OAXACA, OAX., julio 15.- “No me preocupa. Fui legisladora y sé hasta dónde llegan mis atribuciones legales”, afirmó contundente la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández, ante el amago del PRI de hacerle “juicio político” por revelar detalles de las auditorías a la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
En entrevista, señaló que el dar a conocer a la prensa los nombres de 32 ex funcionarios del PRI como presuntos responsables de daño al erario por más de 3 mil 600 millones pesos no implica que haya violado algún procedimiento constitucional, ya que sólo se ciñó a lo que establece la ley.
“No me preocupa el juicio político. Como legisladora que fui sé hasta dónde llega mi derecho de informar y la obligación que tengo en la materia”, puntualizó.
Comentó, sin embargo, en aparente alusión al ex gobernador Ruiz Ortiz, que “lo paradójico es que los del PRI y algunos personajes en México me exigían que yo diera nombres e hiciera una conferencia de prensa, y cuando lo hago no les satisface; eso me parece paradójico”.
Asimismo, cuestionó a los diputados de la bancada del PRI en la sexagésima primera Legislatura del Estado, al preguntarles en dónde estudiaron leyes, pues reiteró que ella no violó ninguna disposición legal y menos los tutelados por los Artículos 14 y 16 de la Constitución estatal.
Woolrich Fernández explicó que cuando se practica una auditoría, ésta se rige por disposiciones del orden público. “Las auditorías no son confidenciales, son precisamente de orden público para que todo mundo se entere de los resultados y cómo vamos en la administración”.
Detalló que una vez culminadas las 16 auditorías, la Contraloría dio un plazo de 15 días a los nuevos funcionarios para que solventaran las observaciones encontradas, “pero como no son sus irregularidades, éstos se vieron imposibilitados de aclarar y, por ello, nos abocamos a las personas físicas; es decir, a los ex funcionarios para que hagan lo propio”.
Indicó entonces que a los ex funcionarios implicados “se les concederá lo que dice la Ley de Responsabilidades: les señalaremos fechas para los alegatos, así como sentencia de pruebas y demás de una resolución”.
Respecto al argumento de que los resultados de la auditoría debió hacerlos primero del conocimiento del Congreso del Estado y no de la ciudadanía, a través de la prensa, Perla Woolrich aclaró que en la división de poderes que vivimos “ningún poder es subordinado del otro”.
Es más, afirmó que “mi obligación es con el titular del Poder Ejecutivo y sólo comparecer ante el pleno cuando así se solicite formalmente”.
Recalcó que en lo absoluto no faltó a la ética ni violó las disposiciones legales como la acusan los priistas.
Abogada de profesión, la Contralora precisó que todavía no se puede hablar de averiguaciones previas en contra de los 32 funcionarios implicados. “Esa ha sido una confusión, en virtud de que sólo se han establecido instructivos de responsabilidad que terminan con una resolución que puede ser combatida”.
Añadió que las averiguaciones previas, que ya existen, se desahogarán ante el Agente del Ministerio Público y éste determinará si hay delito que perseguir para que se ejecute la acción penal correspondiente.
Y “el Juez determinará los elementos de prueba y si es el caso librará la orden de aprensión correspondiente”, puntualizó.
Recordó que de las 16 auditorías culminadas hasta el momento, sólo hay 32 ex funcionarios implicados, “pero seguramente que van a aparecer otros”.
