OAXACA, OAX., agosto 10.- El Gobierno del Estado dio a conocer la noche de este miércoles, en un comunicado de prensa, que ratifica su compromiso de garantizar a las mujeres oaxaqueñas el ejercicio pleno de sus derechos humanos, en especial a quienes enfrentan alguna situación de violencia de género.
Asimismo, reafirmó que “no tolerará caso alguno de acoso sexual o laboral en el que se vea involucrado algún servidor público”.
Por eso, con relación a la denuncia pública de acoso sexual y laboral que formularon Miriam Elena Velasco y Ernestina Jiménez Martínez en contra de funcionarios del IEEPO, anunció que como Gobierno del Estado “dará acompañamiento y estará atento de ambos casos para que haya una pronta solución”.
A raíz de la denuncia pública que se ventiló en los medios de comunicación, el Gobierno del Estado estableció una mesa de trabajo interinstitucional en la que participaron el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Colmenares; la directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, la Comisionada de los Derechos Humanos de la Gubernatura, Eréndira Cruzvillegas.
En dicha reunión celebrada la tarde de este martes estuvieron presentes también representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado.
Las y los servidores públicos hicieron ver el compromiso de la administración que encabeza el gobernador Gabino Cué Monteagudo para que se investiguen a fondo los hechos que denuncia Miriam Elena Velasco y se garantice el debido proceso.
En el caso de Ernestina Jiménez, se adquirió el compromiso de revisar a detalle su situación laboral para que pueda ser reinstalada como becaria del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños Migrantes (Pronim).
El Gobierno del Estado reitera su compromiso de velar por el acceso a la justicia de las mujeres y de que todos los hombres que violenten a una mujer reciban el castigo que establece el marco jurídico estatal y para mejorarlo se ha enviado al Congreso del Estado un paquete de iniciativas que tipifiquen la violencia obstétrica y el feminicidio y eleve a delito grave la violencia familiar.
