estado respondió este miércoles a la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, por ventilar los nombres de 32 ex funcionarios de la administración de Ulises Ruiz Ortiz señalados de presuntas irregularidades por más de 3 mil 600 millones de pesos.
En un pronunciamiento emitido por el diputado Elías Cortés López, presidente de la Comisión Permanente de Gobernación, el Revolucionario Institucional acusó que Woolrich Fernández violó los artículos 14 y 16 de la Constitución del Estado y, por lo tanto, podría ser sujeta a “juicio político”.
Durante la sesión ordinaria de la sexagésima primera Legislatura este miércoles, el diputado Cortés López subió a tribuna a reprochar a Woolrich Fernández que revelara nombres de ex funcionarios involucrados en presuntos daños al erario.
Afirmó que la Contralora fue irresponsable y faltó a la ética al hacer público los nombres de los ex servidores públicos involucrados, así como por dar montos de las anomalías en la cuenta pública del último año de gobierno de Ruiz Ortiz (2010).
“Faltó a su responsabilidad de funcionaria pública, como secretaria de Estado. Son señalamientos irresponsables. Llevan una carga de falta de ética y a todas luces se ve como un lucimiento de esta Secretaria de Estado, porque pasó por alto los procedimientos jurídicos para procesar y enjuiciar”, lanzó el priista.
Y completó: “Está condenando a personas, a funcionarios públicos, a familias, sin darles la oportunidad de defenderse y violar el derecho de reserva de información y por eso le quiero decir desde esta tribuna que tiene que ajustar su conducta a los procedimientos de ley”.
Cortés López aseguró que “el PRI no defiende a persona alguna, sino por el contrario, exige todo el peso de la ley a quien violó la ley” (sic).
Sin embargo, dijo, el tricolor “no va a permitir que sin ser oídos y vencidos en juicios se hagan señalamientos irresponsables en contra de priistas o en contra de cualquier persona”.
En defensa de sus correligionarios priistas argumentó que un proceso de auditoría comprende cuatro etapas: la revisión de programas y recursos públicos a cargo de las dependencias o entidades fiscalizadas.
Posteriormente, como resultado de la indagatoria, se entra a un proceso de solventación para determinar las observaciones y montos no solventados total o parcialmente.
Derivado de la revisión, en caso de que el servidor público no haya solventado los requerimientos, da lugar a un procedimiento de responsabilidad administrativa, emplazando a los ex servidores públicos a que aleguen lo que a su derecho convenga, en cuya etapa se resolverá si ha lugar al fincamiento de responsabilidades, incluso si se establece un procedimiento para resarcir el quebranto en perjuicio del erario.
En la cuarta etapa, que es de resolución, los funcionarios involucrados podrían ser llevados ante los tribunales.
Estas cuatro etapas, según el priista, fueron violadas por la contralora Woolrich Fernández, al emitir juicios a priori, señalando personas y montos, sin que se les dé la oportunidad de solventar las observaciones y, en caso de un procedimiento penal, defenderse conforme a derecho.
Entonces, Cortés López advirtió, en nombre de su partido, el PRI, que Perla Woolrich “puede ser sujeta a juicio político por violar disposiciones constitucionales”.
Amenazó: “Vamos a exigir que se cumplan las disposiciones de ley (…) no se trata de defender a quienes hayan violado la ley, se trata de que se cumplan los procedimientos, para que quienes se sientan afectados en sus derechos acudan a la autoridad”.
En defensa de Woolrich Fernández
En defensa de su compañera de partido, el diputado del PAN, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, aseguró que Perla Woolrich “no está faltado a su ética ni molestando constitucionalmente a nadie”.
Compartió, no obstante, con el priista Elías Cortés que la Contralora “no debió hacer acusaciones a priori, porque no pueden mencionarse nombres si no hay un respaldo de la información”.
Dijo que antes de salir a los medios de comunicación, la funcionaria debió informar al pleno del Congreso del Estado.
“Primero debió informar a la Cámara de Diputados, porque a ella en particular le dijimos que queríamos un avance de las investigaciones que realiza y no lo ha hecho”.
Aseguró, sin embargo, que con revelar nombres y montos “no fastidia a ex funcionarios del PRI, en virtud de que éstos tienen garantizado el derecho de audiencia”.
Rechazó, por tanto, que Woolrich Fernández pueda ser sujeta a juicio político. “No nos aventuremos, porque el que la debe la va a pagar y el que no la deba, pues se le va a decir que sus cuentas salieron de forma correcta”, reviró.
El diputado Martínez Ramírez pidió llegar a un acuerdo para que de inmediato se llame a la Contralora a informar ante el pleno del Congreso “lo que en banqueta mal informa. Es aquí donde tiene que venir a rendir informes preliminares”, urgió.
Por su parte, el priista Maximiliano Vargas Betanzos, agregó que Woolrich Fernández incurrió en faltas administrativas, en virtud de que violó la Ley de Transparencia y, por tanto, “puede ser sujeta a una denuncia penal porque aún los casos no son cosa juzgada”.
En contra parte, la coordinadora de los diputados del Partido Convergencia (PC), Margarita García García, pidió a los priistas “no evadir su responsabilidad ante el saqueo al erario y los actos de corrupción en que incurrieron los ex funcionarios de Ulises Ruiz Ortiz”.
