SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, agosto 3.- Los diputados Francisco Martínez Neri, del PRD, e Hita Beatriz Ortiz Silva, del PT, se pronunciaron este miércoles, durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura, por eliminar la figura del “arraigo” en el Código Penal del Estado porque es “anticonstitucional”.
Luego de la propuesta en el mismo sentido, expresada por el diputado priista Martín Vásquez Villanueva, el perredista Martínez Neri presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto para eliminar la figura del arraigo del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca.
Explicó que su propuesta busca derogar la fracción XVII del Artículo 17 del Código Penal de Oaxaca, además de la fracción III del artículo 2 y el artículo 19 BIS del Código de Procedimientos Penales.
“El arraigo domiciliario se incorporó en su momento en nuestra legislación penal local y como toda nueva disposición legal su cometido era resolver los problemas que aparecen en la sociedad y que la lesionan; sin embargo, su puesta en práctica propició atropellos y violaciones a los derechos humanos”, dijo.
Puntualizó que el arraigo viola una serie de garantías, como “el derecho de tránsito contemplado en el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se garantiza a todo hombre dentro de nuestra República la libertad de tránsito y a su vez establece sus limitaciones”.
El legislador del partido del sol azteca subrayó que el arraigo viola el principio de presunción de la inocencia contemplada en el Artículo 20 apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, desde el momento en que la persona es privada de su libertad sin haberse acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Esta figura también viola el derecho fundamental de la libertad, cuando se aplica de manera arbitraria en la etapa de la investigación del delito.
“Viola la garantía de audiencia establecida en el Artículo 14 de la Constitución federal, en virtud de que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos”.
Martínez Neri señaló que en Oaxaca, la falta de pericia para investigar y la falta de recursos materiales para lograrlo es campo propicio para la violación de las garantías consagradas en la Constitución.
El arraigo es anticonstitucional: Ortiz Silva
La coordinadora de la fracción parlamentaria del PT, Hita Beatriz Ortiz Silva, señaló por su parte que “el arraigo es una medida que atenta contra las garantías individuales y aunque la propia Constitución federal contempla en su Artículo 16 el arraigo para los casos de delincuencia organizada, vulnera los derechos humanos de los gobernados y viola los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano”.
Durante la presentación de su iniciativa respectiva, la petista mencionó que la presunción de inocencia consiste en la prerrogativa que todo individuo tiene de ser considerado como inocente de la comisión de un delito mientras no se acredite plenamente su culpabilidad.
Y lejos de ser un mero principio teórico del Derecho, la presunción de inocencia representa una garantía procesal insoslayable para todos.
“Es la máxima garantía del imputado”, este principio es una garantía individual que se contiene de manera implícita en la constitución política de los estados unidos mexicanos. Como tal, entonces, su parte positiva, como derecho fundamental, es la regla y sólo excepcionalmente puede restringirse, agregó.
Ortiz Silva manifestó que actualmente el Artículo 19 bis del Condigo de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca contempla tanto del arraigo domiciliario como la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, de manera alternativa o disyuntiva, dejando al criterio del representante social de qué tipo de arraigo solicitar a la autoridad judicial competente.
Dijo que esto deja de manifiesto que el precepto es por demás inconstitucional, pues el legislador local al tratar de poner una solución a un problema social con una realidad indiscutible, plasmó excesos en el Código adjetivo penal del estado, al olvidar las garantías individuales, específicamente de la libertad personal, reguladas en el texto constitucional federal, convirtiéndolo en su texto y en su aplicación en violatorio de los derechos subjetivos públicos de los gobernados.
La iniciativa de la legisladora del PT busca derogar el arraigo porque “violenta las garantías individuales y los derechos humanos, y en los nuevos aires de democracia que corren en nuestro Estado debemos dejar atrás las viejas prácticas no solo políticas, sino también jurídicas que transgredieron los derechos fundamentales de las y los oaxaqueños”.
